En funciones es la serie de artículos de opinión que, cada domingo desde noviembre de 2014, aparecen en la sección de Cultura de la edición impresa de El Comercio, y cada lunes siguiente, aquí.

Dmitry Ryboloblev era un oligarca ruso, millonario como un estereotipo, que se mudó a Suiza hace veinte años. Cuenta la anécdota, recogida por el New Yorker, que cuando se compró la mansión correspondiente en el mejor barrio de Ginebra descubrió que el anterior propietario la había acondicionado para su colección de arte. Por eso, ya que había unos apliques en la pared, estimó que era el momento de comprar alguna cosita para que le diese la luz y no desperdiciarlos. Como no tenía mucha idea, acudió a la esposa del dentista de su mujer para que le hiciese las gestiones oportunas. Al punto, se decantó no por un póster de alguna película de Tarantino o por una marina de tres al cuarto, no: Aunque no le sonaba ni de oídas, acababa de adquirir Le Cirque, de Chagall, por seis millones de dólares para que hiciese bonito en el salón.

Nadie duda de lo que un chagall puede costar, pero en este caso resulta bastante obvio que gastarse seis millones en él equivale a hacerse una tortilla con caviar y regarla con kétchup. Sobre esto mismo reflexiona un estupendo documental de 2006, Who the fuck is Jackson Pollock? (¿Quién coño es Jackson Pollock?): esa es precisamente la pregunta con la que arranca la historia de una camionera que, por accidente, acaba teniendo lo que quizás sea un pollock en el salón. Por cinco dólares. A partir de ahí, una cruzada por saber si las manchas sobre el lienzo son genuinas o imitaciones, sin método científico que valga para acreditarlo y sin más argumentos que los aportados por expertos en Historia del Arte. A la buena señora, en cualquier caso, le parecía un horror.

Así, el mercado del arte es el mejor para ejemplificar un mal endémico, y uno que últimamente tiene contra las cuerdas judiciales a no pocos políticos españoles: que si aeropuertos, que si loterías, que si obras de arte, que si sobrecostes… El último, ayer mismo, cuando en las páginas de este periódico Ana Moriyón devolvía al primer plano el misterioso caso de la web electoral de Isabel Pérez-Espinosa, del PP, para su campaña de 2011: con motivo de la declaración de Mercedes Fernández en el juicio por el caso Pokémon, recordamos que una empresa de comunicación facturó 25.000 euros por hacer esta página, mientras que off-the-record se reconocía que no valía ni una octava parte.

Aunque en este asunto concreto las sombras de corrupción son evidentes, tenemos otros casos de servicios artísticos, creativos o literarios de dudosa tarificación a mansalva, o, al menos, poco establecidos. Por ejemplo, cuando en 2009 el Principado sacó a concurso la traducción al asturiano y al inglés de su portal informativo, lo hizo con un presupuesto tope de 600.000 euros (IVA excluido), a razón de 200.000 euros al año, a razón de 547 euros al día. (El presupuesto adjudicado para los servicios de traducción jurídica al español para toda la administración de justicia asturiana otorgado en 2015 es casi una cuarta parte.)

El problema de todo este maremágnum poco regulado y sin colegios de ninguna clase (solo los periodistas han hecho un esfuerzo en este sentido) es que resulta en una liberalización desbocada, opaca y sin apenas criterios técnicos que establezcan qué, cómo o por qué contratar a un traductor, comprar un cuadro o subvencionar un concierto de rocanrol, tanto en la esfera pública como en la privada: no sabemos cuánto cuesta nada porque tan pronto una web vale 3.000 como vale 25.000; y traducirla, cinco veces lo que costó hacerla. Y salvo debacle, viaje subvencionado o causa judicial, así seguimos. Y seguiremos.