En funciones es la serie de artículos de opinión que, cada domingo desde noviembre de 2014, aparecen en la sección de Cultura de la edición impresa de El Comercio, y cada lunes siguiente, aquí.

Morir con las botas puestas no es una opción. No, al menos, cuando uno es Premio Nacional de Poesía, premio Cervantes y premio Reina Sofía: al llegar a la edad de jubilación, llegan también las rebajas y es prácticamente obligatorio dejar de escribir. O, al menos, se hace obligatorio dejar de cobrar por ello.

Lo supimos el pasado viernes a través de estas páginas, en una información de Vanessa Gutiérrez relativa al poeta ovetense Antonio Gamoneda. Gamoneda se plantea dejar las letras porque, al parecer, la reforma de las pensiones de 2011 impulsada por el Partido Popular le impide compatibilizar su oficio con el cobro de una jubilación, habida cuenta de que esa actividad le reporta más que el salario mínimo interprofesional (unos vergonzosos 9.000 euros anuales, a todas luces indignos para cualquier trabajador, sea calderero o violinista).

No es la primera vez. El año pasado, ocurrió algo similar con los figurantes mayores de 8 apellidos catalanes, la exitosa secuela de 8 apellidos vascos: la Seguridad Social lanzó una andanada de cartas advirtiéndoles de que se iban a revisar sus casos meticulosamente y que corrían el riesgo de que el (exiguo) estipendio de participar en un taquillazo entrase en conflicto directo con sus pensiones.

Es un acto de ceguera casi obsceno, en cualquiera de los dos casos, estimar no solo que la pensión por jubilación es suficiente, sino que queda «prohibido» completarla con las cuatro perras adicionales que puede aportar alguna tarea artística. En el caso de los figurantes, por echar unas risas; en el caso de Gamoneda, por ponerle en la tesitura de tener que elegir entre dejar de publicar (cosa que ha hecho toda la vida) y dejar de cobrar por ello (cosa insultante para cualquier profesional del ramo).

Seguramente, esta situación se da en muchas otras profesiones, aunque las nuestras tienen mucha más visibilidad. Con todo, lo sangrante de las artes en particular es que somos prácticamente el único país de la eurozona que no contempla las particularísimas circunstancias de los oficios artísticos en su legislación fiscal ni laboral. Es decir, sin hablar ya de asfaltar el camino y subvencionar hasta las cejas las actividades creativas, ni siquiera se atiende la petición de pensar en ellas durante más de veinte segundos y tratarlas con justicia.

En Francia, por ejemplo, cualquier profesional de teatro cuenta con un régimen de intermitencia que le garantiza la posibilidad de cobrar el paro en esas semanas o meses «valle» que tiene, forzosamente, una profesión estacional; en Reino Unido, la tasa de autónomos es una broma al lado de la que se paga en España. Y así en todos los países, en todos los que, de nuevo, ni siquiera han decidido apostar por la cultura, sino evitar meterle palos en la rueda.

Hablamos ahora de Gamoneda porque tiene todos los galones posibles; de los jubliados de ocho apellidos porque han participado en una película de primera magnitud, pero igual que de ellos, podríamos hablar de las hordas de chavales que pretenden poner en pie una banda y odian adaptarse a los dictados de las radiofórmulas (esto es, tocando en salas pequeñas a menudo repletas) o de los escritores con alergia crónica a los «trepidantes thrillers» urdidos a la medida del premio literario de moda.

No es cuestión, una vez más, de aportar volquetes de dinero: es solo cuestión de pensar, brevemente, que también tenemos artistas pensionistas. Y potenciales.