Hace casi diez años, saltó un escándalo que sigue sin ser tal para la opinión pública: el Ministerio del Interior tenía contratadas, para tareas de traducción con cierto grado de seguridad, a personas con antecedentes penales. Esta semana, al fin, la Defensora del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada en julio por varias asociaciones de profesionales del ramo: en muchos juzgados de España (Asturias, entre ellos) no está garantizada la prestación del servicio de traducción por personal cualificado.

Coincide esta reclamación con el retorno del curso literario, en el cual predominan, en la sombra, no pocos traductores: sin ir más lejos, Volar en círculos, las memorias de John Le Carré, han aparecido esta semana en España simultáneamente a su lanzamiento mundial —y suponen el pistoletazo de salida a una jugosa selección de títulos extranjeros—. Cualquiera de los innumerables estudios realizados sobre este ámbito en España es desolador: el precio medio de la traducción literaria se sitúa en unos 3,6 céntimos por palabra, una cantidad irrisoria. Y en el caso de la especializada —la mejor remunerada, como la de los juzgados por la que ahora se lamentan las asociaciones—, los precios finales son muy superiores pero también hiperpoblados de intermediarios, con el consiguiente perjuicio para usuarios y profesionales. Al final, resulta que apenas la mitad de los traductores profesionales de España viven exclusivamente de su trabajo. Y un número elevadísimo no declara sus ingresos, dicen que por escasos.

Muchas voces, incluyendo el Ministerio de Cultura (que en 2010 publicó un Libro Blanco de la Traducción en España), lo achacan a la falta de visibilidad del trabajo: en la crítica nunca se comentan las traducciones salvo que sean una catástrofe; y en el caso de la ópera o del teatro, tan solo el crítico Luis Gago (que es, a la sazón, traductor) desliza algún comentario sobre los sobretítulos en sus textos. En general, de nuevo, cuando contienen errores.

Como oficio, es casi tan desagradecido como el de periodista o árbitro de fútbol: la labor se da por supuesta y solo se vuelve visible cuando se cometen fallos. El grado de tolerancia a la chapuza es, sin embargo, altísimo en España, donde se aceptan resultados mediocres siempre y cuando el precio sea más bajo; y donde, no nos engañemos, la cultura crítica sobre la traducción está en pañales: un número enorme de lectores cree que muchos de sus libros favoritos fueron escritos originalmente en español.

Esta deriva, infinita, ha terminado por alcanzar a las facultades (hasta hace apenas cinco años nos «regalaban» la acreditación de traductor jurado con la Licenciatura) y ha embarrancado, inevitablemente, en juzgados y servicios públicos: tan solo algunas instituciones de primer orden cuentan con traductores propios, mientras que la inmensa mayoría subcontratan el servicio sin supervisión efectiva en el mejor de los casos; y se lo encargan al mejor postor, en el peor.

Que esta queja sea aceptada a trámite es tan solo un pequeñísimo paso, pero sin duda uno que merece ser reivindicado y destacado a bombo y platillo: solo así es posible que desde quien se compra una lavadora y necesita consultar las instrucciones hasta el inmigrante que busca reconstruir su historial médico puedan tener garantizadas cosas que, de tan básicas, se dan por hechas. Y, justo por ese motivo conviene no olvidar que su existencia y buen hacer no se deben a la intervención divina, sino a un esfuerzo perpetuo y excesivo de una generación que aún espera ser reconocida.