En funciones es la serie de artículos de opinión que, cada domingo desde noviembre de 2014, aparecen en la sección de Cultura de la edición impresa de El Comercio, y cada lunes siguiente, aquí.

Lo hemos visto ocurrir infinidad de veces. Es como un efecto mariposa ideológico: alguien dice —o piensa, o ambas cosas— algo y el aleteo de sus neuronas acaba por desencadenar aquello que se vende como desencuentro, pero que no tiene otro nombre más que censura; y censura, encima, de la peor clase: la ideológica.

Le ha ocurrido (y des-ocurrido) al artista estadounidense de origen israelí Matisyahu, cuya participación estaba anunciada para el festival Rototom, que se celebra este fin de semana en Castellón. La fecha se acercaba y empezaba a tomar cuerpo la presión ejercida por el grupo BDS (Boicot, desinversión y sanción a Israel) en la región. Muchas gestiones y cinco cancelaciones de otros artistas después, la organización del Rototom optó por supeditar la participación de Matisyahu a que este emitiese un comunicado condenando las acciones militares israelíes en Gaza y reconociendo el estado palestino. Matisyahu ni siquiera contestó. Fue descartado. A pocos días de empezar el festival, el Rototom se disculpó y dio marcha atrás. Al cierre de esta columna, estaba previsto que actuase en el festival, después de todo.

Lo ocurrido con Matisyahu no es nuevo —más bien frecuente en los últimos tiempos—, y precisamente en un reportaje publicado en The New Yorker esta misma semana le ponían nombre al fenómeno. Kelefa Sanneh, que firmaba la pieza, recogía el término propuesto por Kirsten Powers: quedaba bautizado como «metaintolerancia», un (peligroso) mecanismo lógico según el cual la intolerancia es aceptable cuando está dirigida contra alguna forma de intolerancia.

Es de lo más dañino porque, como relata Sanneh, se trata de un sistema de censura y condena pública que está al margen de las leyes, y que se sirve solo de la publicidad y de la acción (a veces del escarnio) para hacer valer un punto de vista determinado.
Aquí lo hemos visto en tiempos recientes: en octubre de 2013, Albert Pla dijo a ese periódico: «A mí siempre me ha dado asco ser español […]. Me gustaría que los catalanes fuéramos independientes y que en Gijón se estudiase el catalán por cojones.» A renglón seguido, el equipo de gobierno de Foro decidió rescindir el contrato de alquiler del Teatro Jovellanos (cuando Pla, encima, iba a taquilla, conque el consistorio ni siquiera se estaba jugando los dineros en la operación). Intolerancia contra el intolerante.
Pocos meses después, la Policía acabó cargando contra una manifestación convocada a las puertas del mismo teatro para boicotear a la compañía de danza israelí Sheketak. Y protestaban por el mero hecho de que los bailarines fuesen israelíes —o sea, intolerantes—, según reconoció al día siguiente de los altercados el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Francisco Santianes: «No tenemos nada en contra de ese grupo, ni sabemos qué pensamientos tiene», reconocía en este periódico el 26 de julio de 2014, antes de justificar el boicot.

En los tres casos, alguien se apropia de la razón, y lo hace sin basarse en ningún precepto recogido en nuestro ordenamiento jurídico, sino en aquellas convicciones que estiman correctas. Actúan en consecuencia, siempre dentro de la legalidad, pero bordeando la frontera de la censura y poniéndole algunos palos en la rueda a la libertad de expresión de los unos, de los otros y, sin saberlo, a la suya propia.

Entre tanto ruido, al final, fue el representante de Pla quien fue a dar el clavo con el diagnóstico más preciso: «Las gentes del teatro», dijo, «tienen derecho a desvariar». Y casi, casi, tienen el deber de hacerlo. Aunque no nos guste.