Fue en 2013 cuando los tribunales de Taranto ordenaron un embargo equivalente a 8.100 millones de euros a la familia Riva, como propietarios de Ilva, a los que se hacía responsables de un escándalo de contaminación y acusados nada menos que de asociación con malhechores con fines de delito contra el medio ambiente. Emilio Riva fue el primer detenido y poco más tarde sus hijos huyeron a Londres para evitar una redada en su contra.

Con estos antecedentes y con el proceso de venta o alquiler en marcha, el Gobierno de Renzi optó por garantizar que los nuevos propietarios no tendrían que pagar las consecuencias del desastre anterior. De lo que se trataba era de resucitar y garantizar a la vez el futuro de una compañía clave para la economía del país. Y lógicamente esa fue la primera condición de ArcelorMittal cuando expresó su deseo de hacerse con la siderúrgica italiana.

Pero claro, la ligereza política –esa de la que en España sabemos también algo– no iba a dejar pasar la oportunidad de meterse en charcos. Los seguidores del simpático Beppe Grillo y su Movimiento 5 Estrellas, a los que siguieron la Liga Norte y Matteo Salvini desde la extrema derecha, coincidieron en que había que retirarle a la compañía siderúrgica nada menos que «la inmunidad criminal, un privilegio ilegítimo otorgado a ArcelorMittal». Esta lleva meses negociando con los responsables políticos italianos, haciéndoles ver que es imposible que ella, sus directivos, puedan asumir la responsabilidad de los desastres medioambientales de hace años permitidos a la familia Riva precisamente por los políticos de turno. Y en esto se ha empleado durante todo este tiempo, hasta que definitivamente este domingo el Parlamento italiano decidía revocar la actual protección, el «escudo penal» como lo han llamado, pese a que la Unión Europea primero y el Fiscal General del Estado después coincidieron en dar luz verde a la operación de ArcelorMittal sin la carga que se les quería imponer.