La reclamación sobre el agua debería huir del ruido político, preservar la seguridad jurídica y buscar una salida negociada

El PP convierte la comparecencia del director del Niemeyer en un espectáculo que avergüenza y degrada a la Junta General

Cuando Simon & Garfunkel lanzaron en 1970 su ‘Puente sobre aguas turbulentas’, difícilmente podían imaginarse que aquella metáfora seguiría utilizándose medio siglo después para describir situaciones que exigen diálogo, acuerdos y capacidad para superar conflictos. No se me ocurre una imagen mejor para explicar el enfrentamiento surgido entre Asturagua-Veolia y el Ayuntamiento de Avilés. La reclamación por parte de la primera de una cantidad que supera los 15 millones de euros debería elevarse por encima de la hipérbole permanente de la discusión política para centrarse en el elemento clave que hay que preservar siempre: la seguridad jurídica.

Según lo relatado hasta ahora, Asturagua-Veolia, que detenta el 76% de Aguas de Avilés, la sociedad de gestión del agua en la que el Ayuntamiento participa con un 24 por ciento, ha reclamado vía judicial la cantidad de 15,3 millones de euros  correspondientes al quinquenio 2020-2024 para recuperar la Tasa Interna de Retorno (TIR)  fijada en su día.

Llama la atención que esa reclamación se conozca en el Ayuntamiento desde el mes de diciembre  y no se haya dado a conocer hasta ahora, solo gracias a una labor de control del PP. Resulta razonable preguntarse por qué, simplemente porque una reclamación potencial de 15 millones de euros no es un asunto menor para las finanzas municipales de esta ciudad. Nada justifica ese silencio.

A partir de ahí, hay otros elementos sustanciales. La provisión contable de 15,3 millones que se hace en la Cuenta General de 2025 va en la buena dirección. La misma que aplican todas las empresas y entidades públicas cuando se reconoce una obligación de hechos pasados, sin conocer exactamente ni el importe –en este caso lo decidirá un juez– ni la fecha en la que hubiera que hacerla efectiva si así se determina finalmente.

El último elemento es, según mi opinión, el más relevante. No si Asturagua-Veolia tiene razón en su reclamación– hay que insistir: lo decidirán los tribunales o una negociación–, sino si una administración puede decidir unilateralmente dejar de cumplir cláusulas contractuales que figuraban en el contrato porque así lo decidan las nuevas mayorías políticas. En esta ciudad se sabe bien que Izquierda Unida se opuso frontalmente a ese proceso de privatización de la gestión del agua. Una posición legítima. Pero el desacuerdo con un contrato no debe confundirse con su incumplimiento una vez que se ha firmado. Y eso es lo que ha pasado en el Ayuntamiento: se decide no hacer más pagos extraordinarios a Aguas de Avilés o se rechaza la actualización de las tarifas con el IPC como estaba también firmado, detonante final de la decisión de la empresa aunque esa subida no afecte al periodo de esa Cuenta General. Cada partido sabe en qué ha intervenido en cada una de estas cuestiones desde el primer momento. No se salva ninguno. Ni ninguno planteó nunca una propuesta de renegociación de condiciones con la empresa en busca de un acuerdo que satisficiera a las dos partes en el plano económico. Porque si hay algo que está generalmente reconocido en esta ciudad es que el servicio prestado durante estos años no ha generado conflictos relevantes con los usuarios y ha mantenido unos estándares de calidad difícilmente cuestionables. No hace falta echar la vista atrás para saber cómo era este servicio anteriormente.

El verdadero debate nos lleva, insisto, a la seguridad jurídica como elemento clave y seguramente el principio fundamental de cualquier Estado de derecho. Sin seguridad jurídica no habrá estabilidad política, ni desarrollo económico ni protección de los derechos ciudadanos. Y este argumento nos sirve para el conflicto del agua, pero vale para cualquier situación, sobre todo cuando llevamos años reclamando inversiones y la llegada de nuevas empresas. ¿A alguien le cabe en la cabeza cambiar el reglamento a mitad de partido, cambiar las normas porque políticamente las posiciones no son las mismas que cuando se firmaron esos contratos? La seguridad jurídica no admite excepciones

No sé si sería bueno rescatar  en este caso la melodía de Simon & Garfunkel en la que hablaban de tender puentes ante las dificultades. Por muy  ‘turbulentas’ que bajen las aguas en este momento en Avilés, no estaría mal que se dieran pasos en ese sentido para preservar un servicio que nos beneficia a todos. Debería intentarse al menos.

Espectáculo bochornoso

Si la seguridad jurídica no admite excepciones, tampoco se pueden admitir en la calidad democrática de las instituciones. El PP convirtió el viernes la comparacencia que había pedido del director general del Centro Niemeyer en un espectáculo lamentable, lleno de insultos, en los que prácticamente no se le dejó hablar y entrar en la materia sobre el texto final y las alegaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas de 2024. La imagen de la Junta General del Principado, la Cámara que representa a todos los asturianos, quedó seriamente degradada con este comportamiento. El presidente de la Junta y la Mesa deberían  actuar con urgencia para evitar espectáculos como éste que ya figuran en la videoteca de la institución. Y finalmente, la fijación de una parte del PP ovetense con el Centro Niemeyer volvió a ponerse de manifiesto. En Avilés se recuerda bien aquella campaña de recogida de firmas contra su construcción. Conviene no perder la memoria, sobre todo cuando esta ciudad, Avilés, ha respaldado sin reservas la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. Sí, se llama memoria.

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