Desde que la multinacional norteamericana Alcoa anunció el 17 de octubre del año pasado su decisión de abandonar definitivamente el negocio del aluminio primario en España, cerrando para ello las plantas de Avilés y La Coruña, su comportamiento solo ha estado a la altura a la hora de asegurar unas buenas indemnizaciones para aquellos trabajadores que pudieran optar por abandonar su empleo. Garantizar 60 días por año trabajado, sin límite de años, más una paga final de 10.000 euros solo está al alcance de una compañía con mucho dinero y con muchas ganas de irse.

Todo lo demás en este proceso ha estado al nivel de su deslealtad desde el primer momento, tanto para su plantilla como para el territorio en el que está asentada todavía. Una multinacional que argumenta para irse que sus instalaciones se han quedado obsoletas por falta de inversión queda retratada para siempre. Sobre todo cuando durante mucho tiempo ganó dinero en abundancia, exactamente mientras tuvo espléndidamente subvencionado el precio de la electricidad gracias a la generosidad del Gobierno de José María Aznar –la propia SEPI habló de la venta de Inespal a Alcoa como un «negocio ruinoso para el Estado»–. El día que se le acabó el ‘vale eléctrico’ anunció su marcha. De eso hace cinco años.

El proceso seguido en estos meses y que debe concluir el 30 de junio, fecha tope exigida por Alcoa, está lleno de sobresaltos, retrasos, ausencia de una información veraz al principio, un incumplimiento flagrante del compromiso de confidencialidad por parte de la propia multinacional que ha ido filtrando los nombres de algunos grupos interesados, y finalmente, ayer mismo, haciendo público el comunicado de que acaba de cerrar un acuerdo final con el fondo suizo Parter Capital, cuando ni siquiera se había mantenido una reunión preceptiva de la comisión decidida en su día, en la que participan el Gobierno central, el Principado, la Xunta de Galicia y los comités de empresa de La Coruña y Avilés.

Previamente, en los últimos días, posiblemente desde la propia Alcoa, se había tratado de desnaturalizar la oferta de Quantum, el otro grupo interesado, aduciendo que su capacidad financiera estaba en entredicho al tener que depender posiblememente de una ayuda del ICO. Sencillamente alucinante: como si el ICO fuera una tienda de golosinas en vez de ser un banco público que concede préstamos para financiar operaciones de inversión y liquidez de las empresas, tanto dentro como fuera de España.

El Ministerio de Industria no puede estar haciéndole el juego a Alcoa, que a la postre lo que quiere es irse y a poder ser dejar en España un proyecto lo más débil posible, como forma de asegurarse una competencia poco potente en el negocio del aluminio.

Quantum garantiza los 317 empleos de Alcoa en Avilés y promete otro plan industrial para La Coruña. El precio de la tarifa eléctrica no es condición ‘sine qua non’. Promete diversificación y futuro desde el primer día. Ni el Gobierno central, ni los autonómicos deben transigir y están obligados a estudiar a fondo las dos propuestas. Y a ver cómo el Principado justifica un no a Quantum con los datos que hay encima de la mesa.

Publicado en El Comercio-La Voz de Avilés el 19 de junio de 2019