Análisis simplistas para un problema complejo
La escasez de vivienda de alquiler no se explica por la normativa estatal recién aprobada, sino por una crisis que afecta a toda la UE
El mundo asiste a la peor crisis de vivienda de la historia moderna. El titular procede del análisis elaborado por la multinacional Saint-Gobain a través de su plataforma ‘Founding the Future’, donde se recoge el dato revelador de que el precio de la vivienda en la Unión Europea ha subido nominalmente un sesenta por ciento desde 2013. Ante la magnitud del problema, la propia UE ha decidido intervenir por primera vez para construir un marco común de actuación, algo inédito en la historia comunitaria. Estamos por lo tanto ante una pieza más del problema global que afronta hoy el mundo, y Europa en particular, donde el desequilibrio de la vivienda se suma a debates como el de la educación, las pensiones, la sanidad o el desempleo. A ello se añade la actual situación geopolítica –ahora lo llamamos ‘guerra híbrida’–, con consecuencias como un endeudamiento público disparado en todos los países y un empobrecimiento acelerado de la clase media y trabajadora, golpeadas por la escalada de precios en todos los ámbitos, mientras las grandes empresas y las bolsas mundiales baten récords de beneficios.
Todo el mundo está al corriente de estas dificultades porque informativamente no se habla de otra cosa. Por eso sorprende la nota de prensa hecha pública por la Cámara de Comercio de Avilés este miércoles, 14 de octubre, para presentar una encuesta realizada entre las inmobiliarias de la ciudad, donde se afirma que cada vez es más difícil encontrar viviendas de alquiler. Nada nuevo: hace semanas LA VOZ DE AVILÉS ya recogía el mismo diagnóstico en un reportaje en el que las inmobiliarias señalaban la escasez de oferta y la falta de vivienda nueva.
Sí, sorprende una lectura tan simplista por parte de la Cámara de Comercio ante un problema estructural global que afecta a España. Es chocante que alerte (sic) «de una retirada masiva de viviendas del mercado de alquiler ante una normativa contradictoria». Y que afirme que «estos datos reflejan las consecuencias de la incertidumbre generada por las normativas aprobadas en materia de vivienda».
La Cámara de Comercio de Avilés ignora un problema estructural global y políticas locales de suelo que llevan veinte años sin avanzar
La Cámara se refiere así a los efectos del Real Decreto Ley 29/2026, de 6 de octubre sobre ‘Medidas urgentes para la protección social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible”. (Entrada en vigor: 8 de octubre). Y del Real Decreto Ley 28/2026, de 6 de octubre, de ‘Medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual’. (Entrada en vigor: 15 de noviembre). La nota de prensa de la Cámara se publica por lo tanto seis días después del primer decreto y un mes antes de la entrada en vigor del segundo, anticipando efectos que aún no pueden haberse producido.
La Cámara de Comercio tiene, por supuesto, derecho a expresarse como le parezca sobre éste y otros asuntos, pero cabe esperar de ella análisis más profundos que ayuden a la sociedad en general a orientarse y a formarse una idea cabal de lo que nos está pasando, ya sea la vivienda, la crisis industrial o la escalada brutal de precios,
Los dos decretos ley aprobados por el Gobierno plantean medidas que definen derechos y obligaciones tanto para arrendadores como para inquilinos, orientadas a una mayor estabilidad y protección económica, jurídica y material. España está en la parte alta del problema de vivienda dentro del conjunto de la UE, que reconoce una crisis profunda debido a cinco factores comunes: urbanización acelerada en grandes áreas metropolitanas, incremento de los costes de construcción, estancamiento salarial, inversión especulativa internacional e insuficiente producción de vivienda asequible. Y a partir de ahí, es la Comisión Europea la que presenta su plan de actuación claramente intervencionista, el ‘Affordable Housing Act’, con medidas más ambiciosas que las de España: expansión masiva de vivienda pública, controles del alquiler, limitaciones a la compra por fondos de inversión y regulación estricta del alquiler turístico.
Cualquier análisis sobre la vivienda en Avilés no pude obviar las políticas aplicadas hasta el día de hoy. El ‘Avilés Alquila’ fue un plan pionero en España que se creó en ¡2012! para dar seguridad a propietarios e inquilinos: 762 contratos de alquiler, con precios que llegaron hasta los 600 euros. Un plan hoy a la baja por la brutal subida de precios en el alquiler que ‘invita’ a los propietarios a arriesgarse en busca de una mayor rentabilidad. El Ayuntamiento de Avilés creó también un plan de ayudas de acceso a la vivienda y a las familias: 728 este año, con una cuantía de 646.728 euros, destinadas al alquiler (461.628), a gastos de electricidad, agua y gas (50.800) y a 311 ayudas a propietarios (134.299 euros). La Fundación San Martín ha presentado un plan para 2027 de más de dos millones de euros para el acceso a la vivienda y ayuda a las familias.
En el debe, del que nadie quiere hablar en serio, ni el equipo de Gobierno municipal como principal responsable, ni tampoco la oposición, es la escasez de vivienda nueva, debido sobre todo a la inacción para poner en el mercado suelo que lleva parado desde hace casi veinte años. Ejemplo: el plan del Gaxín, que contempla más de tres mil viviendas.
Quedan otros muchos aspectos que analizar: acceso de los jóvenes, sueldos, formación, vivienda vacacional, precios disparados y consecuencias. Y también de eso se puede hablar en Avilés (incluso bien y sobre ello habrá que volver) si se quiere hacer un análisis mínimamente riguroso del problema, que va mucho más allá de señalar dos decretos ley que ni siquiera han entrado en vigor, como acaba de hacer la Cámara de Comercio de Avilés.