Estamos en plena campaña electoral, a pocos días de la cita con las urnas del próximo 24M y la incertidumbre sobre los resultados parece mayor que nunca. Todo indica que la próxima legislatura va tener que fraguarse a base de alianzas y yo lo único que escucho a las candidatas y candidatos cuando son preguntados sobre este asunto es la exclusión de pactos con una u otra fuerza política ( si no con todas) .
Si miramos a los resultados de las pasadas elecciones andaluzas, que bien pueden ser una especie de indicador premonitorio de lo que va suceder el 24M, podemos extraer una conclusión objetiva: falta absoluta de flexibilidad en nuestros representantes para gobernar en clave del mandato extraído de las urnas. Si la ciudadanía no se decantó por darle la mayoría absoluta a ningún partido para que gobierne en solitario , parece obvio que la única manera de respetar ese mandato electoral es a través del pacto . “Las democracias actuales , en sociedades pluralistas que ensalzan la autonomía de los individuos , no pueden basarse solo en la imposición de la voluntad de las mayorías sobre las minorías – ni al contrario, desde luego-” (Javier Malagón) .
Por desgracia -y me refiero solo a este aspecto- los políticos no parecen ser muy distintos del resto de ciudadanos de “a pie”. La dificultad para pactar , para escuchar “al otro”, para empatizar y para aparcar las diferencias en pro de ese intangible “bien común” no es patrimonio exclusivo de nuestros representantes .
¿ Qué coste tiene esto para el contribuyente?
Si examinamos las consecuencias y el coste económico de la incapacidad por parte de los candidatos electos de encontrar soluciones integradoras podemos encontrarnos -sin salir de Asturias- con ejemplos como el acontecido en 2011: la necesidad convocar de nuevo elecciones solo un año después de los comicios, ante el panorama de ingobernabilidad que deparó el resultado de las urnas, que no dieron una mayoría clara a ningún partido. Si ponemos la atención en el coste y las consecuencias que tiene para el contribuyente la incapacidad de las personas físicas -de la gente ,como tú y como yo- a la hora de buscar soluciones integradoras en sus conflictos privados -divorcios, herencias, desacuerdos vecinales, etc.- judicializando asuntos ,que por su naturaleza bien podrían resolverse a través de la mediación -con todas las garantías de equidad y justicia- sin poner en marcha la costosa maquinaria de los Tribunales veremos la alta rentabilidad económica de la mediación -aunque los costes aún más importantes, a mi juicio, que se reducen en estos casos son los emocionales-.
Para resolver estos conflictos entre particulares – extensivo a los conflictos en empresas o entre particulares y Administración- la ciudadanía cuenta con los servicios de los profesionales de la mediación. Para que los políticos se pongan de una vez por todas a trabajar de forma colaborativa al servicio de la ciudadanía es necesario un cambio cultural y de paradigmas, en el que “lo bueno” no venga dado por “lo mío”, sino por el acercamiento de posturas a través del diálogo. Quizá a la mediación le cuesta tanto despegar en este país porque ese cambio cultural aún está por venir, y los políticos no son más que el reflejo de la sociedad en la que vivimos.
Saber -como sé con absoluta certeza- que esta cultura del diálogo y la mediación es el lenguaje que “hablan” cada día miles de escolares en nuestros centros educativos me hace creer que los políticos del futuro serán capaces de comunicarse en este “idioma”. Exijámoselo nosotros a los políticos del presente.