Haciendo un ejercicio práctico sobre el cambio climático y el coste de la energía –clave para el presente y futuro de Asturias– vayamos en primer lugar al ranking de los mayores responsables del mundo en emisiones de CO2: China, con un 27,2 por ciento; Estados Unidos, 14,6%; Japón, 6,67%; India, 6,8%; Rusia, 4,7%; Resto del mundo, 15,8 por ciento. Como se sabe, los mayores países contaminantes no aparecieron por la cita de Madrid porque ya en su día habían desertado de los Acuerdos de París.

España, una vez más, y en esta ocasión más si cabe por ser la anfitriona, volvió a hacer un discurso triunfalista en el que prima la exigencia de medidas urgentes para una total descarbonización, sin atender cuestiones tan relevantes como el coste en empleo y riqueza que va a tener una transición acelerada en un país que tras la crisis económica de 2008 ha asistido a un empobrecimiento de amplias capas de la sociedad, la desaparición en buena medida de la clase media, la precarización del empleo, la expulsión del mundo laboral de los mayores y jóvenes…

¿Con quién debería compararse España? Veamos algunos ejemplos para tratar de demostrar que nuestro país no puede erigirse en el líder de esa transición en vista de su inferioridad respecto a muchos otros territorios. Ni tampoco en el coste de la energía eléctrica, por mucho que las ministras de Industria y Transición Ecológica hayan firmado el viernes una declaración conjunta de urgencia tras comprobar que el resultado de la subasta de interrumpibilidad de esta semana ha sido ya el detonante definitivo de empresas, patronal, sindicatos, medios de comunicación y hasta del Gobierno del Principado, obligado ya a dejar los paños calientes para denunciar lo que es simplemente un ataque a la línea de flotación de la economía de Asturias.

Francia. 58 reactores nucleares en 19 centrales que suponen el 75% de la producción de energía. Cerrará catorce en 2035, pero ya tiene en proyecto la construcción de otras cuatro. EdF, empresa pública de electricidad, construye una central en Normandía con una inversión de 10.900 millones de euros. EdF es la misma compañía –pública, insisto–, que ofrece a grandes consumidores industriales tarifas especiales no solo en precios, sino también en espacio temporal para que las empresas puedan tomar sus decisiones de inversión sin estar pendientes, por ejemplo, de una subasta cada seis meses para saber qué precio van a tener de la energía como sucede en España. ¿Con qué colchón juega EdF si las cosas no le salen redondas económicamente hablando? Muy sencillo: con el del Estado francés. ¿Se diferencia esa posible ayuda de una empresa pública francesa a las compañías en ese país de los apoyos estatales chinos a su economía? ¿La Unión Europea sólo pone la lupa de las supuestas ayudas públicas sobre España como pregona el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministerio de Transición Ecológica? ¿O será que España tiene un problema para hacer valer sus posiciones en la UE?

Alemania. Seguirá utilizando carbón para generar energía en 2038. Además es uno de los países reticentes a que la UE imponga un impuesto medioambiental en frontera frente a productos de países extracomunitarios que incumplen todas las normativas.

Polonia. Llegará con el carbón a 2050 y construye una central nuclear. República Checa y Bulgaria siguen sus pasos.

Japón. Tras el desastre de la central nuclear de Fukushima en 2011, arrancó 12 centrales térmicas y está a punto de abrir otras 12.

Australia. País radical en la eliminación de CO2, pero a cambio está abriendo las minas de carbón para exportar fundamentalmente a Japón y a China.

Países nórdicos. Se ponen como modelo a seguir, pero sus fortalezas poco tienen que ver con las de España. Tienen petróleo, gas, maquinaria, sector del automóvil, plantas de aluminio (tres en Islandia, 40 por ciento de su exportación, primer país del mundo en producción eléctrica), productos químicos, telefonía móvil y energía superbarata.

El drama de la Cumbre de Madrid, en el caso de España, es que no se hayan analizado los gravísimos problemas de una industria cerrada o deslocalizada por los efectos de una descarbonización exprés sin contrapartidas en tiempo real. O que el alcalde socialista de Valladolid nos diga ahora que «no existe el derecho a conducir un automóvil», él, ese genio, primer edil de una ciudad que le debe la vida desde 1953 a Renault, con más de 10.000 empleos. O que alguien se haya conformado con la foto de la ministra Ribera al lado de Greta Thunberg.