Preguntas incómodas
Bajas laborales, universidades privadas y Real Avilés, tres ejemplos de un debate público sin admitir dudas o matices
El espectáculo político diario que se nos transmite en directo, principalmente desde Madrid, se ha vuelto irrespirable. Y quizá por eso cada vez más personas optan por el silencio. Nunca hubo tantos medios para expresarse libremente y en cambio avanza el temor al matiz ante el riesgo de ser etiquetado a un lado o a otro de la «trinchera». Sin duda eso provoca un empobrecimiento de la propia sociedad si la solución es renunciar al análisis y al debate y recurrir directamente a la autocensura
Se ha instalado en nuestra sociedad la idea de que algunas leyes, algunas normas aprobadas por los gobiernos nacen bajo la etiqueta del ‘progreso’ y quedan blindadas, sin opción a cualquier revisión crítica que seguramente, de ser tenida en cuenta, enriquecería los textos que las desarrollan. Y a su lado, también otro tipo de decisiones de entidades particulares que alimentan esa sensación de ser sospechoso de algo si las cuestionas.
Nos pueden servir tres ejemplos cercanos para tratar de hacer una evaluación completa de la situación que genera cada una de ellas y aplicarlas al final al concepto general.
Si existe un asunto sensible en este momento, y más en Asturias, en donde el absentismo laboral está en el centro del debate, es el de las bajas médicas. Tema espinoso precisamente por ese miedo al matiz del que hablaba al principio ante una medida que es presentada como ‘incuestionablemente buena’. A partir de ahí, cualquier duda se observa ya como un asalto de alguien insensible o directamente reaccionario o interesado.
Para preservar la intimidad de cualquier persona se legisla sobre el derecho en este caso de los trabajadores a no tener que comunicar a la empresa ningún detalle sobre una baja médica. Ni en el aspecto médico que origina esa baja ni en el temporal sobre su alcance. En principio, nada que oponer a un derecho individual. El problema surge cuando la norma afecta en este caso al empleador, que de repente se queda ‘ciego’ ante la baja de un trabajador y no sabe si hay que afrontar una gripe que se cura en siete días o una rotura de tibia y peroné, que ya hablaríamos de meses de ausencia, o nada digamos si se trata de una depresión por ejemplo, que siempre puede conllevar un proceso largo de tratamiento. La baja de un trabajador en ArcelorMittal o en cualquier otra multinacional apenas se notará en el proceso productivo y en la marcha de la empresa. Pero ¿qué sucede en el caso de un restaurante con cuatro empleados, en el comercio que tiene dos, en la consulta de un especialista médico que necesita una persona auxiliar, en un taller de reparación de coches que ya se las ve y se las desea para encontrar no ya un técnico, sino un aprendiz? Todas las personas al frente de esos negocios necesitan conocer el alcance temporal de esa baja simplemente para saber a qué atenerse, si esperar y tapar el hueco como sea durante unos días, o decidir ya la contratación de otra persona durante los meses en los que deberá sustituir a la que ha causado baja por una cuestión médica.
Un caso de manual: el derecho a la privacidad individual no debe estar reñido con el día a día de una empresa o un negocio. No se invade una decisión médica que no está en discusión, se trata de solventar un problema operativo real.
Subamos el listón a un debate sobre lo público y lo privado, en este caso con un ámbito regional y local. Ante el anuncio de tres proyectos de implantación de estudios universitarios privados en Oviedo, Gijón y Avilés, asistimos desde hace meses a una posición de defensa de lo público que se sustenta en blindar el modelo y a partir de ahí denostar la alternativa planteada. A mi modo de ver, una visión holística del asunto, que es el que debería exigirse siempre desde un observatorio privilegiado como el de la Universidad, no debería desdeñar las aportaciones de esas entidades privadas a los territorios de unas ciudades medias en forma de atracción de estudiantes o fijar población joven. (Luego, se nos llena la boca en Asturias de denunciar y buscar soluciones a un problema grave como es el del envejecimiento de la población). Y más: la promoción de vivienda y servicios, la creación de empleo cualificado o la generación de investigación aplicada. ¿Riesgos? Seguramente: baja calidad, titulitis, negocio… Pero eso se regula, ahí sí. Prohibir por reflejo es otra cosa.
Y tercer ejemplo, este de una entidad privada. El propietario del Real Avilés decidió retirar el nombre de Avilés de las camisetas del equipo en un partido oficial. Lo hizo por sorpresa, de forma unilateral, sin avisar a nadie, como medida de presión para que el Ayuntamiento de Avilés hiciera efectivo el patrocinio que conlleva como contrapartida ese nombre de la ciudad en el equipamiento de los jugadores. Seguro que no le falta razón al club para quejarse de lo que se asemeja bastante a una desidia técnica funcionarial (ante el problema suscitado, la tramitación se hizo en veinticuatro horas, lo que añade argumentos a esa desidia) o a un ‘olvido’ político. Pero sin negar en absoluto las razones de la queja, no parece muy adecuado utilizar el nombre de Avilés como palanca de presión. Hacerlo por sorpresa invita a pensar en una reacción difícilmente justificable. Con lo saludable que sigue siendo el diálogo para resolver dudas y problemas.
Tres asuntos, tres ejemplos de cuestiones que nos afectan a todos más o menos directamente, como ciudadanos o como población, y sobre los que no tendría que haber miedo a analizar, debatir y hasta cuestionar. Una sociedad madura no se define solo por los aplausos, sino por admitir con naturalidad las preguntas y los matices. A eso se le llama progresar. Si hay miedo a las preguntas a lo mejor es que se temen las respuestas.
(En la imagen, los jugadores del Real Avilés lucen en la camiseta el nombre de la ciudad. PALOMA UCHA).
Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 22 de febrero de 2026