La industria electrointensiva europea se plantea cambios estructurales que en el caso de Asturias obligan a ir «con» y no «contra» las empresas.

¿Quién no lo iba a entender? Despertarse por la mañana y tener solo gana de cubrirse la cabeza con la sábana, dar media vuelta e intentar olvidarse de todo. El problema es que esa vía de escape tiene poco recorrido porque al final la tozudez de los hechos termina por aplastar tus anhelos y situarte ante el espejo de la realidad. Así que adiós al deseo y en pie. La vida es dura.

La desaceleración de la economía global está apoyada por tantos datos que ya ni merece la pena entrar en matices. Lo dice el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que acaba de rectificarse a sí mismo por cuarta vez en el último año sobre sus propias previsiones de crecimiento, aunque España no sea de los países que salen peor parados, al contrario. Pero a las recientes dificultades de la industria automovilística, el endeudamiento al que obliga a las empresas la lucha contra la contaminación, las dudas sobre el crecimiento de China, las tensiones tecnológicas, el enfriamiento de la economía en los países emergentes y el ‘Brexit’, añadamos ahora dos nuevas variables, una propia y otra global.

En España, cuando más se necesita sacar adelante una serie de instrumentos claves para la economía en general y para la industria en particular, y nada digamos para Asturias –costes de la energía, ayudas en el CO2, estatuto de las electrointensivas–, nuestra clase política sigue a lo suyo, a su espectáculo diario, y condena a todo el país a una sensación de interinidad permanente, sin capacidad de decisión. El Gobierno sigue en funciones, sin poder de maniobra.

De otro lado, por si se nos acumulaban pocos problemas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de hacer público uno de sus últimos informes para decirnos que el calentamiento global –solo hace falta ver los telediarios de estos últimos días para ahorrarnos las palabras– puede suponer de aquí a 2030 la pérdida de productividad equivalente a 80 millones de empleos, acompañada de unas pérdidas de 2,4 billones de dólares en todo el mundo. Dibujado el ‘último parte’ del panorama mundial, nos encontramos en España con que las empresas negociadoras del estatuto electrointensivo (siderurgia, metal, cemento, papel, químicas, cerámica…) han iniciado un debate en profundidad, en una ‘Alianza por la competitividad de la empresa’, que partiendo de la base de que la industria es una pieza básica de nuestra economía de cara al futuro, concluye que en este momento, punto primero, nuestro país no tiene un plan claro de por dónde hay que ir.

Punto segundo. Los planteamientos de la transición energética llegan en un momento en el que la crisis se ha apoderado de todos los sectores (automoción, materiales básicos…), mientras que los factores de coste, como el de la energía o el peaje del CO2, afectan de forma determinante a la cuenta de resultados de las empresas. Y se establecen dos bandos: a favor o en contra de la industria básica. ¿Traemos los productos de otra parte del mundo, pero si lo hacemos así se hunde la industria europea y con ella la economía y el empleo?

Cuando en la década de los noventa la siderurgia europea concluyó que debía hacerse una apuesta clara por las cabeceras situadas en el litoral, cerrando las del interior (Asturias, entre las beneficiadas), todo el mundo lo dio por bueno por el ahorro de costes que suponía solo en logística. El problema ahora es que ese ahorro se lo ‘come’ la exigencia del CO2, que apunta directamente a la actividad de los hornos altos, el sínter o las baterías de cok.