Las dos últimas decisiones del Gobierno sobre la industria, muy perjudiciales para Asturias, apelan a una normativa europea y a unos plazos que ningún país sigue.

Los próximos seis meses prometen ser decisivos. El plan de recuperación va a poner a la industria en el centro de ese esfuerzo colectivo. Es la primera vez en treinta años que hemos visto tal prioridad. Ya era hora, porque no hay economía fuerte sin industria competitiva. (…) Tenemos el ejemplo de la descarbonización de la producción. Debemos y podemos ir más lejos, pero sin olvidar que estamos en una economía abierta y que las reglas deben estar alineadas con lo que se practica en otras partes. No podemos descarbonizar la producción de forma eficaz si, en última instancia, lo que produce la industria francesa es más caro para el consumidor o si contribuye a deteriorar la posición competitiva de nuestro país. ¿Quién quiere acero libre de carbono producido en Francia, pero con un coste del 60% más caro?».

Nadie habrá leído estas reflexiones puestas en boca de un ministro del Gobierno español, ni en la de ningún político de nuestro país –‘of course’–. Las declaraciones son de Alexandre Xaubot, presidente de France Industrie, y forman parte de una amplia entrevista publicada en las páginas del diario económico ‘Les Echos’. (France Industrie reúne a 24 federaciones sectoriales de la industria y a 44 grandes empresas públicas y privadas de todos los sectores industriales).

Será difícil encontrar en unos simples párrafos una definición tan exacta sobre cuestiones tan complejas para un país (Francia nada menos) como la industria, la economía en general, la pandemia sanitaria, el plan de rescate y la descarbonización.

Despertemos del sueño. Ya estamos en España. La semana nos ha ofrecido la actuación estelar de dos ministras. El Ministerio de Transición Ecológica aprobaba el martes el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Y el Consejo de Ministros aprobaba en la misma sesión el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Objetivos básicos de la primera: rebajar el 13% en la factura de la luz en cinco años. En la segunda, beneficiar a 612 empresas de alto consumo eléctrico (superior a 1Gw/hora durante dos de los tres últimos años). No hace falta insistir más sobre esos acuerdos y las reacciones habidas. Las páginas de este periódico durante estos días y las de hoy mismo hablan por sí solas.

Imagen de la central eléctrica de Soto de Ribera. Foto: Pablo Lorenzana

Cuando lees las declaraciones del responsable de France Industrie es cuando uno se puede dar cuenta de que el problema de este país, España, no es tanto la cifra exacta de los consumos y las ayudas, como de la propia concepción que un Gobierno, un país entero, tiene de la importancia de la industria para la economía. Y cuando llegas a la conclusión de que tu Gobierno sigue ensimismado en objetivos a medio-largo plazo sobre la necesidad de combatir los efectos perniciosos de un cambio climático que nos preocupa y nos concierne a todos, es cuando llegas a la conclusión de que ese futuro, en casos como el de Asturias, nos va a costar sangre, sudor y lágrimas.

La ministra Teresa Ribera, la campeona de la UE en imprimir una velocidad de descarbonización que nadie asume, llegó a decir el martes que los 7.000 millones de euros que van a tener que pagar las compañías energéticas por las alegrías de las renovables en su día (para beneficio de fondos, algunos especulativos) no tendrían porqué ser repercutidas en la factura doméstica. «O a lo mejor sí, ya veremos» (cita textual). Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, veinticuatro horas después: «Esos 7.000 millones los va a pagar el consumidor». (Diésel, gasolina, gas ciudad…).