Los tiempos de la Justicia echan otro jarro de agua fría a un proceso que el Gobierno central ignora en Asturias.

Cada día que pasa se presenta con una mayor claridad el desastre que se avecina para las plantas de Alu Ibérica, ex Alcoa, de Avilés y Coruña, a menos de seis meses de que cientos de trabajadores se queden no sin trabajo, que eso ya sucede ahora y desde hace tiempo, sino sin empleo. Será el resultado de una serie de circunstancias adversas, incluso de una cierta negligencia, por no haber parado a tiempo el escapismo de la multinacional norteamericana y las irregularidades detectadas en el proceso de selección de un nuevo propietario, que desembocaron en las ilegalidades denunciadas por la propia Alcoa en el cumplimiento del convenio de venta de las dos fábricas al fondo de inversión –¿fondo buitre?– Parter Capital.

A ello hay que añadir el consentimiento del Gobierno, de su Ministerio de Industria, que vieron en la elección de Parter Capital una buena fórmula, aunque fuera temporal, para anunciar que se había encontrado una solución al problema planteado por la compañía norteamericana tras anunciar su marcha. Más tarde, cuando se comprobó que hasta Alcoa se dio cuenta de que Parter Capital no había jugado limpio –al tercer día hábil de haber firmado el acuerdo con Alcoa ya contactó con Riesgo para hacer negocio–, el mismo ministerio no fue capaz de denunciar en los tribunales un proceso que previamente había contado con su bendición y visto bueno.

Han sido los comités de empresa de Avilés y Coruña los que decidieron, tarde, presentar la correspondiente denuncia en vista de la dejadez del propio Gobierno, que debería haber sido el garante del éxito de la operación. La demanda sindical ha llegado a la Audiencia Nacional y la primera resolución ha supuesto echar un jarro de agua fría sobre las expectativas que se habían creado. No porque no parezcan claras y ajustadas las acusaciones sobre el actual propietario, Grupo Industrial Riesgo, incapaz de cumplir ni una sola de sus promesas, sino porque con los tiempos de la Justicia hemos topado.

El incendio de Alcoa en Avilés y Coruña sigue sin apagarse por parte del Gobierno. Foto: Iñaki Martínez

Como una nueva prueba de la trapacería existente en este proceso que va de Alcoa a Riesgo, resulta que se ha detectado la existencia de hasta una veintena larga de empresas pantalla involucradas en esa operación, por lo que la Audiencia Nacional decidió suspender el juicio que se tenía que haber celebrado este jueves pasado, día 4, y aplazarlo al 20 de mayo en vista de que no se había podido localizar a alguna de esas sociedades pantalla.

Si tenemos en cuenta que el juicio se celebrará el 20 de mayo –si no surgen más ‘contratiempos’–, que la sentencia puede tardar dos o tres meses y que a continuación habrá posibilidad de recurrirla, nos encontraremos con que se habrá sobrepasado con amplitud la fecha del 31 de julio, que es cuando se cumplen los dos años de plazo que Alcoa, Parter Capital y Riesgo firmaron para mantener el empleo. A partir de esa fecha puede pasar de todo, aunque seguramente tendrá que ver más con el «coge el dinero y corre» que con cualquier propuesta seria que persiga el mantenimiento del negocio y con él el de asegurar el futuro de las plantillas.