La exigencia sobre las subvenciones públicas debe convivir con la captación de empresas y proyectos de inversión

Esta semana fue noticia en Euskadi el acuerdo alcanzado por PNV y PSE con EH Bildu sobre la Ley de subvenciones por la que se podrán reclamar las ayudas a las empresas que abandonen su territorio. El texto recoge que las sociedades que hayan recibido algún tipo de ayudas públicas del Gobierno vasco tendrán que devolverlas si se marchan de Euskadi, cierran alguno de sus centros de fabricación vascos, echan a la mitad de la plantilla o reducen significativamente su producción.

Se trata de la última muestra de la batalla existente a nivel global para retener a las empresas y evitar sus deslocalizaciones. Vivimos en una región, en este caso en una comarca, en la que el poder de decisión de los grandes y medianos conglomerados industriales están cada vez más alejados de los centros de producción y por lo tanto el sentido de pertenencia a los territorios -que en su día era una característica interesante- cada vez pesa menos a la hora de tomar decisiones sobre su posición en el mercado.

Aparentemente, la ley que se quiere aprobar este mismo mes en Euskadi es una buena fórmula para tratar de «atar» los compromisos empresariales, pero por otro lado existe en este momento un riesgo innegable de cara a conseguir la segunda variable cualitativa del tejido industrial, que es el de la captación de nuevas empresas y nuevas inversiones por parte de las ya existentes.

En Asturias, siguiendo la senda marcada por la Unión Europea, existe ya ese «control» del Principado sobre las subvenciones a proyectos de inversión, sujetos a un periodo de mantenimiento de la actividad y del empleo durante un periodo de cinco años. En caso de incumplimiento, se les reclama la devolución de la ayuda económica. Anteriormente a esta norma, se asistió a algunos abusos: con una mano se recogía la subvención y con la otra se tomaba el timón para poner rumbo a aguas exteriores. Posteriormente, en aplicación de la norma hoy vigente, alguna compañía se ha visto obligada a devolver esas ayudas.

En Asturias, y en esta comarca en concreto, hemos asistido a un caso sangrante como el de Alcoa, primero como protagonista de una deslocalización silenciosa de manual y luego con una huida posterior utilizando el método de la venta de sus activos que a la postre ha acabado en los tribunales, entre otras cosas por su falta de control y rápida respuesta al incumplimiento del convenio de compraventa a cargo de Parter Capital. Lo demás es historia conocida, incluido el coste económico al que se prestó la propia Alcoa con sus trabajadores para evitar, al menos de momento, su paso por los despachos de la Audiencia Nacional. Yo no cantaría victoria.

Avilés confía en los antiguos terrenos de  baterías de cok para la atracción de empresas. Foto A. G.

Sentado lo anterior y alabando que los gobiernos vigilen por el buen uso del dinero público, no conviene olvidar en este momento una realidad económica y empresarial que afecta a todos los países sin excepción, volcados en el mismo objetivo: captar nuevas empresas y nuevos proyectos. Atrás ha quedado la etapa de la globalización económica de mitad del siglo pasado, con la libre circulación de bienes, servicios y capitales, que propició la externalización de las producciones desde Europa y Estados Unidos fundamentalmente al continente asiático para beneficiarse de mano de obra barata, escaso compromiso ambiental y menor complicación administrativa. La paradoja es que a día de hoy, China y los denominados tigres asiáticos -Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur- está repitiendo el mismo esquema de la externalización tras sus espectaculares desarrollos y crecimientos.

El problema es que la crisis mundial generada por la invasión soviética de Ucrania, la guerra tecnológica que protagonizan Estados Unidos y China y los efectos del cambio climático han provocado una ‘introversión’ de los países, empezando por Estados Unidos y su Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), que está regando de dinero a las multinacionales para que «vuelvan a casa» o sigan produciendo en su territorio. Frente a ello, en la UE sirva como ejemplo Alemania, que ante los costes de energía y los precios del CO2 observa cómo el 16 por ciento de las medianas empresas han iniciado los trámites para deslocalizar parte de su actividad, mientras otro 30 por ciento se lo está planteando, según los datos del último informe de la Federación de Empresas Alemanas (BDI), fuente EuroEfe.

En el Principado seguimos a la espera de «la gran decisión» de ArcelorMittal para su proyecto ‘completo’ de descarbonización, con un silencio atronador sobre el futuro que depararía ese plan para la acería de Avilés si no se abordasen unas inversiones que ahora mismo no figuran en ninguna parte. Estamos por lo tanto en una carrera en la que el listado de participantes es infinito.

El 26 de noviembre del año pasado, Alberto Santos -junto con Yolanda de Luis, los dos periodistas que, con diferencia, más saben de los proyectos y de los entresijos de esta ciudad- firmaba la apertura de LA VOZ DE AVILÉS de ese día, páginas 2 y 3, con este titular a cinco columnas: «Integrar el ferrocarril costará 204 millones, tendrá dos fases y a la nueva estación podrá llegar el AVE». Resumen del proyecto de integración ferroviaria de Avilés, acompañado de la tramitación administrativa necesaria- novedad importante-, presentado por el director general de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, expresamente a todos los grupos políticos de la Corporación. ¡Hace un año!

El nuevo ministro del ramo dijo hace unos días lo mismo, lo de las «dos fases», y en esta ciudad, qué raro, ya sirvió para montar otra polémica artificial, falsa y dañina al servicio de quien le vale cualquier disculpa para seguir con el ruido. ¡Disimulen y lean un poco!

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 10 de diciembre de 2023