El estatuto de los consumidores electrointensivos que ha presentado el Gobierno nace ya con la incongruencia de que esté firmado por una Ministra de Transición Ecológica que no cree en la industria ni plantea alternativas.
Pedro Sánchez tiene un problema en la composición de su Gobierno. Por supuesto que no lo va a reconocer, ‘of course’, pero habría que invitarle a leer los cuarenta y cinco folios del ‘Proyecto del Real Decreto por el que se regula el estatuto de los consumidores electrointensivos’ y los ochenta y tres folios de la ‘Memoria del análisis del impuesto normativo’, 128 folios en total, para que se diera cuenta de que la primera conclusión es de manual: esos dos documentos no pueden llevar la firma conjunta de la Ministra de Industria y la de la Transición Ecológica.
A este Gobierno hay que reconocerle la virtud de crear un Ministerio de Industria, todo un avance, y a su titular, Reyes Maroto, la de intentar solucionar la larga lista de problemas que se le han venido acumulando en la mesa de su despacho, de una complejidad extraordinaria cuando se depende de factores exógenos, que van desde una UE timorata a las consecuencias de la ‘anomalía’ Trump y su nulo respeto por las normas internacionales.
Pero el texto de un Real Decreto que trata de salir en auxilio de una industria nacional que se va al garete –es decir, la base de la economía de un país– no puede llevar la firma de una Ministra de Transición Ecológica que ha sido incapaz de entender que cuando uno llega al Gobierno de una nación debe dejar en la puerta de su despacho el pin de activista porque sus intereses pasan a ser los intereses generales de todo el país, no los de su lucha personal por mucho que sus objetivos sean encomiables y hasta compartidos. Más allá de la anécdota –¿o no debería ser una mera anécdota?– de que su marido, Mariano Bacigalupo Saggese, sea un hombre clave en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la entidad que está marcando con sus dictámenes el camino de ese estatuto de los consumidores electrointensivos, más allá de esa anécdota, repito, Teresa Ribera ya ha dado muestras más que suficientes de que le estorba la industria, como gran causante del cambio climático. Toda la industria en general, coches con motores diesel, CO2, coche eléctrico que va a requerir un gran consumo, viajes en avión… todo le viene mal en su único objetivo de salvar el planeta de la amenaza real del cambio climático. Se hizo una foto con Greta Thunberg en la fracasada Cumbre de Madrid y ya se debió sentir feliz. Eso sí, reconoce, con el desparpajo propio del inconsciente, que la transición ecológica no tiene en este momento alternativas a la industria y a los miles de puestos de trabajo que están en juego hoy mismo.
Fijémonos solo en el caso paradigmático de la empresa más importante de Asturias, ArcelorMittal. Diga lo que diga la propaganda gubernamental y la de sus terminales, el estatuto presentado esta semana no evita que el diferencial del coste de la energía eléctrica con Alemania sea de 19 euros/MW y con Francia de 16 euros/MW. Vayamos a las consecuencias. ArcelorMittal es la empresa que más ha apostado por Asturias si hablamos de inversiones multimillonarias en sus instalaciones y en sus centros de I+D+i. Su propietario, Lakshmi Mittal, se ha reunido tres veces con Pedro Sánchez. Resultado: promesas frente a realidades. Acaba de abrirse una de sus últimas inversiones en Gijón: las baterías de cok, 150 millones de euros. Pasó desapercibido. No se planteó ni la asistencia a su inauguración de un cargo de tercer nivel del Principado. El martes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asistirá a la inauguración de una línea de galvanizado nueva en la planta de ArcelorMittal en Florange (89 millones de inversión, 800.000 toneladas de capacidad de producción, 80 puestos de trabajo), puesta como ejemplo por el propio Macron de la transición de las industrias históricas a las nuevas de alta tecnología, según publica ‘Republicain Lorraine’.
ArcelorMittal puede decidir mañana que los deficitarios productos largos de Gijón (ojo a una posible compra en Francia) los deslocaliza. Inmediatamente cierra la acería de Gijón, suma 1.000 despidos en total (olvidémonos con esa cifra de bajas incentivadas, sino de despidos traumáticos) y que empiece el efecto dominó: Musel, transporte, empresas auxiliares…
«Nos lo impone la Unión Europea», dice el Gobierno español para justificar su estatuto. Volvamos a Francia: aplicación a las empresas electrointensivas de una reducción o exoneración de la tarifa de utilización de recursos públicos de electricidad (TURPE); eliminación del impuesto de contribución al servicio público de electricidad (CESPE), una exoneración que en 2016 ascendió a 968 millones de euros; compensación por los derechos de emisión de CO2; y participación en el dispositivo de interrumpibilidad. Y mientras en España parece que el Gobierno descubre ahora la pólvora con este estatuto, en el país galo nació en 2005 Exeltium, un consorcio de 27 empresas electrointensivas para la compra de electricidad a largo plazo, que el 31 de julio de 2008 firmó con EdF un contrato por 24 años para asegurar 314 TWh. Bajo el paraguas de UNIDEN, Francia reconoce a 52 miembros electrointensivos (aquí, ahora, más de 600), de diez sectores industriales.
¿Dudas con el estatuto español? Todas. Esperemos a los efectos.
Publicado en El Comercio-La Voz de Avilés el 16 de febrero de 2020