Los resultados conocidos esta semana de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre Asturias provocaron una especie de shock al comprobar que atribuyen al Principado de Asturias el mayor incremento interanual de desempleo de todas las comunidades: 64.100 desempleados, lo que supone una tasa de paro del 14,39 por ciento (12.87% de media nacional). Independientemente de las lecturas que se hagan -que parece que deben ser tenidas en cuenta para hacer una radiografía real del problema en un país que hoy es puesto de ejemplo en Europa por su recuperación y crecimiento económico-, a nadie debería sorprenderle estos datos si se analizan hechos concretos.

En el caso de Avilés, por ejemplo, hay que recordar que el 1 de mayo se quedaron sin empleo 243 trabajadores de la noche a la mañana. Toda la plantilla de Alcoa. 243 es un número que se dice de forma sencilla y rápida. Pero, si hiciésemos un ejercicio de contabilizarlos uno a uno, nos daríamos cuenta de que ese recorte de empleo es una barbaridad. Al margen de lo que supone el cierre de actividad de una multinacional de esta envergadura en Avilés (sí, Avilés, Asturias), y de todo lo que se movía a su alrededor (puerto, transporte, proveedores, consumos, y hasta la hostelería cercana), hay que imaginarse qué supone para la actividad habitual de una ciudad el que ¡243 familias! se hayan quedado sin trabajo, en la mayoría de los casos el empleo principal y la mayor fuente de ingresos de ese núcleo familiar.

Una de las múltiples manifestaciones de los trabajadores de Alcoa en los últimos años. / PABLO LORENZANA

A este drama hay que añadir el hecho de que todos estos trabajadores han sido despedidos por extinción de contratos sin haber recibido las indemnizaciones que les correspondían. Historia sabida: Alcoa, en su huida permanente y cobarde de esta ciudad, propuso un acuerdo a la plantilla para asegurarle unas indemnizaciones acordes a su nivel salarial, el de la industria, a cambio, como condición sine qua non, de que esos trabajadores desistieran de reclamaciones futuras en los tribunales en donde Alcoa pudiera figurar como ‘culpable’ o ‘responsable’ del absoluto desastre de la venta de la compañía al fondo de inversión Parter Capital. La plantilla, de forma prácticamente unánime, aceptó la oferta-chantaje porque después de pelear durante años por la supervivencia de la empresa tras tener que soportar el asalto de un grupo, Riesgo, conceptuado en ambientes judiciales y mediáticos como simplemente mafioso, optó por asegurar durante algún tiempo la estabilidad de sus propias familias.

Pero una vez más, esa especie de acuerdo interno se vino abajo cuando la propia Audiencia Nacional vino a decir que, lejos de desaparecer el problema, Alcoa va a tener que seguir dando explicaciones sobre una operación opaca cuando menos y con todas las sospechas abiertas.

Conclusión: Alcoa se niega a pagar las indemnizaciones a sus extrabajadores y estos siguen desde el 1 de mayo sin percibir un solo euro. Por eso, la encuesta de la EPA a lo mejor refleja las consecuencias de este hecho no solo por la ‘baja’ de cada uno de los 243 trabajadores, sino por el ‘desastre’ que se origina alrededor en un efecto cascada de manual.

Y ahora vayamos a la segunda parte. ¿Cuál es la política industrial de este Gobierno, tanto el central como el regional? Supongamos que es poco o nada lo que pueden hacer ante la decisión de una multinacional como Alcoa -lo que es mucho suponer porque deberíamos calcular los cientos de millones que salieron de las arcas públicas en su beneficio tras la compra de la antigua Inespal simplemente con una tarifa eléctrica subvencionada-, pero a renglón seguido cabe preguntarse si entre los dos gobiernos no existe un mecanismo para que estos 243 trabajadores perciban la indemnización que les corresponde y por la que llegaron a un acuerdo con la dirección de Alcoa.

El Gobierno central y el regional no han tenido reparo en salir al auxilio de algunas empresas con ‘problemas’ por el ‘efecto de la covid’, epígrafe bajo el que se han escondido auténticos disparates empresariales y accionariales cometidos mucho tiempo antes de que el mundo supiera que había un virus que había invadido el planeta. Son increíbles los discursos oficiales de justificación de ese dinero salido de las arcas públicas. Y en cambio, sorprende e incluso irrita que ante el chantaje/incumplimiento de una multinacional con 243 trabajadores no haya una Administración pública que se preocupe de buscar una solución para que esas indemnizaciones lleguen a los trabajadores en forma, no de aportación finalista con dinero público, sino simplemente de adelanto. ¿El Gobierno regional no encuentra un encaje con el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se encarga de «garantizar a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento consursal del empresario»?

Cuando hablan los técnicos, lo prudente es guardar silencio y asentir. La Demarcación de Costas acaba de provocar el cierre del mirador de La Peñona, en Salinas, al detectar un «riesgo significativo de rotura planar del talud oeste». El oleaje constante ha ido horadando la base del mirador, por lo que habrá que clausurar y retirar la pasarela, lo que significa eliminar uno de los grandes atractivos de un Museo de las Anclas que es único en España y que constituye uno de los elementos turísticos más relevantes de esta región. Lo que cabe es reclamar un informe exhaustivo de Costas y ver todas las posibilidades antes de cumplimentar una decisión tan inesperada como sorprendente y drástica.