La corrupción extiende una sombra de sospecha sobre todo lo que toca. No es simplemente que los ciudadanos lleguen a la triste conclusión de que todo político es honrado sólo hasta que se le investiga a fondo. Todas las demás áreas del poder van viendo su credibilidad comprometida y la justicia no es una excepción. Aunque no creo que eso les importe mucho a nuestros políticos, porque una justicia independiente y eficaz podría dar con los huesos de muchos en la cárcel. Y, por más que, como un cómico señalaba hace poco, allí tengan televisión gratis y en los hospitales no, a nadie le apetece acabar entre rejas.

A pesar de ello, las recientes “insinuaciones” del Sr. Catalá de que el juez que dio un voto particular absolutorio en el caso de “La Manada” debería haber sido apartado por el Consejo General del Poder Judicial me han dejado atónito. Todos los españoles estamos legalmente obligados a denunciar cualquier delito del que tengamos constancia, pero esta denuncia debe hacerse ante las autoridades, no ante los medios de comunicación. Si el Sr. Ministro de Justicia (¡De Justicia, por Dios!) conocía alguna conducta irregular, debería haber puesto en marcha los mecanismos correspondientes y, si sólo eran comentarios de bar, debería haberse callado la boca e investigado. Responder a las protestas ciudadanas lavándose las manos y echando la culpa al CGPJ es peor que deshonesto, es un insulto a la inteligencia. ¿Quién puso ahí a miembros del órgano supremo de control de los jueces sino el PP y el PSOE?

Algo bueno ha conseguido el Sr. Catalá, sin embargo. Por primera vez en mucho tiempo las diferentes asociaciones de jueces, fiscales y abogados se han puesto de acuerdo, aunque sea para pedir su dimisión. No sé si el PP estará haciendo lo correcto para mantener la unidad de España en el caso de Cataluña, pero está haciendo una gran labor para unir a los españoles. Hace poco fueron los pensionistas, ahora son los juristas, si siguen así pronto seremos todos una piña.