Por la ventana abierta se cuelan los guajes jugando o la música sonando, y parece que el mundo no se ha acabado. Ya llevamos unos días con el escenario instalado en la Plaza Mayor de Gijón, con otro en la Laboral y más romerías, fiestas de prao y festivales que nadie, y el mundo sigue sin acabarse.

Incluso hemos visto cómo de Caravia a Salinas y de Gijón a Mieres la música, la folixa, el verano en definitiva se apoderaba de villas enteras sin mayores estragos. Entonces ¿por qué seguimos encallados en que en cuanto llegue el otoño se apague todo, se pare todo, se encierre en teatros y se limite a auditorios? ¿A qué ese invernal y extraordinario celo?

En las últimas semanas, los músicos asturianos han hecho un enorme esfuerzo explicativo para exponer qué piden, en qué circunstancias y lo urgente que es atajar las carencias, sangrantes, de música en directo. Así, ha quedado suficientemente claro que no se trata de blandir ideologías o de recuperar terreno conquistado a la paz vecinal, sino de encontrar el modo de que haya música (como la hay en estas fechas, y a nadie parece molestar) y surjan grupos, gaiteros, sopranos o performers por doquier.

Durante los últimos tiempos, el típico avinagrado vigilante de las esencias con tendencia a llamar a la Policía, ese que otea tras el visillo y jamás se aviene a dialogar, se ha puesto las botas. Han llovido multas en las situaciones más absurdas: denuncias por música amplificada a pocos metros de un macroconcierto, inspecciones de permisos por rencillas personales o, incluso, llamadas sistemáticas (hay documentados casos en que la Policía Municipal ha acudido, avisada por ruidos, a bares que estaban cerrados ese día).

Lo peor es que, ante estas intervenciones, la razón siempre la ha llevado quien procurase impedir un concierto. Ha sido muy complicado avanzar porque algunos de quienes consideraban injusta la normativa, con toda la razón, decidieron o tuvieron que saltársela en un momento dado, de manera que, al final, se acababan cargando de argumentos quienes se oponen tan fervientemente a acabar con esta ley seca. Y vuelta la mula al trigo: los ayuntamientos, por su lado, tampoco han hecho mucho más que levantar la mano con sus propias normativas en lugar de ajustarlas, repensarlas y adecuarlas. Ora por pereza, ora por perversidad, han postergado una solución a la ley para poder usarla cuando fuese necesario.

Hay quien ve en esta manera de proceder oscuras relaciones y tratos de favor. Presumamos que no es así, y que sencillamente se trata de una incapacidad administrativa para ponerle el cascabel al gato: incluso en ese supuesto, es muy complicado entender que de pronto se invadan barrios o se tomen las calles con la anuencia municipal y, al día siguiente, una guitarra acústica desenchufada suponga un atentado intolerable a la convivencia.

Nadie dice que sea fácil complacer a todo el mundo, dar con una solución: de hecho, es una misión imposible si no hay voluntad de ceder. Está sobradamente demostrado que, tras estos años de dique seco, el sector musical y hostelero está dispuesto a hacer ese esfuerzo, pero por el lado institucional siguen escatimando las respuestas. Siempre bajo el argumento de la contaminación y la convivencia, cuando estamos expuestos, por otras vías, a toda suerte de poluciones que afectan a los cinco sentidos. Muy especialmente al oído: el sonido y el ruido (la televisión a todo volumen, los gritos, el tráfico) siguen sin ser un fenómeno estudiado y regulado en todas sus formas, y no solo en lo tocante a la música. ¿Por qué?