El anuncio de Alcoa de que el fondo elegido por ella para la compra de sus plantas de aluminio primario de Avilés y La Coruña no ofrece garantías financieras para concretar la operación, a cuarenta y ocho horas de cerrarse el plazo que ella misma impuso de forma unilateral, supone el penúltimo disparate de la multinacional norteamericana en su proceso de abandono de España. Pero a la vez, el dislate apunta por elevación al Gobierno central, y también a los Ejecutivos de Asturias y Galicia e incluso a los ayuntamientos afectados, todos ellos colaboradores mudos y resignados. El primero, como gran responsable de dejar en manos de una multinacional desleal todo el proceso de desinversión y venta y prestarse a formar parte de una comisión mixta de negociación que a la postre solo ha servido para que tanto el propio Gobierno de Pedro Sánchez como los de Javier Fernández y Núñez Feijóo asistieran como meros comparsas, plegándose a las decisiones de la aluminera.
Alcoa lo fijó todo: condiciones, plazos, ultimátums, amenazas a los trabajadores, suspensión de reuniones, absoluto secretismo sobre los proyectos; descarte del presentado por Quantum, que no solo garantizaba todo el empleo, sino que abogaba por un futuro basado en la economía circular, no dependiente de la tarifa eléctrica; sospecha de que estuvo detrás de la ‘disculpa’ de que el fondo alemán no reunía las garantías financieras exigidas; total negativa a ofrecer explicaciones sobre ese proyecto (algo reconocido expresamente por el consejero de Industria del Principado, Isaac Pola); y finalmente, el triple salto mortal: que los trabajadores, obligatoriamente, tuvieran que avalar la venta al fondo suizo Parter que Alcoa había elegido. Lo nunca visto: unos trabajadores interviniendo en decisiones empresariales, nada menos que la venta de su propia compañía.
De Alcoa no cabía esperar nada. A este Gobierno, ahora, y ante un ridículo como este, hay que exigirle mucho más que una mera declaración de la ministra de Industria o de su secretario de Estado.
Publicado en El Comercio-La Voz de Avilés el 29 de junio de 2019