Ocurrió, en una ocasión de tantas, que en una empresa se convocó un concurso de acceso con poquísimas plazas disponibles. Uno de los participantes era familiar del director general, que desde su despacho en la planta noble levantó el teléfono y preguntó al responsable del proceso de selección con más bien poco tacto: «¿Va a a pasar las pruebas, verdad?» El examinador le dijo: «Por supuesto.» El director general ya estaba satisfecho, cuando el examinador añadió: «Pero porque es tan brillante que va a hacer las pruebas de diez». Alarma: «Pero ¿las va a pasar, verdad?»

Algo así describe el informe de la Sindicatura de Cuentas de Asturias sobre la fiscalización de subvenciones —concedidas en 2013— hecho público esta semana: el ayuntamiento de Gijón, el de Oviedo y el de Avilés incumplen sistemáticamente la Ley General de Subvenciones. ¿Por obviarla? No, sencillamente porque ninguno de los tres tiene un plan general para controlar esta herramienta. O sea que, aunque todo fuese transparente, legal, prístino y adecuado, ni lo sabemos ni lo llegaremos a saber. Sea cual sea el método elegido, las subvenciones en Asturias no tienen control.

En el de Gijón, todas las subvenciones nominativas (las directas) carecen de un informe adecuado a la ley que recoja su objeto —lo cual las convierte en dedazos a secas—, y la sindicatura denuncia que en el resto, las que salen a concurso, «en la práctica se utilizan subcriterios que no son conocidos para los potenciales beneficiarios». O sea, un examen sin baremo. En el de Oviedo, el porcentaje de subvenciones nominativas que no cumplen la normativa baja al 88%, pero se indica que el 80% del total de subvenciones son concedidas de forma directa y las restantes —a concurso—, sin un baremo claro en la concesión de puntos. En el de Avilés, lo mismo, aunque «solo» el 69 % de las nominativas incumple la normativa. El 18% que salió a concurso público, de nuevo, lo hizo «sin criterios de concesión perfectamente delimitados».

Es decir, que tecnicismos aparte, todas las subvenciones gestionadas por los tres mayores ayuntamientos de la región pasan antes por un despacho, por un telefonazo así, que por un examen. Y, visto que la inmensa mayoría de las subvenciones nominativas se conceden a instituciones o actividades conocidas, arraigadas y «populares», la imprecisión del procedimiento hace suponer que las subvenciones son consideradas en la idiosincrasia política como un bien efectivamente político. Un bien que cada gobierno tiene potestad para conceder a quien estime oportuno y en cuyo camino solo se interpone una molesta ley que genera papeleo, quebraderos de cabeza y que no hay más remedio que circunvalar allá donde sea posible.

Seguro que las intenciones son buenas y las elecciones, adecuadas, en esta región yerma en iniciativas subvencionables: igual que el brillante familiar de nuestro director general. Pero nunca llegaremos a tener la certeza total si tenemos que fiarnos del buen criterio de quien lidera un equipo o área de gobierno, de ese telefonazo: el acervo cultural, la gente conocida y en último término las sensibilidades de la concejalía de turno son, desde luego, criterios muy chatos para ayudar a que otros, los nuevos, los desconocidos, se abran camino o sencillamente para que los que ya estaban no se apoltronen.

Porque aquel chico era realmente brillante, me contaron. E hizo las pruebas muy bien… Pero no tanto como para pasar el proceso. Hoy, ni él ni el director general están en la empresa.

[Este artículo apareció publicado originalmente en la edición impresa de El Comercio del día 22 de marzo de 2015.]