El anquilosamiento burocrático de la Administración amenaza el empleo mientras la clase política se entretiene y se justifica con debates intrascendentes

Este periódico se hizo eco el pasado jueves del riesgo que corría la ampliación en Avilés de la actividad actual de CSC (Computer Sciences Corporation, multinacional norteamericana de Tecnologías de la Información que el viernes cotizaba en la Bolsa de Nueva York a 46,59 dólares) debido a la aparente inacción de Sepides-Sociedad Estatal de Participaciones Industriales –propietaria del PEPA–, que en tres meses «no ha movido un papel» para acondicionar la nave que le fue ofertada a CSC para que pudiera seguir ampliando su negocio en Avilés.

Sede central de CSC en su actual emplazamiento del PEPA. Foto: Marieta.

La importancia de empresas como CSC en Avilés ha sido ya tan analizada, al menos desde estas páginas –en donde se descubrió su presencia y su potencialidad cuando en 2003 «aterrizó» en una nave modular para dar servicios informáticos a DuPont–, que no merece la pena insistir en ello. Hoy, acercándose al millar de empleos cualificados, con un edificio en la entrada del PEPA que es emblema del Avilés del presente y del futuro, necesita ampliar instalaciones y Sepides se comprometió a acondicionar un edificio que permitirá a CSC realizar esa ampliación con naturalidad –pegada a su sede– y con un amplio margen de maniobra pensando en el futuro. Hace más de tres meses salieron a licitación esas obras. Pero en Sepides, «es agosto, son vacaciones, llame en septiembre». Respuesta dada a este periódico al otro lado del teléfono. Con la Administración hemos topado. Nada nuevo.

Nada nuevo desde luego en una ciudad que tiene a uno de sus grandes empresarios industriales, líder mundial en su sector, pendiente, más de dos años después, de que la Administración le «dé de paso» el informe de impacto medioambiental para utilizar una parcela, en la margen derecha del puerto, pegada a Alcoa, en donde poder rematar las piezas antes de su embarque. Una parcela por la que está pagando de alquiler la cantidad de 240.000 euros anuales. Un grupo que mueve en el puerto de Avilés cerca de cien barcos al año. Pero otra vez los trámites administrativos, sus tiempos, son los que deciden.

¿Se puede permitir este país, con un paro superior al 20 por ciento, que en el caso de los menores de 25 años se eleva al 45 por ciento, el lujo de una Administración anquilosada, que no da respuesta a las necesidades ni de los empresarios ni de los ciudadanos en general? Una Administración semiparalizada por unos funcionarios que tras la corrupción galopante a la que asistimos han optado por el camino más sencillo de no complicarse la vida, bajar los brazos y dejar pasar el tiempo. Preferible no mover un papel, «por si acaso». Una situación que nos lleva a la parálisis de la actividad política y con ello a la merma de la capacidad de nuestros políticos para desarrollar el trabajo que tienen encomendado, que no es otro que el de buscar el mayor grado de bienestar general en todos los aspectos que afectan a las personas.

Pero hay otro problema añadido. ¿Qué hacen nuestros representantes políticos para tratar de modernizar una Administración que lleva años y años demandando una reforma en profundidad para hacerla más ágil, más pegada a los problemas cotidianos, en definitiva, más eficaz? La respuesta búsquenla en los programas de todos y cada uno de los partidos políticos en cada convocatoria electoral. O en las iniciativas que tanto el PSOE como el PP, en cuanto partidos de gobierno, han sacado adelante en ese sentido. Nada.

Merece la pena poner dos ejemplos cercanos. Avilés, como otros ayuntamientos en Asturias, optó este año por paralizar los planes de empleo ante la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las administraciones locales, que en su día –y está todo bastante reciente– tuvo que afrontar indemnizaciones millonarias por sentencias judiciales que avalaron que determinadas personas beneficiarias de esos planes de empleo entraran por la puerta de atrás a formar parte de las plantillas municipales. El balance de este año en Avilés, al suspenderse esos planes de empleo, es que 80 personas se han quedado sin un puesto de trabajo por espacio de un año, mientras más de dos millones de euros se han quedado en el limbo. Con el agravante de que seguramente una mayoría de esos posibles beneficiarios se pondrán ahora a la cola del Principado para solicitar el salario social de 400 euros. Como se puede observar, un «negocio» redondo para las administraciones regional y local. Y una nueva decepción para los cientos de personas que aspiraban a esos empleos.

«El Principado estudia un reglamento marco para los contratos de los planes de empleo» (ante los problemas jurídicos que plantea su ejecución). El titular es de LA VOZ DE AVILÉS. Fue publicado el 27 de octubre ¡¡¡de 2010!!! Seis años. Nada que añadir.

Segundo ejemplo de esa acción política que nos lleva a ninguna parte. La Junta General del Principado tiene abierta una comisión de investigación sobre las listas de espera en la sanidad pública, un formato que confiere al trabajo de esa comisión un enfoque más cercano a la celebración de una causa general contra uno de los patrimonios sociales más importantes: el sistema sanitario público. Un sistema que cuenta con una altísima valoración entre la población por el indiscutible efecto de equilibrio social que representa un modelo de atención sanitaria de acceso universal, en el que nadie quede excluido por carecer de recursos, máxime en un tiempo de crisis en el que la brecha social ha avanzado de forma vertiginosa. Los partidos políticos de la Junta General han ido una vez más a lo suyo, a una puesta en escena y a los resultados de una comisión de investigación más, que en el caso precedente del Niemeyer fueron patéticos. Algunas de las sesiones que se han podido ver hasta ahora en la comisión de las listas de espera llevan el mismo camino.

Mientras tanto, a ninguno de esos partidos que impulsaron esa comisión se les ha ocurrido plantear que hubiese sido mejor crear una de estudio de expertos, que nos diera a todos las claves de la realidad de ese servicio público y las medidas que habría que adoptar para garantizar la sostenibilidad de ese sistema sanitario ante la enorme presión que supone la avanzada edad media de la población, la aparición de nuevos medicamentos, cada vez más eficaces, pero también cada vez más caros, y las terapias biológicas que están consiguiendo devolver una cierta calidad de vida a personas que hasta hace poco lo daban todo por perdido en sus dolencias. Igual es pedir demasiado para una clase política que definitivamente se ha creído que «sus» problemas son los problemas de la sociedad. Sólo hace falta ver los telediarios.

¿Reforma de la Administración? Por favor, no molesten. Vacaciones. Vuelva en septiembre.

Publicado en La Voz de Avilés-El Comercio el 14 de agosto de 2016