Suele decirse en estos casos que no hay detrás motivos políticos, sino técnicos. Personales, en muchísimas ocasiones. Cabría añadir, también, judiciales: así, punto por punto, ha sido la cascada de explicaciones tras el enésimo cese accidentado en la cultura asturiana, el del hasta el pasado lunes (¿o el anterior?) director de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Óscar Abril Ascaso.

Abril había llegado hace cosa de un año al centro gijonés, escogido por un equipo y refrendado por un gobierno que lo ha puesto en la calle aduciendo una desconcertante «falta de confianza mutua» para llevar a cabo su cometido. A renglón seguido de estos motivos técnicos, aquello de que no hay motivos políticos. Y, finalmente, el factor judicial: Abril ya ha presentado una demanda por despido improcedente.

Algo pasa no ya en Laboral —que suma, con Abril, cuatro directores en menos de ocho años de vida— sino con la cultura pública en esta región, en la que cuesta encontrar la foto del reemplazo amistoso, fluido y sereno entre directores de instituciones culturales.
Basta hacer un repaso a los ceses y nombramientos de esta accidentada legislatura que termina (contando desde las elecciones autonómicas y  municipales de 2011) para observar la inquietante coincidencia: enero de 2012, cese fulminante de José Luis Cienfuegos al frente del Festival Internacional de Cine de Gijón. Despido, bronca, juicio(s). Centro Niemeyer, por esas mismas fechas, ídem. Y con bola extra, en forma de comisión de investigación parlamentaria. Museo etnográfico de Grandas de Salime, en 2011: juicio, visto para sentencia este mismo mes. ¿Nombramiento de director para el Museo de Bellas Artes de Asturias en 2013? Bueno, un insulso intercambio de cartas y agrias discusiones más o menos públicas.

Podría argüirse que son casos muy distintos entre sí, pero el patrón se repite una y otra vez: el gestor es declarado no adecuado y la situación, entonces, toma la senda de los juzgados o tribunales en la jurisdicción más apropiada. Hay para elegir, desde lo laboral hasta lo penal, pasando por lo contencioso-administrativo.

El caso de Laboral es especialmente clamoroso porque, más que dar la impresión de que este desfile de directores no obedece al brujuleo político da la sensación de que responde, en cambio, a una doble política mucho más peligrosa: aquella que atañe a la cosa pública por un lado y otra, más opaca, que rige lo específicamente cultural.

No se trata de señalar culpables ni de sacar colores, porque esta agitación sistemática afecta a todos los partidos y a todos los niveles (municipal, autonómico y nacional, y aún agradeciendo que no haya diputaciones en medio). Así que, excluida la personificación, solo caben tres explicaciones posibles: una, los procesos de selección están mal diseñados; dos, la cultura es un imán para la incompetencia y la trapacería; o tres, aún no se ha entendido que la cultura es algo sagrado, institucional y en palabras del director de cine J.A. Bayona «cuestión de estado».

Voto por la tercera, visto que siguen siendo habituales los nombramientos y ceses de cargos técnicos (como la dirección de un museo o de un teatro o de un festival) en función de criterios de toda clase, pero que nunca, o casi nunca, se asientan en pliegos de condiciones precisos, públicos y cristalinos. Es decir, casi nunca se producen por acontecimientos o comportamientos que no fuesen conocidos en el momento de firmar el contrato inicial. Es inquietante y el remedio no es sencillo, pero sí evidente: más cultura y menos política(s). Y menos jueces, por favor.

[Este artículo apareció publicado originalmente en la edición impresa de El Comercio del día 22 de febrero de 2015.]