La ‘urbanización prioritaria’ del Gaxín definida en el Plan General, clave para resolver el problema de la vivienda y el desarrollo de la ciudad
Perogrullo seguramente lo explicaría así: «si hacen falta viviendas, háganse». Y por seguir en la misma línea simplista, uno tiene la sensación de que hay pocas cosas tan complejas como la de dar luz verde a cualquier cuestión que tenga que ver con la redacción o una reforma de un plan urbanístico. Avilés no es ajena, ni mucho menos, a una demanda que se ha convertido ya en un clamor en este país: la necesidad de poner vivienda nueva en el mercado a unos precios razonables, de forma que se palíe o acabe –será difícil– con esa realidad de un sector que avanza en los últimos tiempos de la mano de la especulación generada por los grandes grupos y fondos de inversión.
El Plan General de Ordenación Urbana de Avilés fue aprobado en junio de 2006, un documento redactado por un equipo que lideró el arquitecto y urbanista Eduardo Leira. Todavía hoy es un excelente ejercicio volver a leer sus fundamentos para no perder esa clave de cualquier análisis hecho con rigor, que se resume en saber de dónde venimos. Un plan moderno, ambicioso, bien fundamentado en la realidad de la ciudad, en la de sus aspiraciones, que en apenas dos años vio cómo algunas de sus piezas esenciales se venían abajo. En septiembre de 2008, la quiebra del banco Lehman Brothers marcó el inicio de una crisis global que se llevó por delante sectores enteros –alguno nunca se ha recuperado– y en España hizo estallar la burbuja inmobiliaria, poniendo fin a aquella alegría generada por la ‘generosidad’ del crédito bancario que durante un tiempo hizo que en este país muchos creyeran vivir en la Arcadia feliz.
La parálisis sufrida desde entonces en la construcción de nueva vivienda en Avilés contrasta ahora con una demanda que va en aumento, pero que en algunos casos relevantes choca con las dificultades de reactivar bolsas de suelo que nunca llegaron a ponerse en marcha. Sin duda, la más importante –dejando a un lado la de la nueva centralidad definida en el entorno del Centro Niemeyer y otras tipo La Plata-San Cristóbal, San Pedro Navarro, La Llamosa, Cristalería– es la del Gaxín, UZ PR-1 ‘Gaxín’, marcado en el plan como «urbanización prioritaria». Modificado en su desarrollo en 2008, con los votos de PSOE, IU y ASIA, para atender las alegaciones presentadas, el plan recogía la construcción de unas 3.300 viviendas, libres y protegidas, más de 300 unifamiliares, y además una conexión con la Variante de la N-632. Un nuevo espacio de 10.000 habitantes.
Gaxín sufrió directamente el efecto de la crisis de 2008, primero porque se exigía una urbanización costosa que no hacía viable la inversión de los promotores; la propiedad de los terrenos quedó muy fragmentada entre propietarios pequeños y más tarde una gran bolsa en manos de una empresa gallega como Anjoca, que llegó a disponer del cuarenta por ciento de ese suelo; la irrupción de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) o ‘banco malo’, creada en 2012 bajo el gobierno de Mariano Rajoy tras el rescate europeo a España, con el fin de gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos rescatados, activos que debe liquidar hasta 2027. (Con una certeza: aquel rescate de las entidades bancarias no solo no nos va a «salir gratis», como aseguró el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, sino que va a seguir engordando la deuda pública hasta el último momento).
La realidad hoy sobre la propiedad de los terrenos de Gaxín es una incógnita tras haberse producido en estos años un importante movimiento en su titularidad.
Algunos promotores con terrenos en la zona se muestran dispuestos ya a construir vivienda nueva y piden una adecuación del plan
Ahora, cuando apuran las demandas del mercado, el Ayuntamiento debería retomar la exigencia y la urgencia que el PGOU señalaba sobre esta ‘urbanización prioritaria’ y poner en marcha una serie de medidas que también recoge el propio texto del plan. Y partir de dos evidencias: la necesidad de vivienda nueva y la disposición de algunos constructores y promotores para empezar «mañana mismo». El que se haya actualizado el precio del módulo de la vivienda protegida en un 3,7 por ciento, hasta los 2.209,59 euros, tras el acuerdo alcanzado entre la consejería de Vivienda y la patronal, CAC-Asprocon y FADE, ha hecho ya que ese interés haya surgido también por reactivar el suelo de Gaxín. Hay nombres y apellidos de empresas interesadas.
La división de unidades de ejecución más pequeñas que recoge el PGOU, la necesidad de un nuevo convenio marco Ayuntamiento-propietarios, la modificación puntual del plan para ajustar y redefinir algunas cuestiones y actualizar un plan parcial deberían ser los objetivos inmediatos para relanzar el proyecto y disponer de vivienda nueva en unos plazos razonables. O incluso ver el encaje de ese espacio para compaginarlo con otros usos, tipo Ciudad Deportiva del Real Avilés.
No estamos ante un hecho excepcional cuando hablamos de intervenir en el PGOU. Desde 2007 hasta hoy ha habido casi cuarenta modificaciones, la más cercana para el desarrollo urbanístico del suelo del espacio de baterías de cok. Como un texto flexible que es y que debe amoldarse a las circunstancias de cada momento, tampoco conviene olvidar que el PGOU es el acompañante de una ciudad que sigue adaptándose y reinventándose cada día para ofrecer un espacio atractivo y de futuro. Veinte años después de la aprobación del PGOU, muchas circunstancias han cambiado y por lo tanto lo que se espera ahora es un nuevo empuje que responda a la necesidad urgente de afrontar el problema de la vivienda con soluciones adaptadas a la nueva realidad de hoy.