“El que manda aquí ahora soy yo y me pondré el calzado que yo quiera». Fue, por si quedaba alguna duda, la primera señal directa de en qué manos había quedado la planta de Alcoa de Avilés, en ese momento ya Alu Ibérica. El nuevo responsable máximo de la compañía, que incluía también el emplazamiento de La Coruña, se dio un paseo por las instalaciones de la fábrica avilesina como quien se va a tomar el vermú con los amigos: en playeros y sin ningún tipo de protección. Cuando le hicieron ver que tendría que ponerse unas botas o un calzado especial de seguridad para cumplir con las estrictas normas que rigen hoy en cualquier empresa, y nada digamos en una multinacional, soltó esa boutade que le definió a él y al grupo que representaba.

Se cumplieron ayer los dos años que Alcoa, la antigua propietaria, había marcado para abandonar definitivamente a su suerte las plantas de Avilés y La Coruña tras el proceso de venta llevado a cabo el 31 de julio de 2019. Dos años que nos dibujan un proceso de venta que está en los tribunales y un futuro más que incierto para los 614 trabajadores de las dos factorías, 328 en La Coruña y 286 en Avilés. Dos plantas que en este momento están abocadas al cierre sin remisión, por duro que sea el reconocerlo.

¿Qué podría salir bien en un proceso viciado desde el minuto uno, en el que la multinacional norteamericana Alcoa decidió abandonar España tras concluir la ‘letra pequeña’ firmada por un Gobierno de José María Aznar que le subvencionaba una tarifa eléctrica de privilegio como parte de la operación de compra de la empresa pública Inespal?

Con la disculpa de que la tarifa eléctrica a la que tenía que hacer frente sin contar ya con ese paraguas oficial –una de las cosas que hizo ruinosa para las arcas del Estado aquella privatización de Inespal de 1998, según constatan los testimonios de la SEPI–, la multinacional norteamericana decidió recoger sus considerables beneficios de todos esos años, en los que no hizo ninguna inversión más allá de las obligadas para el mantenimiento y para el cumplimiento de las medidas medioambientales exigidas por la UE, y se planteó una ‘fuga’ que le sirviera también para anular cualquier competencia. Solo las movilizaciones de las plantillas en los dos emplazamientos hicieron que la decisión primera se aplazara y más tarde se aceptara su venta tras anunciar oficialmente en octubre de 2018 que su marcha ya no tenía vuelta atrás.

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Imagen de la manifestación de trabajadores del aluminio en Madrid, en abril de este año. Foto: Iñaki Martínez

¿Qué podría salir bien de un proceso en el que Alcoa impidió cualquier tipo de tutela, aunque se aseguró de que el Ministerio de Industria aceptaría la decisión final? Alcoa vendió sus dos plantas a un fondo de inversión y declinó la oferta de otros grupos industriales interesados. Firmó un contrato de venta y se comprometió a abonar algo menos de cien millones de euros para pagar los gastos de las plantillas durante dos años, exactamente hasta el 31 de julio de 2021. Hasta ayer.

¿Pero qué podría salir bien cuando ese fondo, Parter, tardó tres días hábiles en iniciar la venta a un tercero, un fantasmal Grupo Industrial Riesgo, a nombre de un abogado con sede en Madrid, situándose al frente un personaje perseguido por la justicia, protagonista de programas de televisión en los que se le filmó saliendo esposado de su casa, en donde se encontraron fajos de billetes destinados seguramente al blanqueo de dinero y que estuvo al menos acusado de un fraude con el gasóleo, consistente en convertir gasóleo agrícola en gasoil para la automoción?

¿Qué podría salir bien si Alcoa no denuncia de inmediato a Parter por el incumplimiento de contrato y el Ministerio de Industria calla y ambos tardan meses en reaccionar y lo hacen solo por la presión de los trabajadores y, también, por la de los medios de comunicación?

Ayer, 31 de julio, la situación de las dos plantas de Alu Ibérica dan más para el guión de un parte de guerra que para el de dos fábricas de aluminio: parálisis total de producción, cubas electrolíticas en suspenso desde el primer día porque su puesta en marcha es insostenible con el actual precio de la energía y tras el fiasco del estatuto de las electrointensivas que el Gobierno tardó meses en aprobar, nulas inversiones, falta de materia prima por impagos, denuncias por todas partes y unas plantillas que han dejado de cobrar sus nóminas.

Todo forma parte de un panorama patético: una multinacional a la fuga sin escrúpulos –no se cree nadie que su CEO, Roy Harvey, le diga a la Ministra de Industria que desconoce «los avatares judiciales de su compañía en España»–, un fondo buitre que en tres días incumple un contrato, un supuesto grupo industrial que es una pantalla seguramente para supuestos delictivos, un Ministerio de Industria que no para de dar bandazos: SEPI primero sí, luego no, y ahora que sean los sindicatos los que presenten un plan industrial para el que habrá ayudas, lo que en sí mismo ya constituye una novedad nunca vista: ¡los sindicatos, encargados de presentar un plan industrial y una cartera de posibles inversores!

Dice la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, que puede haber en este asunto delitos de «estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, fraude en las subvenciones, blanqueo de capitales, descapitalización y despatrimonialización».

Es imposible que algo pudiera salir bien en toda esta historia, en la que 614 trabajadores están desde ayer más cerca de la ruina personal y económica. Y eso no hay propaganda política que lo esconda.