Francia le ha visto las orejas al lobo, desmesuradamente grandes por los efectos de la pandemia sanitaria, y ha decidido ponerse las pilas dentro y fuera de su territorio. A nivel interno, interviniendo directamente en el precio de la energía eléctrica, y en el plano exterior anunciando una serie de medidas contundentes, aprovechando que el pasado uno de enero asumió la presidencia del Consejo de la UE por espacio de seis meses.

Esto no va de innovación, ni de nuevas tecnologías. Sencillamente va de supervivencia del tejido industrial galo y de la defensa de los intereses europeos frente al resto del mundo en los procesos de descarbonización. Sin industria no hay futuro, advierte también el gobierno de Macron, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, apenas en tres meses.

La pasada semana el Ejecutivo francés intervenía en Electricité de France (EdF), en donde posee el 83,9%, según los últimos datos, obligando al primer productor de generación y distribución de electricidad de Francia y de Europa a vender 20 teravatios hora (TWh) procedente de la energía nuclear a un precio rebajado para salvar la factura eléctrica francesa, principalmente para las empresas electrointensivas. La dirección de la compañía y los sindicatos hablaron de ‘saqueo’, tras considerar que las cuentas de la empresa se verán afectadas en 8.000 millones de euros. El enfado monumental se salda de momento con el anuncio de una huelga para el día 26 de este mes.

El gobierno de Macron, lejos de rectificar, anunció este mismo jueves, como máximo accionista estatal, que de no haber tomado esta medida, hasta 150 empresas electrointensivas podrían haber cerrado debido al aumento de los precios de la electricidad, viéndose amenazados hasta 45.000 puestos de trabajo directos. Rebajó a 3.000 millones el efecto sobre las cuentas de EdF –«es una pérdida de oportunidad, no un déficit real, simplemente ganarán menos»– y a la vez ha encargado un informe sobre «el establecimiento de contratos a largo plazo», que elaborará una comisión puesta en manos de expertos técnicos, no políticos: su máximo responsable será Philippe Darmayan, ex jefe de ArcelorMittal France.

Vista general de la planta de ArcelorMittal en la localidad francesa de Dunkerque.

Esto en casa. Fuera, ha sido el eurodiputado Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el que, en una extensa entrevista al diario ‘Le Monde’, se ha encargado de explicar las prioridades de Macron en estos seis meses de presidencia francesa en la UE.

Lo más llamativo, a efectos de Asturias, es sin duda la aceleración y la prioridad de poner en marcha el ‘ajuste en frontera’ (MACF) para todos los productos de terceros países que no se ajustan a los mandatos de reducción de las emisiones de carbono. La propuesta de ley europea será una «primicia mundial» a su juicio, tras poner un ejemplo clarificador: «Ahora, un coche fabricado por Renault en Tánger (Marruecos), que utiliza acero turco, no sería presentado a la MACF, a diferencia del mismo automóvil, producido en Francia con el mismo acero turco. Eso tiene que ser corregido».

Canfin apela a la innovación para provocar inversiones públicas y privadas con el fin de cumplir los objetivos de descarbonización previstos para 2030 y 2050, que la Comisión Europea ha estimado en 390.000 millones de euros al año.

El eurodiputado de RENEW, grupo en el que la delegación ‘macronista’ es mayoritario, trazó en la misma comunicación sobre el semestre de presidencia francesa otras tres cuestiones básicas: el precio de las cuotas del CO2, las pilas para automóviles eléctricos y la deforestación. Pascal Canfin asegura que deben reducirse las cuotas gratuitas de CO2 y reservarse únicamente para aquellos industriales que invierten en descarbonizar su producción. Y pone como ejemplo a ArcelorMittal, que ha comprometido una inversión de mil millones de euros para producir acero verde en su planta integral de Dunkerque (una inversión similar a la anunciada en Asturias y en la localidad belga de Gante).

Los otros dos proyectos de directivas europeas que la presidencia francesa va a tratar de agilizar son el de la producción de pilas para las baterías de los automóviles, con el objetivo de que la UE se convierta en el segundo productor mundial por detrás de China en 2025, cuando hoy todo se hace en Corea del Sur, Japón y China.

Y la segunda directiva será la de la deforestación importada, que prohibirá las importaciones en la UE de carne de vacuno, soja, aceite de palma, café y cacao si su producción contribuye a la deforestación en los países de origen.