Tiene gracia que, justo en el cuarto centenario de Miguel de Cervantes, sea probable que no se falle el premio que lleva su nombre. Sería la primera vez en sus cuarenta años de historia que ocurre. Ni ese, ni el resto de Premios Nacionales: según el Ministerio de Hacienda, porque al de Cultura se le ha olvidado solicitar los fondos; según el de Cultura, porque esto nunca ha hecho falta y hay mala fe por parte de Montoro y sus secuaces.

En realidad, poco importa: nadie se va a enterar. Esta semana, también se ha publicado el último barómetro del CIS, que revelaba que a un 42% de españoles no le gusta leer. El 36 % no lo hace nunca o casi nunca. Así que ¿qué más dará que no se entreguen los premios a la Cultura más prestigiosos del país si nadie los va a consumir?

Ocurre con estas pequeñas rencillas —que han ido creciendo en intensidad a medida que crecía la incertidumbre en el seno del Gobierno en (eternas) funciones— que despojan a la Administración, al Estado y al Gobierno de cualquier clase de autoridad, ya mermada de por sí, en la cosa lectora y cultural. Es absolutamente imposible que se promueva el consumo de lo uno y de lo otro, que está por los suelos, si no es posible ofrecer una imagen monolítica, firme y autorizada sobre la relevancia que tienen los museos, teatros y librerías en nuestro día a día. Esa imagen nunca va a terminar de cuajar cuando el premio más importante de las letras españolas anda pendiente de un quítame allá ese burofax.

Por completar el panorama, a mediados de la última semana de septiembre nos llegaba otro titular no menos interesante: la mitad de los actores profesionales de España cobra menos de 3.000 euros al año por su trabajo; y solo un 8,17% vive de él —entendiendo por «vivir de él» cobrar 12.000 o más euros al año—. Estos, que tampoco son forzosamente la «gauche divine» que se deja ver por los sitios de moda de Madrid y Barcelona, viven sumidos en un vacío de atención tremendo, que es directamente proporcional a la que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el de Hacienda le dispensan a sus respectivos gremios y el asco que la Seguridad Social —de esto hace bien poco— les profesa a artistas jubilados o en vías de hacerlo.

Posiblemente no valga la pena siquiera preguntarse quién tiene la culpa. Cómo es posible que no uno, sino dos ministerios, con sus sedes, sus secretarías, sus boes y sus alarmas en el móvil hayan podido incurrir en semejante error. No pocos querrán achacar todo lo anterior a un Gobierno concreto o a un partido en particular, pero lo peor de todo es que la respuesta ni siquiera reside ahí: lo peor de todo es que, de momento, solo caben dos opciones posibles cuando hablamos de gestión y fomento de la cultura. Primera: recorte y orillamiento, porque no es algo ni importante, ni estratégico, ni crucial, aunque sí bastante decorativo. Segunda: ministerios solo para cultura, con profusión de altos cargos para llevar con mano firme el timón de las artes y alimentar el espíritu de toda una nación.

Ni la una ni la otra, que se acaban ensimismando ora en pequeñeces administrativas, ora en elevados debates sobre el devenir de la narrativa mundial, poseen la respuesta. Todo debería ser más tranquilo, más sencillo y por supuesto, más natural: que siquiera se siembre la duda sobre la posibilidad de que no haya Cervantes ya supone un daño irreparable.