Dos ejemplos en Avilés de cómo la libertad de expresión «política» atenta contra el derecho al honor de las personas

Se supone que habrá una coincidencia general en que ha sido y es el periodismo y los periodistas los más interesados y los que más han luchado en este país por la libertad de expresión y de la información. Algunos pertenecemos a la generación en la que la Ley Fraga de Prensa e Imprenta de 1966 obligaba a llevar la primera página del periódico a un piso de la calle de La Cámara, en el caso de Avilés, para que el delegado de información de turno diera su visto bueno a los contenidos antes de que el periódico saliera de la rotativa en dirección a los quioscos. O que la ley citada hablara de libertad de expresión «sin más limitaciones que el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales». Las de una dictadura. O que a nadie se le ocurriera saltarse la obligatoriedad de no referirse a algún asunto que hubiera sido declarado por el Gobierno ‘materia reservada’. En caso contrario, la multa, incluso el cierre del medio, estaba asegurada.

Dicho todo lo anterior, ni entonces ni ahora ha habido necesidad de decirle a un periodista (de los de verdad) que la libertad de información se sustenta en la comunicación de datos objetivos (la veracidad de lo que se dice o denuncia), aunque en este momento se haya abierto camino el ‘todo vale’ , sin necesidad de extenderse en lo que está sucediendo a nivel global. Y en que, según reza la Constitución española, «la libertad de expresión tiene su límite en el respeto a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Por lo tanto el derecho al honor opera como un límite de la libertad de expresión». Lo anterior no es mío. Lo aclara el propio Tribunal Constitucional, sentencia 93/2021. Un solo ejemplo. 

En los últimos días se han producido en Avilés dos hechos que, sin tener la relevancia de los casos que ocupan al país día sí y día también, afectan a personas concretas sobre las que se ha dejado caer la sospecha de irregularidades en sus respectivos cometidos. En ambos casos protagonizados por dos políticas, concejalas del Ayuntamiento de Avilés, que a mi juicio –mío, personal– han provocado un daño en la imagen de esas personas y entidades.

La concejala de Festejos, Sara Retuerto, elegida en la lista de Cambia Avilés por la cuota de Podemos, decide comunicar a través de un correo electrónico que el Festival Internacional de Música y Danza de Avilés no se va a celebrar más por «falta de transparencia» de la organización, que supuestamente tiene que ver con la falta de datos justificativos de algunas partidas de gastos. Es decir, de una forma impropia –un correo electrónico, sin comunicarlo al equipo de Gobierno del que forma parte y sin aportar ni un solo dato concreto por escrito– la concejala transmite a la sociedad que ha encontrado cosas lo suficientemente graves como para decidir que un festival que lleva cuarenta y tres años celebrándose, con un éxito indiscutible, ya no se va a celebrar más, al menos con el apoyo del Ayuntamiento.

La organización, como todo el mundo sabe, ha corrido a cargo siempre en esos cuarenta y tres años de la agrupación Sabugo Tente Firme, fundada hace 61 años y presidida por Abelardo González Blanco desde hace 54. En esta ciudad, lo suficientemente pequeña como para que apenas haya secretos, estoy seguro que no hay nadie que ponga en duda la trayectoria de Sabugo Tente Firme y la integridad absoluta de Abelardo González Blanco, que en más de una ocasión ha tenido que adelantar dinero de su propio bolsillo para solventar algún fallo ajeno a la organización o ante cualquier imprevisto. Doy fe de ello.

Esa «falta de transparencia» que ha denunciado la concejala atenta directamente contra el buen nombre de una persona y de una entidad. Y por otro lado, cuestiona a los técnicos del Ayuntamiento de Avilés porque 1) en 43 años no vieron ninguna «falta de transparencia» en la organización del festival, o 2) las vieron y las consintieron. En todo caso, el daño está hecho. Al parecer, en nombre de la libertad de expresión.

El segundo caso conocido hace unos días es la revocación de la sentencia que en su día condenó a la portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, por «intromisión ilegítima del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen» de un técnico profesional, José Antonio Álvarez Menéndez, que ocupaba en su día el puesto de gerente de la Mancomunidad Comarca Avilés. La Audiencia Provincial, Sección Segunda, revoca la demoledora sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Avilés que condenó a la concejala, sin que a lo largo del texto (el de la Audiencia) se desmienta ni uno solo de los términos de la primera, pero finalmente se estima que «se trata de dirimir sobre la colisión que pueda existir entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión e información que ampara a la demandada». Se llama «libertad de expresión en el ámbito político», pese a que ha quedado demostrado que la concejala faltó a la verdad manipulando una sentencia del TSJA, que nunca se refirió a José Antonio Álvarez cuando estimó que el puesto de gerente debería ser ocupado por un funcionario público. Una manipulación que confirma el texto de la Audiencia («es incorrecto achacar a las decisiones judiciales lo que expresamente no dicen»), que también sostiene que «respecto a la trayectoria académica y profesional del actor (cuenta) con una amplia hoja de servicios».

Ofrece pocas dudas, a mí desde luego ninguna, que la libertad de expresión y de información tiene que estar basada en la veracidad. Si eso deja ser la clave de bóveda para un periodista o para un político, asistimos a la «barra libre» en la que algunos quieren convertir, y a veces lo consiguen, la esencia de un sistema democrático en el que los derechos de las personas están por encima de todo lo demás.

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 24 de noviembre de 2024