El mes de vacaciones por excelencia deja sin cerrar algunas claves que urge resolver a la sociedad

El mes de vacaciones por excelencia en este país empezó el viernes 28 de julio, aunque el periodo natural tenga que esperar todavía al martes para que todo el mundo se vea ya en bañador y libre de cualquier atadura hasta el 1 de septiembre, que encima cae en viernes, con lo que -¡menudo es este país!- la ‘normalidad’ empezará el lunes cuatro como mínimo.

Las dos convocatorias electorales que se han producido en nuestro país, locales-autonómicas y nacionales, han tapado seguramente una serie de cuestiones que la sociedad debe resolver con urgencia y que en cambio uno tiene la sensación de que van a quedar «para septiembre», fecha muy alejada de lo que tendríamos que considerar los ‘intereses generales’. Veamos.

Salvo que ayer mismo se haya producido algún tipo de comunicación oficial -que a este articulista no le consta-, nadie sabe nada sobre la decisión del administrador concursal de Alu Ibérica (antigua Alcoa para casi todos y para entendernos) respecto al proyecto de Windar Renovables para ese espacio, único proyecto que, según todos los indicios y mucho más, plantea un proyecto de inversión con más de 500 empleos directos y una planta nueva de fabricación en un sector de futuro que está llamado a ejercer de «empresa tractora» en la industria de Avilés y de Asturias.

La otra ‘propuesta’, la de Alueuropa, «ni está ni se la espera», ni en su planteamiento inicial ni en su respuesta a los requerimientos del administrador concursal, salvo que éste la guarde bajo siete llaves y espere a septiembre para comunicarlo.

La adjudicación de la antigua Alcoa sigue esperando por el administrador concursal. JOSÉ SIMAL

Del administrador concursal Miguel Gómez Gordillo, profesional con bufete en Oviedo, sabemos que ha presentado ya el informe de liquidación realizado por él mismo, comprendido entre el 7 de diciembre de 2021 hasta el 31 de mayo de 2023, es decir, menos de dieciocho meses. Como se recordará, el abogado y administrador concursal pidió amparo al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo para que se le permitiera contratar (no sé si esa es la palabra exacta) a un bufete profesional en vista de que el trabajo era arduo y complejo. El Juzgado accedió a ello y así es como aparece como ‘ayudante’ el bufete, también de Oviedo, GDP Legal Concursal.

Hasta el 31 de mayo de este año, el administrador ha realizado un total de pagos de algo más de cuatro millones de euros (exactamente, 4.063.176,46 euros).

En esa cantidad figuran los emolumentos del propio administrador concursal y del bufete que le ayuda. Miguel Gómez Gordillo ha cobrado en concreto 420.383 euros, mientras que GDP Legal Concursal ha recibido 479.871 euros. Entre los dos suman en esos dieciocho meses la cantidad de 900.254 euros, lo que se acerca al 25 por ciento de lo abonado. En el caso del abogado esa cantidad arroja un ‘sueldo’ mensual de 23.354 euros y en el del bufete ovetense 26.659,50 euros al mes.

Mientras tanto, el ‘interés general’ al que se ha apelado desde esta misma pagina de LA VOZ DE AVILÉS para que se adjudiquen con la máxima urgencia posible los terrenos de la antigua Alcoa al único proyecto concreto en inversión y creación de empleo tiene que seguir esperando, como mínimo «hasta septiembre», aunque el ciudadano, ajeno a abogados, bufetes y otros intereses de difícil comprensión, se siga preguntando el porqué.

Es pronto seguramente para evaluar la composición del nuevo Ejecutivo regional dado a conocer a mediodía de ayer por el presidente del Principado, Adrián Barbón, responsable de todos los nombramientos. Lógicamente él conocerá mejor que nadie los detalles de cada uno de los titulares y a su juicio serán los más ajustados para el momento actual.

En todo caso, y en una lectura rápida, y además hecha desde Avilés, aunque en este caso creo que es extrapolable para el conjunto de la sociedad asturiana, hay algunas cosas que a mi modo de ver no encajan con esa idea de que nos enfrentamos a los cuatro años más decisivos para afrontar un futuro marcado por las exigencias de ese nuevo mundo que ya nadie, salvo la ignorancia supina y el atrevimiento de los negacionistas, pone en duda.

Si todas las reflexiones de los últimos tiempos nos han llevado a coincidir en que el Principado tiene dibujado su futuro en la industria avanzada por un lado, y en el I+D+i por otro, no se entiende muy bien que la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, que fue toda una notable novedad en el anterior mandato, tenga que asumir ahora cosas tan ‘dispersas’ como las empresas y las pymes, el emprendimiento y hasta la formación para el empleo (la FP dual). Salvo que esa decisión responda a cuestiones internas de dominio dentro de la FSA-PSOE, algo que debería interesar poco o nada a los ciudadanos cuando hablamos de un Gobierno regional, no de un partido. Las luchas intestinas de los últimos cuatro años entre las consejerías de Ciencia y la de Industria serían interesantísimas en los debates internos de la FSA, pero absolutamente estériles y hasta cansinas para la opinión pública.

Igualmente no se entiende muy bien que la Asturias industrial, que tiene en Avilés un referente europeo por su peso en su PIB, pase a ser controlada por una viceconsejería de un departamento en el que se unen industria, transición ecológica (¡suerte!) y desarrollo económico.

Sólo son pinceladas de urgencia ante un nuevo Gobierno regional que, más allá de los alineamientos internos del PSOE -y por supuesto mucho más allá de las claves internas de la FSA- debe buscar por encima de todo las políticas que hagan avanzar a esta región en lograr el bienestar general de toda su población.

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 30 de julio de 2023

(Editado el 31 de julio de 2023)