Expertos y políticos manejan tiempos distintos y en esa diferencia se decide el futuro de Avilés y de Asturias
Esta semana volví a los estudios de Radio Asturias-Cadena SER con motivo de su centenario y en calidad de antiguo colaborador durante muchos años. En la emisora están realizando una programación especial para analizar la evolución de diversos sectores en ese plazo temporal de un siglo. Y esta semana, el miércoles, tocó hablar de industria. Esa industria que llegó a sumar en Ensidesa, tras la fusión con Uninsa, una plantilla de 26.211 trabajadores en 1974, mientras la otra gran empresa pública, Hunosa, llegaba a contabilizar otros treinta mil en cifras redondas. Por hablar solo de la historia de dos empresas que llegaron incluso a configurar nuestra forma de vida y hasta los espacios urbanos, como se observa todavía hoy en las Cuencas, en Avilés o Gijón.
Antes de mi intervención habló el economista Juan Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo, una de las personas que mejor conoce todos los ámbitos de la economía del Principado. Vázquez tuvo un gran protagonismo en dos de los análisis más relevantes realizados por sendos equipos de expertos, que sirvieron para dibujar la realidad del momento y plantear las bases del futuro de la región. El miércoles, en la entrevista de la emisora de la ovetense calle Asturias, dio con un aspecto clave, que es el que origina este artículo: la distancia que a menudo existe entre lo que piensan los expertos y lo que finalmente hacen los políticos.
El economista fue el coordinador del comité de expertos promovido por el Principado y dirigido por Manuel Castells, el catedrático de la Universidad de Berkeley (California), bajo el título ‘Estrategia para la Reindustrialización de Asturias’ (ERA) (1992-1994). El profundo proceso de reconversiones iniciado en los ochenta ya había impactado a las dos grandes referencias industriales de la empresa pública y provocado, en cascada, la desaparición de miles de empleos de las compañías auxiliares. El ERA planteaba una hoja de ruta que permitiera la transición hacia un nuevo modelo impuesto por la obligada modernización de las instalaciones para poder competir, por las exigencias de la Unión Europea para poder captar las ayudas para ese fin y por una normativa medioambiental cada vez más exigente.
El estudio dibujaba un nuevo panorama en donde figuraban además la atracción de grandes empresas –DuPont, Thyssen–, alta tecnología, servicios avanzados, procesos de datos, nuevas tecnologías… Un nuevo escenario con la exigencia de una Universidad más pegada a la empresa y una formación profesional que era conveniente reformar. El trabajo se cerró con Antonio Trevín en la presidencia del Principado. Algunos de sus planteamientos sirvieron para orientar determinadas políticas y otros se guardaron directamente en un cajón.
Años más tarde (2012), fue el entonces presidente del Principado, Javier Fernández, el que promovió otro grupo de expertos para elaborar la llamada ‘Estrategia para la competitividad de la economía asturiana’. Esta vez bajo la dirección de Juan Vázquez, el consejo asesor estuvo integrado por profesionales de primer nivel. Merece la pena recordarlos: Ramiro Lomba, Diego Canga, Ángel de la Fuente, María Garaña, Rodolfo Gutiérrez, Luis Martínez Noval, Susana Menéndez, Carlos Monasterio, Ramón Sotomayor, Guillermo Ulacia y Alicia Veira de la Fuente.
Aquel equipo elaboró un total de siete documentos, con un centenar de recomendaciones, analizando y proponiendo en aspectos como el de la formación profesional (FP) para el empleo, competitividad y TIC, articulación territorial, cooperación urbana y desarrollo de consorcios, propuestas para la mejora del sistema de innovación, iniciativas para la recuperación y finalmente otro sobre financiación autonómica, hoy de plena actualidad en nuestro país. Una parte de aquellas estrategias fueron trasladas también a FADE como aportación a la reflexión empresarial.
Como sucede a menudo, al final confrontamos dos legitimidades: la técnica de los expertos y la política de quienes deben fijar prioridades y tomar decisiones. Y lo mismo sucede con los tiempos: los primeros abogan por el medio, largo plazo, 10-12 años, y los segundos son reos de una legislatura de cuatro años. Eso nos lleva a dos relojes distintos entre los que se decide el futuro de un territorio.
Si hay algo que nos dicen los expertos y lo que confirman las políticas de éxito en algunos países es la necesidad de un consenso político en cuestiones estructurales que deberían alejarse de la pugna partidaria: política industrial, energía, sanidad, educación, investigación, infraestructuras… Si esas políticas se cuestionan cada cuatro años con los cambios de Gobierno está claro que el territorio avanza dos pasos y retrocede uno. También es cierto que hablar hoy de consensos políticos en el mundo y en nuestro país no deja de ser un ejercicio de ingenuidad.
En ese sentido, la economista y profesora Mariana Mazzucato, reconocida mundialmente por su revolucionario trabajo sobre el papel del Estado en la promoción de la innovación y el crecimiento económico, ya lo exponía en su obra ‘El Estado emprendedor’. Su defensa del gasto público no le impide criticar duramente a gobiernos que implementan políticas industriales sin dirección estratégica. «No basta con que el Estado gaste; debe gastar con propósito y dirección».
Al final nos queda la sensación de que Asturias, Avilés como la gran ciudad industrial, ha contado con expertos que llevan décadas señalando caminos posibles. Si se lograra un consenso básico político y social sobre esas recomendaciones –desechando egos, propagandas y propuestas hasta sonrojantes en ocasiones–, estaríamos mucho más cerca del éxito y del bienestar general.
(En la imagen, miembros del consejo asesor de expertos presidido por Juan Vázquez en 2014).
Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 8 de marzo de 2026