SILENCIOS
Una vez más la clase política mira hacia otro lado ante la desaparición del Club Popular de Llaranes o la última sentencia sobre el director del Conservatorio.
Llama la atención una vez más el manto de silencio que rodea a algunas cuestiones en esta ciudad y en esta comarca por parte de quienes deberían exhibir un mínimo de exigencia ante historias que permanecen bajo sospecha, y sobre todo por parte de los que habitualmente demuestran tener una piel muy fina para denunciar otros hechos seguramente mucho más endebles de los que aquí se describen.
El Club Popular de Llaranes acaba de desaparecer tras 31 años de historia, volcado con un barrio y sus vecinos, hasta el punto de haberse erigido como una institución irremplazable a la hora de velar por la memoria de un espacio original desde muchos puntos de vista, y a la vez convertirse en un protagonista activo del movimiento social de toda la ciudad, dadas sus aportaciones a la cultura y al ocio de Avilés. Aunque ahora mismo José Ángel del Río Gondell, su histórico presidente, atraviesa un momento personal complicado que le mantiene alejado de cualquier actividad, y mucho más de cualquier polémica, es de justicia reivindicar su labor, el esfuerzo y el cariño con el que se ha empleado siempre durante todos estos años al servicio de los vecinos de Llaranes, principalmente, y a la vez con incursiones relevantes en esta ciudad, como la del Carnaval.
Como no hay mejor cosa que acudir a las hemerotecas para que la historia refleje fielmente lo sucedido, ahora se acaba de consumar una maniobra que ya se veía venir desde hace cuatro años, que fue cuando un estudiante de Historia, Rubén Domínguez Rodríguez, autopresentado como un joven precoz allá en donde algunos le jalearon y le dieron espacio, sustituyó a Del Río Gondell en la presidencia del Club Popular de Llaranes. Pronto inició una carrera consistente en arrinconar a los veteranos, incluido a Del Río, y erigirse casi como el único representante de las esencias de Llaranes, aunque para ello se presentase con historias sobre el barrio que no soportaban el más mínimo análisis ante quienes vivieron esa historia en primera persona, una postura, por cierto, a la que se suman esa pléyade de ‘historiadores’ de nuevo cuño que reivindican su derecho a explicar e interpretar determinados hechos que en la mayoría de los casos ellos no vivieron, frente a personas que, por su edad, fueron testigos directos.
El nuevo presidente del Club Popular de Llaranes se dedicó a sacar la actividad del barrio, con conferencias en la Factoría Cultural o en la Mina de Arnao, por ejemplo, o a protagonizar, a juicio de una mayoría de ciudadanos de Avilés, una de las mayores aberraciones cometidas con dinero público: «rescatar» la marquesina de El Pozón (que no de Llaranes), que hace años que perdió cualquier parecido con la original, y plantarla en una calle de Llaranes, obligando al Ayuntamiento a realizar un desembolso cercano a los 90.000 euros, aprobado por el equipo de gobierno y todos los partidos de la oposición.
Pues bien, el presidente del Club Popular de Llaranes, seguramente en su intento de abrirse un camino profesional o personal por esa vía, se sube a una nueva sociedad, de nombre Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, en compañía de otros ‘historiadores’ como Iván Muñiz, colocado en su día en el Ayuntamiento de Castrillón, en donde lo mismo sirve para dirigir la Mina de Arnao –publicando con su nombre artículos propios en la página oficial de la mina para hablar de su familia– que para hacer el nuevo relato del concejo castrillonense que le agrade al equipo de gobierno de IU, presidido por Yasmina Triguero. Y digo bien: un relato que le agrade a la actual alcaldesa y a su equipo de IU. Porque ante el meticuloso trabajo de otras personas que tratan de desvelar la historia con todo tipo de datos oficiales (actas, registros, convenios, cartas y testimonios) para desvelar por ejemplo los desmanes que a finales del siglo XIX cometió la Real Compañía Asturiana de Minas en connivencia con el Ayuntamiento de Castrillón, apropiándose de terrenos que pertenecían al Ayuntamiento de Avilés, ante esos trabajos, decía, la alcaldesa de Castrillón y su equipo se dirigen, indirectamente ‘of course’, al autor de ese estudio y le invitan a que procure «no aparecer» por los actos culturales que se organizan en el Valey principalmente, pese a que sean abiertos a todo el mundo.
Bien, pues con estos antecedentes, el presidente del Club Popular de Llaranes, Rubén Domínguez Rodríguez, convoca una asamblea de socios ¡¡un sábado a las diez de la mañana!! para llevar a cabo una asamblea a la que acuden una docena de personas, y consuma un cambio de estatutos que consiste en la desaparición del Club Popular de Llaranes, pasando todos sus activos, incluido el nombre, al Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, que, como habrán adivinado los lectores que hayan llegado hasta aquí, preside el mismo Rubén Domínguez. Y resulta que entre esos activos figura el local social, situado en la Plaza Mayor de Llaranes, que es de propiedad municipal. Es decir, el Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, que fue presentado en agosto del año pasado en Castrillón, con la presencia de la alcaldesa de ese concejo, y con la ausencia de cualquier representante de Avilés y Corvera, cuenta ahora con un local gratis.
El Ayuntamiento de Avilés, gobierno y oposición, siguen en silencio, exactamente quince días después de que este periódico desvelase esa maniobra.
El mismo silencio que mantienen de nuevo el equipo de gobierno y la oposición ante las últimas declaraciones de la concejala de Cultura y responsable del Conservatorio municipal de Avilés, Yolanda Alonso, en lo que supone un escándalo de primera magnitud por parte de un servidor público. Un silencio solo roto curiosamente por otro columnista de este periódico, Pepe Martínez, hace siete días en estas mismas páginas.
La concejala, ante la última sentencia que indica claramente que el Ayuntamiento de Avilés se ha saltado la ley manteniendo como director del Conservatorio a una persona que sólo podía haber sido contratada en comisión de servicios por dos años, y que va a cumplir ya tres, pregunta al tendido (ver LA VOZ DE AVILÉS del día 11 de julio, páginas 4 y 5) que qué hace: cumplir la ley y entonces tener «un Conservatorio mediocre»; o saltarnos la ley y entonces tener «un centro de excelencia». Un servidor público, en este caso una concejala, que se plantee esa disyuntiva, entre cumplir la ley o no, debería pensar seriamente en dimitir. Cumplir la ley no es una opción, es una obligación. Causa sonrojo tener que recordar esto a un político.
Por otro lado, apela a «de dónde venimos» para poder poner orden. Es muy fácil: el Conservatorio viene de cuatro años de gestión suya, con cinco sentencias en contra. Y habla de la excelencia gracias a la labor del director. Ofende a la inteligencia de todas las personas –empezando por los mismos profesores que llevan años en el centro y sus anteriores directores, más los responsables políticos– que consiguieron que el Conservatorio de Avilés obtuviese el grado medio y fuese un referente en Asturias. Lo único que ha cambiado ahora es que la concejala se ha encargado de poner dinero más que generosamente para lucimiento de un director que perdió su oportunidad de mantenerse al margen en el conflicto de las sentencias cuando a través de un correo electrónico ofendió y denigró nada menos que a once profesores, la mitad del claustro del Conservatorio.
El gran Mario Benedetti acotó en su día que «hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio». ¿Hasta cuándo van a seguir los silencios en los dos casos descritos?
Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 21 de julio de 2019