La SEPI se olvida de la rentabilidad social a la que también está obligada y deja en el aire la continuidad de los treinta trabajadores del economato de Llaranes

Este país asiste en los últimos tiempos a una carrera desenfrenada entre la realidad y la propaganda,  que aplicada al mundo económico y el laboral amenaza con sumir a toda la sociedad en un estado de desconcierto y de duda permanentes. Raro es el día en el que el Gobierno no nos bombardea con nuevos datos que nos hablan de la recuperación de la economía y de la bajada del paro, como los dos símbolos más destacados de su gestión. Pero luego la realidad se da de bruces de forma casi desesperada con esos datos cuando cada uno de nosotros es capaz de observarlos al lado de casa, sin necesidad de ir más lejos: más desigualdad, más pobreza, sueldos más bajos, abusos por todas partes  y una realidad laboral en la que habitualmente las empresas ganan y los trabajadores pierden.

La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales creada en 1995 para gestionar las participaciones empresariales de titularidad pública, tiene entre sus exigencias fundacionales la de combinar la rentabilidad económica y la social. En Avilés es una sociedad sobradamente  conocida por ser la heredera y usufructuaria de los activos ‘ociosos’ de la antigua Ensidesa tras el cierre de la cabecera siderúrgica. El PEPA o el suelo de las baterías de cok cuando se cierren son dos buenos ejemplos de su generosa cartera de activos.

Uno ha sostenido en el tiempo, desde el Plan de competitividad de la siderurgia de 1992, que todo lo que controla la SEPI_en Avilés es ‘propiedad’ de la ciudad, porque a fin de cuentas fue lo que recibió casi como única compensación por una reconversión que en sus primeros párrafos ya daba cuenta de 9.707 excedentes iniciales, la mayoría pertenecientes a la planta de Avilés.

Por eso no deja de sorprender en estas últimas fechas el egoísmo de la SEPI –en vista de su silencio delator– en relación a la situación que se vive en estos momentos con el antiguo economato de Ensidesa en Llaranes, en donde una treintena de trabajadores ven amenazado su empleo simplemente porque la SEPI se ha puesto de perfil con el único objetivo de hacer caja, olvidándose  en este caso de su obligación de buscar la rentabilidad social, no sólo la económica.

Hagamos memoria. El economato de Llaranes fue objeto de un convenio de arrendamiento con la familia Osoro, propietaria del Grupo IFA,  que más tarde lo vendería al grupo holandés Unigro, propietario a su vez de la cadena El Árbol. Aquel contrato fue seguido de cerca por los sindicatos, en concreto por el comité de empresa de Arcelor, y se puede decir que fue modélico porque aseguraba el servicio y, lo que es más importante, generaba una treintena de puestos de trabajo, ya que los antiguos trabajadores del economato de Ensidesa fueron absorbidos por la propia compañía siderúrgica. El convenio recogía además otra serie de ventajas, como el de contemplar un descuento en las compras que hicieran los trabajadores de Arcelor, mantenido hasta hoy.

Pero sin duda lo más importante fue la creación de esos treinta empleos que se han mantenido durante los últimos 22 años, y que ahora han sido puestos en un brete al anunciar la SEPI que hay una nueva empresa que se va a hacer cargo del economato, pero sin la obligación de subrogarse en la plantilla, simplemente porque ese requisito no figuraba en los pliegos de adjudicación del servicio. Es decir, la SEPI quiere más dinero por el arrendamiento del local, que es de su propiedad, mientras la nueva empresa adjudicataria quiere entrar con las manos libres para poder contratar una plantilla nueva que le saldrá más barata al no tener que hacer frente a los costes de unas nóminas en las que figuran lógicamente aspectos como el de la antigüedad.

Esto sí es el reflejo de lo que está pasando en este país en las relaciones laborales, no la propaganda a veces hasta grosera que inunda los telediarios. Los derechos adquiridos a veces después de años de reivindicaciones y de lucha sindical se quedan en papel mojado gracias a esas reformas laborales que llegaron al parecer para salvarnos a todos, aunque sus efectos vivíficos hayan ido a parar fundamentalmente a una de las partes en contienda, sin que haga falta señalar.

Es cierto que hay diferentes criterios sobre la subrogación de las plantillas cuando una empresa se adjudica un servicio que venía siendo prestado por otra. Frente al criterio a favor, matizado, de la Sala Social del Tribunal Supremo hay otros organismos que se oponen, como el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales respecto a la subrogación en la contratación pública. En cualquier caso, no se entiende demasiado bien que la SEPI se disponga a hacer negocio con el economato, olvidando su obligación social con el territorio en el que desarrolla su actividad, en este caso Avilés. La SEPI y la nueva empresa adjudicataria ganan y los trabajadores pierden. Así de sencillo, cuando lo lógico es que el pliego de condiciones para realizar el nuevo contrato de arrendamiento debiera de contener la obligación de la subrogación de la plantilla. ¿Menos beneficios para la SEPI y para la nueva empresa? Sí. Pero a cambio se mantendrían treinta empleos y se aseguraría que treinta familias iban a poder seguir adelante.

Uno tiene la sensación de que ni los sindicatos –y en concreto el comité de Arcelor– ni la clase política han estado a la altura de la circunstancias para mostrarse exigentes ante la SEPI. Aquí los únicos que han respondido, y de qué manera, han sido los propios trabajadores y el barrio entero de Llaranes-La Espina, que ha salido en tromba a apoyar a unos empleados que todo el mundo conoce por su nombre y apellidos. Y mientras, la SEPI se ha olvidado de que sus activos «le pertenecen» a Avilés. No hace falta volver a recordar porqué.

Y, por si acaso, un aviso a navegantes. Al margen del papel de la SEPI en facilitar todo lo relacionado con el suelo de las baterías de cok cuando estas se apaguen, la ciudad, Avilés, de nuevo los sindicatos, la clase política y la sociedad en general deberá situarse en la exigencia máxima para saber qué va a suceder con los excedentes laborales de esa instalación. ArcelorMittal ya se ha adelantado para anunciar que no habrá problema con su plantilla, que será recolocada sin mayores esfuerzos. Pero no nos engañemos: las baterías tienen decenas de trabajadores de empresas auxiliares y de servicios que se pueden quedar en la calle cuando se cierre el último horno de esa instalación.

Hay tiempo suficiente por delante para diseñar y aprobar un plan de recolocación de esos excedentes al que deben responder la propia ArcelorMittal, la SEPI y hasta las administraciones regional y nacional.

Y ello porque nadie debería olvidar que Avilés ha sido un ejemplo modélico en este país cuando tuvo que asumir los excedentes laborales de otras empresas y hasta de otros sectores que poco o nada tenían que ver con la siderurgia. Y lo hizo sin el más mínimo atisbo de rechazo a ningún trabajador desplazado aquí. Al contrario, todo fueron facilidades, como reconocieron siempre los propios interesados. ¿Hará falta recordar los excedentes del sector naval de Gijón o los más cercanos de las factorías vascas de Arcelor que fueron recolocados en las instalaciones siderúrgicas de Avilés?

Vamos a ver qué es lo que sucede en un futuro que está ahí, mañana mismo, aunque viendo estos días el comportamiento de la SEPI con el economato de Llaranes mucho me temo que, una vez más, esta ciudad, esta comarca, vuelva a ser la gran olvidada y la que se disponga, también aquí, a poner la otra mejilla para que se la partan.

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el día 11 de febrero de 2018