Hace un par de semanas nos reunimos cuatro amigos en un almuerzo de reencuentro aprovechando que uno de ellos, actualmente residente en Bélgica, estaba pasando unos días en Asturias. Su residencia cercana a Bruselas le permite conocer Francia en profundidad y nos comentaba de qué forma el país que en nuestros tiempos de juventud nos miraba por encima del hombro a los españoles -que soñábamos con el espíritu del mayo del 68, mientras nos aplicábamos a confrontar el existencialismo de Camus y de Sartre en la clase de francés-, ahora expresaba hasta su admiración por lo que aquí se había conseguido tras salvar aquella losa de cuarenta años de retraso que tuvimos respecto a los países europeos. «Ahora sí nos reconocen como iguales», nos dice nuestro amigo. Les conté la anécdota de mi primer viaje a Francia con dieciocho años y el ridículo que hice cuando, impresionado por descubrir por primera vez lo que era una mediana superficie, todo educado, intenté por tres veces cerrar manualmente la puerta de entrada, hasta que tras sospechar que algo raro pasaba en vista de las miradas inquisitoriales de los clientes que me estaban observando pasmados, opté por entrar y tras dar dos pasos las puertas se cerraron automáticamente tras de mí. ¡La boina española (asturiana) y el tierra trágame unidos en aquel estreno!

La verdad es que uno alberga bastantes dudas de si, cuarenta años después de aquel viaje, este es un país reconocible por naciones como Francia como ‘uno de los nuestros’. Mis dudas surgen cuando los cincuenta segundos de retraso del presidente del Gobierno a un acto oficial se convierten durante cuarenta y ocho horas seguidas en el asunto estrella de la política nacional, de una mayoría de los medios de comunicación y en el recurso único para esas tertulias pobladas de gente que mayormente vocifera. (En ambos casos, con sede preferente en Madrid). Tengo dudas cuando asisto, atónito, a las explicaciones que ha tenido que dar una consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, a la que la izquierda ‘de toda la vida’, la que reparte carnets de pedigrí progresista, ha tildado de reaccionaria por poner encima de la mesa los datos que todos, más o menos, conocemos o sospechamos, de que las ayudas sociales -las que pagamos todos para no dejar «a nadie atrás»- necesitan un control para que nadie se aproveche de un dinero fácil mientras no se atienden ofertas de trabajo o cursos de formación. O se acude a una oferta de trabajo y se pide «dinero en b» para «no perder» las ayudas estatales, regionales y locales.

Una vez más, determinada clase política da muestras de vivir encerrada en su burbuja de privilegio, porque si no no se explica esta reacción. Nadie habla de abusos, sino de un control ¡obligatorio!

A la vista de lo que sucede en los últimos tiempos en nuestro país, uno tiene dudas de si determinadas reacciones hostiles ante decisiones que se toman desde el Gobierno central tienen que ver con el cada vez más irrespirable ambiente político español o si, por el contrario, no es cierto que nosotros mismos nos reconozcamos como un país moderno, que incluso marca tendencia.

Imagen de la Laboral con la iluminación restringida por el plan de contingencia nacional. / ARNALDO GARCÍA

El pasado diez de agosto, este país encontró un nuevo motivo para la gresca cuando el Gobierno central presentó las líneas maestras del primer plan de contingencia y de ahorro energético para cumplir con el recorte de un 7% de consumo de gas impuesto por Bruselas. «Ocurrencias», «una frivolidad», «Madrid no se apaga» (hasta el punto de recurrir al Constitucional).

Resulta que el tiempo se ha encargado de demostrar que España fue en este caso, y en otros como el tope al gas pedido junto a Portugal y que fue aprobado en el pasado mes de mayo, una adelantada en la Unión Europea, en donde países como Francia, Alemania, Italia o Grecia han ido por detrás para ahora aplicar no solo las mismas medidas, sino otras mucho más drásticas.

‘Le Parisien’ y un día más tarde ‘Les Echos’ adelantaron la semana pasada las medidas anunciadas por el Gobierno de Macron para la reducción en dos años de un 10% energético. Medidas que afectan a empresas públicas, privadas, particulares, autoridades locales y regionales y al Estado.

«Cada gesto cuenta». Con ese lema, ‘pasen y vean’ las propuestas, no todas, del Ejecutivo galo. Y de paso, imagínense que esto mismo se anunciara para su aplicación en España.

Particulares. No superar los 19 grados centígrados en los domicilios, incluso los 17 en las habitaciones. Temperatura del calentador del agua, a 55 grados. Posponer el uso de la lavadora fuera de los picos de consumo. Pago de un bono de 100 euros al mes a cada conductor que se registre en una plataforma de ‘carpooling’ (coche compartido).

Empresas. Compromiso para respetar 16 acciones concretas: lucha contra el derroche, sobre todo en iluminación; automatización de la calefacción; optimización de la organización del trabajo; nombramiento de un encargado de la sobriedad energética en cada empresa.

Estado. (La Administración representa en Francia el 20% del empleo público y el 30% de los inmuebles terciarios). No habrá agua caliente en los servicios de los edificios públicos, a excepción de las duchas; fomento del teletrabajo en determinados horarios, especialmente durante los puentes para cerrar todos los edificios durante varios días seguidos; a cambio, la compensación se incrementará un 15%, pasando de 2,5 euros/día a 2,80; se anima a los funcionarios públicos a reducir la velocidad cuando conduzcan, a 110 kilómetros/hora en autopistas y a 100 kilómetros/hora en autovías.

Administración local. Apagado de rótulos y anuncios luminosos entre la 1 y las 6 horas, lo mismo que el alumbrado público.

Deportes. Reducción del 50% de iluminación antes y después de los partidos; y del 30% durante los encuentros nocturnos.

Crisis de suministro. Francia lleva casi quince días de bloqueo de las estaciones de servicio debido a la falta de acuerdo en materia salarial de sus trabajadores. Litro de diésel, a 2,27 euros. El Gobierno ha recurrido a ‘movilizar’ a algunos trabajadores para evitar el bloqueo del país. El martes se anuncia un paro general.

Y aquí, en España, mientras nos entretenemos con los retrasos del presidente a un acto oficial o crucificamos a una consejera por el ‘delito’ de presentar datos oficiales irrefutables, nuestra clase política asiste impasible al grave problema de la industria generado por los costes de la energía y de los derechos de emisión de CO2, que amenazan con el cierre de decenas de empresas. Nadie se pregunta por la descarbonización de la siderurgia, la formación del personal ante los nuevos retos tecnológicos de un nuevo sistema de producción, los ajustes en frontera que no soluciona la UE. O la parálisis de una Administración burocratizada que genera pérdida de competitividad, de dinero y retraso o anulación de proyectos; los oídos sordos ante un empresariado que dice que Asturias pierde ante otras comunidades cuando hablamos de impuestos; la frialdad de los datos que nos anuncian una Asturias envejecida de forma dramática; el retraso histórico en proyectos que afectan a las ciudades y que siguen sin resolver veinte o treinta años después. El rescate con dinero público de empresas con una ligereza que asusta. La falta de pericia para captar inversiones…

Por eso es probable que nuestra mayor distancia con Francia, cuarenta años después de descubrir aquella puerta automática del supermercado, siga siendo la de elegir entre lo importante y lo superficial. Y en esto último gana siempre nuestra clase política. He ahí la gran diferencia.