En funciones es la serie de artículos de opinión que, cada domingo desde noviembre de 2014, aparecen en la sección de Cultura de la edición impresa de El Comercio, y cada lunes siguiente, aquí.

Aquel viernes de diciembre de 2013, Aarón Zapico, profesor en el conservatorio de Oviedo, tenía permanencia —una jornada laboral sin clases—. Tenía que salir antes de tiempo, un par de horas antes del trabajo, en el último día antes de las vacaciones de Navidad. Se dirigió a la administración para pedir un permiso. Se lo denegaron: si salía antes, debía renunciar a su plaza como profesor de clave. ¿El motivo de los novillos? Cruzar la plaza de la Corrada del Obispo, doblar la esquina a la derecha y entrar en la catedral: Tenía que dirigir a la Orquesta Sinfónica del Principado en el Mesías de Haendel en la catedral.

Este año, Aarón —el mayor de los tres hermanos que integran el núcleo de Forma Antiqva— ni siquiera ha solicitado una plaza a la que sabe que tendrá que renunciar dentro de un mes, o de dos, en cuanto tenga que dar un concierto que interfiera con su labor docente. Y como él, tantos otros: en Asturias, quienes interpretan y enseñan tienen que hacer malabarismos, a menudo meterse en un insondable pozo administrativo y, casi siempre, acabar renunciando a la docencia reglada.

Esta misma semana, él no ha sido el único atropellado por la desidia política en la enseñanza de artes —musicales, en este caso— en el Principado: al filo de los plazos, la Consejería publicaba los destinos de los profesores interinos para este curso, recibiendo diecisiete de ellos, por error, plaza en el conservatorio de Oviedo cuando deberían cubrirse en el de Gijón. Un error lo tiene cualquiera, pero en lugar de arreglarlo con la máxima presteza, lo que ha seguido es un sainete de tintes informático-administrativos y el consiguiente anuncio, por parte de la Consejería, de que no se subsanará hasta mediados de septiembre, en segunda convocatoria. Esto significa que los diecisiete profesores no podrán realizar los exámenes de septiembre. O que el alumnado tendrá diecisiete profesores menos.

Por mucho que este proceso se ajuste punto por punto a la legalidad, el resultado es un desconcierto generalizado entre quienes quieren aprender música; unos mecanismos oxidados, y de dimensiones soviéticas, que escamotean cualquier control de calidad; y, sobre todo, una carrera de obstáculos para quien quiera y pueda enseñar: porque las plazas publicadas in extremis, a diez minutos de empezar el curso, pueden conllevar mudanzas y traslados de ciudad de la noche a la mañana.

En España, la enseñanza musical de todos los niveles es como un preadolescente entusiasta atrapado en el cuerpo de un anciano achacoso, de uno que se mueve con dificultad y que no cuenta con ayuda: no puede ser que se castigue la trayectoria profesional, o la experiencia, o la voluntad, o la juventud, o el entusiasmo, cuando son el mayor de los tesoros para un alumno que empieza: ¿Qué mayor acicate hay, para el que duda de sus capacidades, para el que no quiere practicar, que saber que algún día podrá tocar en salas de conciertos o en orquestas o en televisión? ¿Qué mejor ánimo y ejemplo que el que sale del aula, del propio conservatorio?

Lo más sangrante de todas estas situaciones es que han resultado en toda una generación —y vamos camino de la segunda, o quizás de la tercera— de músicos frustrados, si no mediocres, salvo un puñado de obstinados o afortunados que acaban por sobrevivir a un sistema tan injusto como aparatoso. Y lo más sangrante es que ellos, los que llegan a la otra orilla en una milagrosa alineación de apoyos voluntariosos, figuran en lo más alto de la lista de hitos de una política cultural, y educativa, que ya lleva demasiado sin hacer nada por ellos.