La situación de Alu Ibérica y el éxito de Foro en el Congreso frente al PSOE, Unidas Podemos y PNV, motivo de reflexión.
El Grupo Industrial Riesgo, propietario de Alu Ibérica, denominación actual de las plantas de aluminio de La Coruña y Avilés, está preocupado porque «nadie le entiende». Todo son críticas. Medios de comunicación y espacios de opinión como éste, sindicatos, comités de empresa, partidos políticos, gobiernos regionales de Galicia y Asturias y hasta el Gobierno central coinciden en la misma línea argumental: este grupo no es de fiar. Es más, nadie se cree sus proyectos de futuro; bien al contrario, lo que se teme es que llegado julio de 2021, que es cuando concluye el plazo ‘bendecido’ económicamente por Alcoa ocurra lo peor.
Alu Ibérica tiene un nuevo departamento de comunicación, una empresa con sede en Madrid, que por primera vez –al menos con el que esto firma– ha querido transmitir su línea de actuación y sus objetivos. Y ahí figuran cuestiones como la reestructuración de la deuda (12 millones), mantener al día los pagos de nóminas, IRPF y Seguridad Social; elaboración de un plan industrial a desarrollar en ocho años y en tres fases, basado en la producción de aluminio verde circular, que implica una reducción del consumo de energía en un 95%; inversión de 150 millones de euros; firma de un acuerdo con Traxys Europa para el departamento comercial, lo que supone, entre otras cosas, la compra de 485.000 toneladas de aluminio circular verde que será producido entre ambas plantas, con un importe total cercano a los 900 millones de euros; firma del contrato del Proyecto de Modernización de las Fundiciones de Avilés y Coruña (Hycast, Noruega). Este contrato supone una inversión total de 14 millones de euros (9,7 del contrato y casi cinco de obra civil) en la compra de tecnología de fundición de última generación para las dos plantas; y finalmente, respecto a la rehabilitación de las viviendas de la antigua Endasa, la dirección de Alu Ibérica dice que este proyecto es de carácter social, en colaboración con el Ayuntamiento de Gozón, consistente en la rehabilitación de las 92 viviendas que se destinarán a personas jóvenes con dificultades y que, llegado el caso, podrían incorporarse a la actividad de la planta de Avilés.
Este es el resumen del planteamiento general de la dirección de Alu Ibérica, sin quitar ni añadir una coma.
El problema de Alu Ibérica es de credibilidad y de fiabilidad. Empezando por su propia irrupción como comprador de las dos plantas al fondo (buitre) Parter Capital. Solo un fondo buitre puede hacerse con las dos plantas de una empresa de aluminio y al cuarto día hábil siguiente buscar un comprador, aunque éste sea alguien tan extraño como el Grupo Industrial Riesgo. Y a partir de ahí, el argumentario de buenas intenciones de Alu Ibérica se viene abajo cuando su plan industrial no ha sido presentado ni a los representantes de los trabajadores ni al Gobierno regional; cuando tiene casi a doscientos trabajadores de las series de electrólisis de brazos cruzados aunque van todos los días a sus puestos, sustituyendo su labor con tareas de pintura o segado; cuando la fundición (obtención de aluminio a través del horno de refusión) produce un día sí y otro no, o tiene que parar en dos ocasiones durante cuatro días por falta de materia prima; cuando hay impagos con proveedores; cuando se anuncia la compra de un horno como una gran inversión, un horno de segunda mano que se obtiene por no más de 15.000 euros y que solo sirve para sacar muestras, no para producir; cuando se amenaza al comité de empresa; cuando se sanciona a tres trabajadores que fueron llamados por la inspectora de Trabajo simplemente porque ‘declararon’, y se les suspende con quince días de empleo y sueldo; o cuando han llegado al staff de esta empresa personas de dudosa reputación.
Por eso nadie cree a Alu Ibérica. Por eso nadie entiende que este Gobierno central no se haya querido enterar hasta ahora de que la operación de Alcoa de la venta de La Coruña y Avilés solo buscaba ganar dos años de tiempo para cerrar y eliminar prácticamente la competencia. Y solo ahora, con el conflicto generado por la propia Alcoa en San Ciprián el Gobierno dice que estudia todas las posibilidades, seguramente porque el peso de la Xunta de Galicia es mucho mayor que el de Asturias a estos efectos.
En todo caso, con la disculpa de «lo que diga Europa», van pasando los días, las semanas y seguimos igual. Curiosa disculpa la de Europa, pero solo cuando interesa: Europa no ha obligado a cerrar ahora las centrales térmicas y en cambio Teresa Ribera lo ha aprobado para gozo y negocio de algunos; Europa permite ayudas a las empresas por casi 300 millones de euros como compensación por los derechos de emisión de CO2 y en cambio el Gobierno solo ha aprobado una aportación de 65 millones; Europa permite la intervención en empresas para sacarlas a flote, como se hace en Francia y Alemania, mientras aquí no se hace o se atienden determinadas peticiones apelando a los ‘daños del Covid’ que causan sonrojo. O, en fin, el estatuto de las empresas electrointensivas sigue sin aprobarse dos años después, «pendientes de Europa» de nuevo.
Isidro Martínez Oblanca, el diputado asturiano de Foro que con más ahínco está defendiendo la industria asturiana en el Congreso de los Diputados, logró un hito el pasado jueves que pasó casi desapercibido: la aprobación de una Proposición no de Ley para la urgente puesta en marcha del Estatuto del Consumidor Electrointensivo en el que se recojan las alegaciones presentadas por gobiernos regionales (Asturias entre ellos y además de forma contundente), sindicatos, organizaciones empresariales… Votos a favor: PP, Ciudadanos, Vox y Foro. Abstenciones: PSOE, Unidas Podemos y PNV («no vaya a perjudicar a nuestras pymes», fue el argumento).
Visto todo esto desde Asturias, en donde se anunció y prometió en su día un ‘hilo directo y de privilegio’ con Pedro Sánchez, uno sigue haciéndose cruces cada día.
Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 18 de octubre de 2020