Al final Alcoa ha elegido. Extrañamente es la multinacional norteamericana sola la que decide en una operación en la que nadie debería olvidar las ‘ayudas’ que ha recibido con dinero público, se llame como se llame o se esconda bajo la fórmula que se quiera esa ayuda recibida desde 1998. El elegido para la compra es un fondo de inversión suizo, Parter Capital Group AG, que parte de dos premisas para hacerse cargo de los dos centros alumineros: plan a dos años, producción con hornos de refusión (empleo mínimo) y posible arranque de las cubas de electrolisis en el segundo semestre de 2020. Todo supeditado a un precio competitivo de la electricidad.

No hay porqué dudar de la fortaleza del fondo de inversión suizo, con una amplia experiencia en la adquisición de compañías de sectores tradicionales con un volumen de entre 20 y 300 millones de euros. Y no solo interesado en la financiación de los negocios, sino en la gestión de los mismos, como ha demostrado en las compañías que forman su cartera, pertenecientes a sectores como el de la electricidad-electrónica, automotriz, construcción, componentes, bienes de consumo, textiles y prendas de vestir. (Ver página 67). Está claro que podría ser un socio muy interesante si se le ganara como aliado, y no solo para Alcoa, sino para toda la región, y expresamente para esta ciudad y comarca.

El problema de fondo sigue siendo el mismo. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue lanzando órdagos sobre su apuesta por la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica, desarrollo de las nuevas tecnologías y justicia social. Lo ha repetido en España y hace unas horas en Malta, en la cumbre de los países del sur europeo. El problema es que en Alcoa hay en este preciso instante 317 empleos que salvar. Y que la empresa suiza que quiere sacar adelante un proyecto de futuro, con todos los trabajadores dentro, necesita una tarifa eléctrica competitiva. ¿Se la puede ofrecer España, se la va a asegurar este Gobierno? La respuesta es no.

1. El precio en España del megavatio es de 52 euros. En Francia, Liberty House ha conseguido para su planta de aluminio de Dunkerke (adquirida hace meses a Río Tinto) un precio de 32 euros/MW y encima ha firmado un contrato de amplio alcance, hasta 2025, algo que en España dicen que la UE lo prohíbe. 2. El estatuto de industrias electrointensivas, que este Gobierno no ha logrado aprobar por las reticencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que avisó de una posible impugnación por parte de la UE al considerarlo ayudas oficiales, ¿va a suponer, en caso de aprobarse, una rebaja de más allá de cinco euros por megavatio? No. Rotundamente no. 3. Las compensaciones por CO2 para las empresas, fijadas por la UE para cada país por encima de los 200 millones de euros, que podrían ser una buena ayuda para compañías como Alcoa o ArcelorMittal, se han quedado en 90 millones, según consta en la consignación presupuestaria española, pese a las declaraciones de políticas como Adriana Lastra de que ésta iba a ser un apoyo importante a las empresas. 4. La última subasta eléctrica fue un fracaso por las condiciones impuestas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La próxima volverá a redoblar ese fracaso. Es más: es posible que se anule a continuación la subasta eléctrica para el futuro. Está encima de la mesa de la ministra. Con este panorama, ¿cuánto va a tardar el fondo suizo Parter Capital Group AG en darse cuenta de que no va a contar con una tarifa eléctrica competitiva si al final decide comprar las dos plantas de Alcoa?

Teresa Ribera, presentada por Pedro Sánchez como candidata a las más altas responsabilidades en el Gobierno español o en el de la Unión Europea, debería explicar las consecuencias de que la UE no adopte medidas urgentes y contundentes contra los terceros países que están inundando Europa de acero «sucio», ese que se produce sin tener en cuenta peajes medioambientales, ni laborales, ni económicos en sus plantillas y que en este momento están hundiendo el mercado europeo y llevando al límite a sus compañías.

Ribera debería explicar por qué en esta región, Asturias, nos disponemos a tener afectados a través de un expediente de regulación de empleo a 1.500 trabajadores de ArcelorMittal, empresa que va a parar un horno durante seis meses y que tiene ya a la acería LDIII –hasta el mes pasado al máximo de producción–, a un 40 por ciento en este momento. Mientras, seguimos esperando por las alternativas concretas hoy –porque nuestros problemas son inaplazables–, no las que sueña este Gobierno para el futuro.