Esta semana, con el baile de «la otra» comisión en el Congreso, la de Exteriores; y con la de más allá, la de Peticiones, quizás nos haya pasado algo desapercibida otra más: la de Cultura.

Esta semana, han comparecido ante esta Comisión el escritor Lorenzo Silva; el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón; y Belén Herrera, representante de la Plataforma Nuevos Creadores. De los tres, probablemente el testimonio de más peso y más interesante haya sido el de Silva, por la sencilla razón de que era el único que actuaba en su propio nombre y desde la experiencia, y por tanto no estaba sujeto al guión de instituciones, patronatos o asociaciones.

A lo largo de sus veinticinco minutos, Silva se dedicó esencialmente a defender los derechos de propiedad intelectual de quien se dedica a la escritura, pero también puso sobre la mesa, en la primera mitad de su intervención, una semblanza muy valiosa de su oficio y de su situación personal.

No hubo lamentos o quejas, aunque sí dejó claros dos datos que a sus señorías posiblemente les hayan sorprendido o, a lo peor, les hayan entrado por un oído y les hayan salido por el otro: primero, que como escritor profesional lleva abonada a las arcas públicas una suma «de siete cifras» —según él, muy superior a los ahorros que ha atesorado en dos décadas de carrera—. Esto tendría algo menos de importancia de no ser por el segundo detalle: que su profesión no existe. Al menos, fiscalmente hablando.

A efectos de la Agencia Tributaria, todo juntaletras cae dentro de la conocida categoría de «pintores, alfareros y ceramistas», puesto que no existe una de «escritor». No es vaguedad legislativa —hay categorías específicas para todos los niveles de artistas de circo, toreros, actores o realizadores cinematográficos—, sino por pura vagancia del ramo cultural y la protección de las instituciones a los creadores.

Silva no se quejaba especialmente de ser un pobre, sino que ponía el dedo en la llaga por los múltiples errores de salto que hay en la estructura fiscal y tributaria de los artistas y que, anunciaba, tantos disgustos han costado a tanta gente desde que estalló la crisis. Por no hablar de lo que la Agencia Tributaria en parte y la Seguridad Social, sobre todo, dejan de ingresar con impuestos abusivos a ingresos exiguos.

El caso es que esta semana también hemos sabido que el actor Carlos Olalla (un rostro para nada extraño, para nada principiante) lleva una semana pidiendo para comer en el Metro de Madrid. Llega la noticia poco después de aquel estudio que establecía que solo el 8% de los actores profesionales viven de su profesión, y que la mitad del resto no llega a 3.000 euros anuales: es decir, poco peso tributario, poca atención legislativa.

Uniendo las dos historias, el resultado es un panorama de las grandes ciudades rebosantes de escritores en ciernes y de actores ansiosos, pero que, con muchísima probabilidad, acabarán viviendo de otra cosa: el Premio Nacional de Poesía Joven Constantino Molla (se ha fallado esta semana) trabaja en un supermercado.

La gente como Silva aún plantea que esto puede dar más de sí. Han vivido mejores años, en los que los impuestos y cotizaciones eran un mal necesario (incómodo, pero necesario). Otros, los que han venido después, empiezan a dudar que sea posible, y más en la medida en que el Gobierno descuida estos flecos o evita estudiar e informar convenientemente de qué esfuerzos exigirá en cada punto de una carrera. Seguramente, algo así gozaría de más atención en la Comisión de Peticiones…