Cuando hace cuatro años los Bancos de Alimentos recibieron el Premio Príncipe de la Concordia se esforzaron en dejar muy clara una idea: ellos ayudan a la gente, no hacen política. Venía esto al hilo de que, en plena cresta de la crisis y con la mayoría del PP recién instalada, resultaba muy goloso conseguir que la organización emitiese algún titular en torno al latigazo de los recortes a los más desfavorecidos. No lo hicieron, por una sencilla razón explicitada por ellos mismos en la semana de la ceremonia de entrega: el objetivo tan solo era conseguir sumar. No querían pisar ningún callo.

Con Aldeas Infantiles, a la que ayer se otorgó el Premio Princesa de la Concordia 2016, posiblemente ocurra algo similar. El jurado ha tenido a bien otorgar el galardón a la matriz internacional, y no a la asociación española. En caso de que hubiera sido así, el foco podría desplazarse hacia un lugar bastante más espinoso que la pura celebración de la solidaridad: en España, Aldeas Infantiles es, en gran medida, un servicio público externalizado.

Presente en siete comunidades autónomas (entre las cuales no se encuentra Asturias), la organización cuenta con ocho «aldeas», esto es, enclaves en los que se crean entornos familiares para niños que, por cualquier motivo, carecen de ellos. Lo hacen siguiendo una serie de principios fundacionales y comunes a todas las Aldeas del mundo, pero lo hacen, también, siguiendo una mecánica muy particular: Aldeas Infantiles no elige a los niños a los que ayuda, sino que provienen derivados de los organismos públicos del lugar en el que trabajan. Así, como explican en su página web, son los servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente los que detentan la tutela de los niños, mientras que Aldeas Infantiles asume la guardia y custodia.

Esto se concreta en que la organización tiene suscritos los respectivos convenios, según los cuales el gobierno autonómico paga una cantidad determinada a cambio del «servicio» que prestan las Aldeas. De este dinero, la organización destina un 76% a su actividad directa, un 5% a su administración y el 19% restante a captación de fondos, socios, voluntarios, etc.

Es decir, la labor que aquí se premia es una espinosa, valiente y de especial relevancia en los tiempos en que vivimos —tal y como destaca el jurado—, dada la importancia del cuidado de los niños en situaciones de conflicto, catástrofe o crisis. El hecho, con todo, es que en España estas acciones se concretan tras el paso por el filtro de lo público, después de que la Administración haya priorizado y derivado a quienes más lo necesitan hacia la organización que mejor pueda atenderlos.

Igual que ocurre con otras muchas asociaciones que trabajan con otros muchos colectivos, hay que advertir (y aplaudir) el valor que tiene un trabajo en apariencia independiente y privado, pero que viene a cubrir las necesidades que el sistema no puede, no quiere o no sabe soportar. El debate está servido y, esperemos, avivado con este galardón.