A lo mejor el fichaje del actor Pepe Viyuela por parte de Íñigo Errejón, conocido este jueves, era lo suficientemente entretenido como para opacar que el Congreso de los Diputados ha puesto la primera piedra de un futurible Estatuto del Artista. Ese mismo día, aunque apenas haya trascendido, se aprobó la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Cultura que en el plazo de un año tendrá que elaborar lo que es una necesidad urgente, destinada a reparar la precarización del sector y a facilitar una tributación justa.

En realidad, Viyuela figura el último en la posible lista de cargos dirigentes del partido morado, que se dirimirá (o no) en el Congreso de Vistalegre el próximo fin de semana. Es decir, que su relevancia parlamentaria tiende a cero de momento; no así la mediática, que se antojó divertida y caricaturizable desde que se conoció la noticia.

Lo mismo ocurrió con Toni Cantó en su día y con Felisuco en tiempos más recientes pero, chanzas aparte, estas incorporaciones deberían ser muy buenas noticias. Es evidente que algo de cosmético hay en poner a caras conocidas en primera línea de fuego, pero también que, de ponernos a debatir sobre ciertos asuntos, las voces de profesionales del sector implicados son muy de agradecer.

No es que nadie vaya a aportar soluciones definitivas a ninguno de nuestros problemas; pero sí es un pequeño grano de arena que toda vez que se abra un debate de cualquier tipo unas pocas opiniones sean informadas y conocedoras de una realidad que a sus señorías, por lo demás, les resulta completamente ajena: se pueden escuchar demandas y dormitar durante las comparecencias de personajes destacados, se puede incluso —eso parece— plantearse una rebaja del IVA a la Cultura hasta colocarlo en límites razonables. Se puede flexibilizar la contribución a la Seguridad Social, optimizar el funcionamiento de Hacienda. Se pueden parchear tantos desmanes como se quiera, que a la larga no habrá huella si no se avanza en sistemas y procesos más complejos y peliagudos.

Es el caso de un Estatuto del Artista, que se aspira a que sirva tanto a figurantes de cine a los que se paga en bocadillos hasta productores de alto nivel. Algo así abre la puerta a un reconocimiento de la intermitencia de los oficios culturales que impida prácticas extrañas, a sistemas de formación complejos y completos, a redes y garantías que conlleven la profesionalización efectiva del espectáculo. No nos pongamos nerviosos aún, no echemos las campanas al vuelo: la aprobación de la creación de una subcomisión solo conlleva su posterior tramitación, luego formación, luego trabajo, luego debate y, cuando estemos pensando en las próximas elecciones generales, alguna medida concreta.

Este solo es un paso, recoleto y secreto, en las entrañas de la maquinaria parlamentaria y ministerial. Los efectos aún quedan lejos, pero al menos nos queda que se vaya rompiendo el hielo, que quienes hace diez años se contentaban con decir cuatro cosas en los Premios Goya y desdecirse más tarde —léase «la ceja»— se planteen actuaciones más consecuentes y contundentes.
Su opción no es la única; ni siquiera es la mejor. Pero sí indica una preocupación creciente por ponerle el cascabel al gato por medios propios. Viyuela acabará por salir escaldado, si es que no se ha quemado ya; y coincidiremos en que Cantó puede dar por finiquitada su carrera como actor tal y como se había desarrollado hasta incorporarse a UPyD. Que estos sacrificios sirvan, al menos, para que puedan aportar algo a los nuevos debates, que metan aire fresco, que el Estatuto —por favor, por favor— no quede en manos de oficinistas.