A pocas semanas de que la cuota de autónomos vuelva a subir, reptando paulatinamente hacia los trescientos euros mensuales, y con la vendimia musical veraniega recién abierta, se ha destapado la caja de los truenos: la SGAE y la Agencia Tributaria —cuando no la Audiencia Nacional— tienen mucho que ver en el florecimiento de varios esperpentos empresario-musicales para esta temporada primavera-verano.

La primera historia empieza a escribirse hace dos años, cuando el principal promotor de orquestas de romería en Galicia y Asturias recibió una acusación formal y pública de prácticas fraudulentas en su empresa. Se le acusa de un delito fiscal de proporciones futbolísticas. La instrucción por la primera de las cuatro causas que tiene abiertas se cerró este mismo mes con la petición de doce años de prisión y multas de en torno a cincuenta millones de euros. Aún quedan otras tres.

Casi simultáneamente, y ya en Asturias, Perlora tomaba la decisión de prescindir de su romería a partir del próximo año, puesto que la SGAE le reclama doce mil euros que había dejado de ingresar en concepto de derechos de autor durante los cinco años precedentes. Los responsables, a cuya boca acudió la palabra «mafia» en la amarga despedida, denuncian la asfixia a la que la entidad de gestión los tiene sometidos (aunque no pone en tela de juicio la legitimidad de la demanda, toda vez que todo es prístino y legal).

Como una sociedad de festejos no es una televisión, no contaban con la infraestructura necesaria para paliar «legalmente» la factura de la SGAE: así llegamos a la tercera historia, también de hace pocos días. En este caso, se trata de la Operación Rueda, que desde la Audiencia Nacional ha puesto sobre la mesa las técnicas empleadas en el seno de las televisiones para recaudar derechos de autor a espuertas. Las sospechas de la Policía se centran en la emisión, en las madrugadas televisivas, de refritos musicales trabados sobre piezas libres de derechos y vueltas a registrar por misteriosos personajes, con el único fin de que generasen derechos y así produjesen ingentes cantidades de dinero. Hubo dieciocho detenidos y constancia de que altos ejecutivos de entes públicos estaban al tanto. Dos grandes grupos mediáticos, por su lado, han reconocido que es una manera «legítima» de minorar el mordisco de la Sociedad General de Autores.

Todo esto ha ocurrido en menos de tres semanas, con la campaña recién inaugurada. Nótese que nuestras tres historias no hablan de los músicos ni de los autores; que ninguna versa sobre el advenimiento de nuevas tasas ni sobre el impacto en la forma de vida: que todas giran en torno al vil metal y a la gente (casualmente, ninguno músico) que se lucra o ha lucrado con la música de maneras, ahora sí, originalísimas. Los grandes damnificados en todos los casos son intérpretes; los grandes culpables, gestores o intermediarios o representantes.

A lo mejor todos estos episodios no son sino la constatación de que el modelo musical no funciona, o que está corrompido hasta el tuétano. Ejemplifican que una regulación tan coja como la que existe en España, en cualquier nivel administrativo, solo sirve para que los más avezados busquen la trampa, y para que los menos hábiles (o más preocupados por montar un grupo, una ópera o una romería) se acaben dedicando a cualquier otra cosa.

Qué difícil dar con una receta, revertir lo presente. Qué complicado —es la gran asignatura pendiente de los ministerios implicados— hincarle el diente a las artes que escapan a la cuadrícula acostumbrada. Y qué urgente, a la vez, es darle una buena sacudida.