El Pacto Verde de la Unión Europea se enfrenta ya a la contestación de territorios como Asturias o países como Bulgaria que anuncian las primeras movilizaciones en contra de las medidas y los plazos de la descarbonización.
El ‘Green Deal’ o Pacto Verde de la Unión Europea que pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050, transformando el modelo económico hacia un crecimiento más sostenible, basado en energías renovables, empieza a ser contestado. Y no porque haya regiones o países que estén en desacuerdo con el planteamiento final, sino porque empiezan a sonar las alarmas de las consecuencias de un proceso que amenaza con llevarse por delante la industria, es decir, el sostén económico de territorios enteros. En España, Asturias puede ser un buen ejemplo, aunque no el único. En el ámbito europeo, Bulgaria ha sido el primer país en establecer su ‘no’ rotundo a seguir por esa senda de la desindustrialización.
El 19 de junio de 2019, analizando el futuro de Alcoa en Avilés y Coruña, escribí lo siguiente en esta página de EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS y en el blog ‘Dame buenas noticias’: «El estatuto de industrias electrointensivas, que este Gobierno no ha logrado aprobar por las reticencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que avisó de una posible impugnación por parte de la UE al considerarlo ayudas oficiales, ¿va a suponer, en caso de aprobarse, una rebaja de más allá de cinco euros por megavatio? No. Rotundamente no».
No hace falta ser adivino ni tener una bola de cristal para saber lo que va a suceder cuando se analiza el quién, el qué y el cuándo en un problema que requiere políticas de Estado que ni este Gobierno, ni el anterior (más atrás no merece la pena ir) tienen asumidas ni definidas, como es en este caso las políticas industriales del país.
El estatuto de los consumidores electrointensivos que han firmado los ministerios de Industria y el de Transición Ecológica supone una rebaja media de 2,25 euros/MWh/hora. Pero es que en el caso de las empresas siderúrgicas, zinc y aluminio –es decir, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alu Ibérica en el caso de Asturias– esa rebaja es de 0,50 euros/MWh.
Frente a esto, las dos ministras siguen diciendo que las diferencias de precio respecto a Alemania y a Francia se han reducido a casi cinco euros, en un claro ejemplo de lo que es hacerse ellas mismas trampas al solitario al utilizar el ‘pool’ (mercado diario español) de los últimos días, pero evitando entrar en el precio final de cada año, que es donde está su responsabilidad. Y ahí es donde persisten las diferencias: 19 euros más caro respecto a Alemania y 16 frente a Francia. Pero además, el estatuto electrointensivo presentado premia más a los consumidores más modestos. Hay un caso concreto de una empresa de Avilés que ya se frota las manos porque de forma inesperada puede llenar la caja con miles de euros al encontrarse con una mejora de la tarifa eléctrica que ni soñaba y que por lo tanto no figuraba en sus presupuestos anuales.
La respuesta a ese estatuto de las ministras Maroto y Ribera –la firma de esta última es incompatible con una defensa de la industria, cada vez está más claro– ha conseguido una rara unanimidad a la hora del rechazo. En las alegaciones presentadas al texto dado a conocer se han unido patronales, multinacionales y empresas concretas, sindicatos, gobiernos regionales de distinto signo como los de Asturias (PSOE, y además el PSOE de Sánchez), Galicia (PP) y Cantabria (PRC), y, aunque con silencios sonoros, también partidos políticos como Foro (su diputado Isidro Martínez Oblanca fue la única voz que retrató a las dos ministras esta semana en el Congreso de forma tan contundente como brillante). Unanimidad en la respuesta de rechazo y unanimidad en los planteamientos, puesto que la coincidencia en los textos de las alegaciones es casi total. ¿Seguirán pensando ahora las ministras que ellas son las que van en la dirección correcta en la autopista y los demás los que conducen equivocados?
En Europa, en donde países como Alemania, Polonia o República Checa ya han dicho que ellos van a su ritmo en los procesos de descarbonización, se ha producido esta semana el pronunciamiento formal de un país en contra de los planteamientos del ‘Green Deal’. Se trata de Bulgaria, país en el que el 60 por ciento de la electricidad proviene de las plantas del carbón, como tuvo oportunidad de exponer en Bruselas su primer ministro, Boyko Borisov. Ahora han sido dos sindicatos los que se oponen rotundamente al Pacto Verde de la UE. La Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria (CITUB) y la Confederación de Trabajo de Podkrepa están listas para iniciar las protestas a fin de mes al no estar de acuerdo con la intensidad del proceso y el período para el que se está planificando. Lean su manifiesto, seguro que les suena: «El 9% de la contaminación mundial proviene de Europa. Incluso con cero emisiones, si llegamos a 2050, pero sin empleos, sin energía, sin industria pesada, nada, realmente aire limpio solo: verde, pero pobre, el 91% continuará contaminando el aire».
¿Comienza el rechazo y las movilizaciones en la UE contra sí misma? Aquí en España ya circula una pregunta a Teresa Ribera que lo resume todo: «¿La transición justa qué es, transición industrial o transición humanitaria para atender a los damnificados de la desindustrialización y la ruina posterior de las economías?».
Publicado en EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS el 24 de febrero de 2020