La reputación también se defiende
El caso del Centro Niemeyer invita a reflexionar sobre los límites entre la exigencia democrática y la sospecha permanente
Hay críticas que fortalecen las instituciones porque obligan a mejorar, corregir errores y rendir cuentas. Y hay otras que, por exceso, cálculo político o simplemente por irresponsabilidad, terminan dañando aquello que dicen fiscalizar. La diferencia es importante. La primera contribuye a una sociedad más exigente y transparente. La segunda instala la sospecha permanente y acaba erosionando la confianza colectiva, algo a lo que asistimos desde hace tiempo en este país.
En los últimos días se ha vuelto a abrir el debate sobre la gestión del Centro Niemeyer a raíz del informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2024. Más allá de las consideraciones técnicas o jurídicas que puedan hacerse sobre ese documento, la controversia vuelve a plantear una cuestión de mayor alcance: qué sucede cuando una institución pública deja de ser objeto de crítica para ser objeto de descalificación. Y qué coste termina pagando una ciudad cuando uno de sus principales activos es presentado ante la opinión pública como si fuera poco menos que una estructura sospechosa.
Solo dos ejemplos. De las hemerotecas. 26 de diciembre de 2024. «Una iniciativa (la compra y posterior cesión del parking del Centro Niemeyer por parte del Principado) que no va a suponer ningún beneficio para Avilés, no va a suponer ningún beneficio para el Niemeyer ni para su programación y ningún beneficio para los artistas ni para el tejido cultural asturiano. Es simplemente un regalo de Reyes y cumplir con algún compromiso que había adquirido». (José Luis Costillas, diputado regional del PP, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo por Ciudadanos).
9 de junio de 2026. «La Consejería de Cultura ha convertido el Niemeyer en un chiringuito que da contratos a dedo». Y añade que según dice la Sindicatura de Cuentas, «los contratos negociados sin publicidad del Centro Niemeyer son nulos de pleno derecho, es decir, que se han realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido». (José Luis Costillas).
La crítica es necesaria, pero cuando una institución se convierte en un arma de pugna política el daño alcanza a toda una ciudad
El informe de la Sindicatura sobre el centro cultural correspondiente al ejercicio de 2024 señala incidencias de tipo formal –algunas anecdóticas–, más once alegaciones que fueron aceptadas parcialmente. Si alguien tuviera realmente interés, los dos documentos, el del informe definitivo y el de las alegaciones son públicos. Basta con ir a la página de la Sindicatura de Cuentas y leerlos. Lo mismo que es pública la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Lo primero que se resalta en ella es la condición de la Fundación Centro Niemeyer como entidad del sector público, con poder adjudicador de contratos, sin tener la condición de Administración pública. Y todo lo que ello conlleva.
Aclarado lo del informe, lo que dice y lo que no dice, hay una cuestión mucho más relevante. Esto no va del parking ni de un síndico que evaluó al Centro Niemeyer, o de un diputado con unas declaraciones en busca de titular. Esto va mucho más allá y es sencillo de explicar, aunque será difícil que lo entienda determinada clase política de este país: que esa degradación permanente del debate público acabe dañando activos colectivos que pertenecen a todos. ¿Qué coste tiene para una ciudad pequeña, en este caso Avilés, cuando determinados responsables públicos convierten cualquier institución en una sospecha permanente?
El Niemeyer no es un parking o la falta de un detalle-error de 3.000 euros. El Niemeyer es una marca de ciudad y uno de los iconos de la cultura del Principado de Asturias. Se puede fiscalizar, criticar, exigir transparencia, discrepar de la gestión. Pero una cosa es eso y otra asegurar que la Fundación del centro es un «chiringuito para favorecer a los amigos». Cuando se hace una aseveración tan grave, sin que exista una demostración equivalente– que además tendría que conllevar una denuncia en los Juzgados– el efecto no recae sobre el Gobierno de turno –que supongo que ese será el objetivo último–, sino que afecta a los trabajadores de la Fundación, colaboradores, técnicos, patronos, artistas y finalmente a la propia imagen de Avilés.
Se echa en falta, en este como en otros casos, el concepto de proporcionalidad. Esa que debería pesar a la hora de exponer que no toda irregularidad o incidencia administrativa equivale a corrupción –soy consciente de que algunas sentencias cercanas no ayudan a esta reflexión–, de la misma manera que no toda observación a un informe equivale a una trama. Ni toda discrepancia de gestión convierte una institución en un «chiringuito». Al final, la desaparición de esa proporcionalidad en el debate público termina dañando la reputación de las instituciones y de las ciudades.
Después de esto, la última sorpresa, también pública en la página web de la Junta General del Principado. El informe de la Sindicatura de Cuentas de 2024 ha evaluado a 71 entidades del Principado, entre ellas a 11 fundaciones. Pues bien, para el viernes 19 se anuncia una Comisión de Hacienda para debatir sobre ese informe de la Sindicatura, a la que se ha citado al Síndico Mayor, a seis consejeros del Gobierno regional y a ¡un solo gestor!: el director del Centro Niemeyer, a petición del Grupo Popular. ¿En serio?
Las ciudades pequeñas no pueden permitirse el lujo de deteriorar sus propios activos por interés partidista. Avilés conoce bien las consecuencias de esos errores. Por eso defender su reputación no es una cuestión de orgullo local. Es una cuestión de futuro.