Las empresas asturianas pagan las consecuencias de una política nacional y europea incapaz de afrontar los grandes retos.

Avisados estábamos desde hace tiempo, así que no deberíamos extrañarnos de lo que nos está sucediendo en el patio de nuestra propia casa. Bien es cierto que nunca como hasta ahora hemos sido conscientes de los efectos de la globalización, pero empezamos a padecerlos de una forma directa y con una cierta dosis de dramatismo. Es la globalización económica. Hablar de las perspectivas inmediatas de las empresas asturianas es un ejercicio baldío si antes no se analizan los efectos de esa globalización y los vericuetos de la geopolítica en el momento actual. Ni siquiera se puede hablar de empresas, sino de la situación general en el mundo y cómo nos está afectando como país y como región.

En los últimos meses ha habido un bombardeo permanente sobre cuestiones que nos suenan a todos: la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y sus consecuencias, el Brexit, la pesada maquinaria europea para reaccionar a tiempo ante problemas concretos que la están orillando frente a los Estados Unidos, Asia y países emergentes, y ya en el ámbito más doméstico la inestabilidad política en España y la mediocridad general de la clase política como no habíamos visto en más de cuarenta años.

Yendo a lo concreto, el Acuerdo de París sobre el cambio climático pone de manifiesto dos cosas. Primera, la gravísima situación del planeta como consecuencia de los gases de efecto invernadero y la falta de respuesta a cuestiones como el calentamiento global, los plásticos, la degradación de los ríos por la ausencia de políticas de saneamiento en países enteros, etc. Y segunda, la paradoja de que el continente que menos responsabilidad tiene sobre parte de esa situación (Europa es causante del 9% de las emisiones de CO2, China lo es del 30% y Estados Unidos del 15%) se convierta en el adalid de esa cruzada contra el cambio climático, sin importarle al parecer que eso conlleva un misil a la línea de flotación de su industria

Mientras tanto, una empresa como ArcelorMittal, que es clave en la estructura económica del Principado, se encuentra con unos costes por derechos de emisión de CO2 insoportables que incluso han dejado atrás el problema del coste de la energía eléctrica, mientras asiste ella y el país entero a una competencia desleal que le llega de China, Turquía, Rusia o India, países que ni por asomo cumplen con las normativas medioambientales ni las laborales. Primera consecuencia para Asturias: ArcelorMittal recorta producciones en prácticamente todas sus instalaciones, con la amenaza de la parada de uno de sus dos hornos que puede ser indefinida. El daño a los puertos, sobre todo a El Musel, y al transporte empieza a causar alarma. Segunda, con el ejemplo más cercano: Vesuvius anuncia su cierre en Langreo, 111 trabajadores, como consecuencia de la crisis del acero europeo. Aunque en este caso suena más a disculpa para esconder una deslocalización empresarial en toda regla.

Frente a esta realidad, Europa reacciona tarde y sin demasiadas expectativas. No está por la labor de gravar esas importaciones de terceros países con un arancel medioambiental e incluso se permite el lujo de seguir permitiendo e incrementando sus importaciones, simplemente realizando algún anuncio para la galería. Puro lavado de imagen. Y si eso sucede en Europa, ¿qué diríamos del Gobierno de España, que sigue en funciones y que tiene en esa circunstancia su coartada para decir que no puede hacer nada para aprobar el estatuto de las empresas electrointensivas, por ejemplo? Eso no impide que Pedro Sánchez y alguno de sus ministros/as continúen con sus anuncios sobre su determinación a liderar en Europa la lucha contra el cambio climático, aunque ese empeño les lleve a cometer alguna frivolidad como la anunciada esta misma semana por el propio presidente sobre la prohibición de vender automóviles de gasoil y gasolina a partir de 2040. El anuncio lo hizo por la mañana y lo rectificó por la tarde.

Lo mismo cabe decir de la descarbonización exprés, que afecta gravemente a las centrales térmicas asturianas. El Gobierno ha anunciado medidas y fondos especiales. De momento no se ha visto nada de eso –«estamos en funciones»–, pero los efectos de esa menor actividad ya tienen su reflejo en el transporte y ya veremos en el coste de la energía.
Si nos vamos al Brexit, con la amenaza de que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea el 31 de octubre por las bravas, tendremos que hablar de los 2.500 asturianos que viven en ese país o de su incidencia en el negocio económico: 180 millones de euros que exportan las empresas asturianas, por 69 de las importaciones.

La falta de respuestas de la Unión Europea a ese y a otros problemas tiene otro ejemplo de manual en cuanto a su incapacidad para establecer una política común que defienda los intereses de sus países integrantes, que se ven obligados a hacer la guerra por su cuenta ante el abuso fiscal de las grandes tecnológicas. El impuesto GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) sigue sin contar con el apoyo decidido de la Comisión Europea, ante el rechazo de países como Suecia, Dinamarca e Irlanda y las dudas de Alemania, obligando al resto a iniciar la guerra por su cuenta, como ha hecho Francia y como anuncia España. Esas empresas mueven y generan ingentes cantidades de dinero sin operar físicamente en los territorios, buscando para el pago de impuestos países ‘condescendientes’ como Irlanda o Luxemburgo, en donde pagan un 9,5% por el Impuesto de Sociedades, cuando la media de las empresas de la OCDE lo hace al 21,7% para ese mismo tributo.

Hablando de impuestos, curiosa situación la que vivimos en este país, en donde cada comunidad autónoma decide qué hacer, aunque en ocasiones estemos ante cuestiones tan paradójicas como la que nos ofrece la comunidad de Madrid, en donde bonifica el 100% del Impuesto de Patrimonio, por lo que 16.856 contribuyentes con un patrimonio medio de 9,7 millones de euros cada uno dejan de ingresar a las arcas madrileñas la cantidad de 995,5 millones de euros. Pero, a la vez, la misma Comunidad de Madrid le reclama a la Administración el pago de 1.237 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, de todos los españoles, por atrasos en la financiación ordinaria autonómica. Seguimos en este país sin que nuestra clase política entienda que si no se va a una homogeneización fiscal, nos veremos abocados a una guerra sin cuartel por ganar empresas, negocios y atraer a la gente de mayor disponibilidad económica. La solución: todos iguales, con impuesto o sin impuesto, pero todos por igual, o por lo menos sin las desigualdades actuales.

¿Qué nos queda para hablar de las perspectivas de las empresas asturianas? Si fuésemos al análisis de las grandes y medianas empresas, incluso de algunas pymes; si analizáramos sector por sector, convendríamos todos seguramente en que hay problemas, pero también tenemos grandes fortalezas. La innovación es una de ellas, pero no la única.

Pero el problema en muchas ocasiones no está en las empresas, sino el entorno en el que tienen que desempeñarse y competir. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, advirtió en su día que «la globalización está produciendo países ricos con población pobre», que es una buena definición de lo que estamos viendo a diario en el mundo, en donde las desigualdades entre ricos y pobres empiezan a abochornar. Mientras tanto, José Mujica, el expresidente uruguayo, apelaba a la política, para decir que «la política está sujeta a volar como las perdices, cortito y rápido. Y se está necesitando política de largo aliento en un mundo que se globaliza». Ignoro si estaba pensando en ese momento en Europa y en España.

Publicado en El Comercio-La Voz de Avilés el 7 de septiembre de 2019