La Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana de Psicología sostienen que no es ético que sus miembros diagnostiquen las posibles alteraciones psiquiátricas de figuras públicas desde la lejanía de los medios de comunicación y sin conocer directamente al supuesto paciente. Se basan en la “regla Goldwater”, que les prohíbe comentar diagnósticos de personajes públicos sin haberlos examinado (y, si lo han hecho, necesitan su permiso). Sin embargo, miembros de dichas sociedades han analizado el estatus mental del hombre más poderoso del mundo, Donald Trump.

No hace falta trasladarse al Nuevo Mundo para encontrar tele-diagnósticos. En medios españoles también se ha comentado sobre la salud mental de Carles Puigdemont, Nicolás Maduro, Boris Yeltsin o de Francisco Franco. Y se discuten a diario las supuestas alteraciones de artistas y famosos de todo tipo ¿Son aceptables los diagnósticos públicos de famosos? ¿se trata de cuestiones de interés general, o sencillamente de morbo?

 Esta polémica se despertó el 13 de febrero de 2017, cuando 33 profesionales de salud mental escribieron una carta a The New York Times señalando que “había demasiado en juego” para permanecer en silencio más tiempo acerca de la salud mental de Donald Trump. En la carta señalaban que el presidente de los Estados Unidos no tolera puntos de vista diferentes a los suyos y tiene una profunda incapacidad para empatizar, afirmando que “los individuos con estos rasgos distorsionan la realidad para adaptarla a su estado psicológico”. Finalizan la carta con una contundente frase: “Creemos que la grave inestabilidad emocional […] del Sr. Trump lo incapacita para servir de manera segura como presidente”. Muchos especialistas en salud mental han apoyado las tesis de esta carta y, por ejemplo, en el libro El peligroso caso de Donald Trump un total de 27 expertos evalúan al político en la misma línea.

El extravagante mandatario norteamericano se ha ganado una larga lista de diagnósticos del DSM-V: trastorno de personalidad narcisista, psicópata, ciclotímico, etcétera. Recientemente Scott O. Lilienfeld se preguntaba en su conocido blog del British Medical Journal si estaba justificado romper la regla Goldwater en el caso Trump: ¿cuándo, si es que alguna vez se diera el caso, deberían los psiquiatras y otros profesionales de salud mental comentar el estado psiquiátrico de figuras públicas, incluidos los políticos? ¿Y cuándo, si se hubiera producido ya el diagnóstico, sus comentarios sobre las dichas figuras públicas están fundamentados en una información rigurosa?

La regla Goldwater apareció en 1964, cuando el candidato republicano Barry Goldwater se enfrentó al demócrata Lyndon Johnson. Ralph Ginzburg, editor de la revista Fact, envió una encuesta a 12.356 psiquiatras preguntando por la salud mental de Goldwater. De los 2.417 que respondieron, 1.189 lo consideraron no apto para servir como presidente, adjudicándole calificativos (diagnósticos) como emocionalmente inestable, inmaduro o paranoico. Se llegó al extremo de señalar que padecía esquizofrenia o de compararlo con Hitler y Stalin. Aunque ganó la demanda que interpuso por difamación, Goldwater perdió las elecciones y actualmente solo es recordado por la regla ética que acuñó.

El Código de Ética y Deontología Médica de España no referencia de forma clara este tema, pero lo trata indirectamente en diversas partes de su articulado, por lo que hacer tele-diagnósticos sin el consentimiento del (supuesto) paciente, también atenta contra nuestras normas profesionales. Por ejemplo, en el Artículo 26.3 se especifica que “El ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa o internet, es contrario a las normas deontológicas. La actuación correcta implica ineludiblemente el contacto personal y directo entre el médico y el paciente”.

La regla Goldwater surgió hace 50 años, cuando los medios aportaban mucha menos información sobre las celebridades. Sin embargo, actualmente disponemos de cantidad de canales audiovisuales con entrevistas y artículos, a lo que se une el hecho de que los propios famosos muestran su personalidad en redes sociales como Facebook o Twitter, algo que Trump realiza a diario. Esto podría poner en duda la supuesta falta de información para establecer tele-diagnósticos; pero un buen psiquiatra siempre debe entrevistar a sus pacientes antes de emitir un juicio, como un cardiólogo ausculta a los suyos para que sus diagnósticos tengan un mínimo de rigor.

La siguiente cuestión es el respeto a la privacidad. Los datos de salud, incluidos los diagnósticos, son privados. Una figura pública puede revelarlos si lo desea, pero debemos respetar que no sea así, sobre todo los médicos. De lo contrario nos convertiremos en periodistas del corazón más que en profesionales de la salud. Y es evidente la enorme influencia que puede tener la opinión de los especialistas sobre las audiencias de los medios de comunicación. Que se lo digan, si no, a Barry Goldwater…

El tercer aspecto que nos podría hacer dudar de si podemos romper esta regla ética es la responsabilidad pública, no hacia el sujeto en cuestión, sino hacia los ciudadanos. Esto es lo que justificó la publicación de la carta en The New York Times (“había demasiado en juego”) y lo que llevó a que muchos psiquiatras se mojasen contra Barry Goldwater, porque si realmente pensaban que se trataba de un nuevo Hitler o Stalin, debían hacerlo saber al país. Este argumento puede tener mucho peso, pero para denunciar que alguien es una amenaza pública no es necesario recurrir al DSM-V. Es suficiente con analizar sus acciones y argumentos, algo que puede hacer perfectamente un comentarista político sin tener que recurrir a la psiquiatría. En los tele-diagnósticos muchas veces hay más morbo que interés general.

Aunque parece que podemos dar por buena la regla Goldwater, existe un caso en el que aceptamos su violación con toda naturalidad, y es cuando se trata de un sujeto atroz. No hay inconveniente en que se analice la salud mental de genocidas, asesinos y criminales despiadados. Es posible que no se les considere sujetos dignos del mismo respeto que los demás, porque sus actos les han hecho merecedores de otro tratamiento. Por ello se les restringen derechos básicos, empezando por la libertad; pero también la intimidad y en ocasiones hasta la vida. Esto justifica que aceptemos que especialistas y divulgadores hablen de la psicología de Saddam Hussein (caracterizado por el gobierno de los Estados Unidos como “el loco de Oriente Medio”); de la mente de los 19 terroristas de Al-Qaeda responsables del atentado en Madrid el 11 de septiembre de 2001 y de la de su carismático líder Osama bin Laden; de la psicopatía de José Bretón o de la esquizofrenia de la Dra. de Mingo. En estos trágicos casos el ser humano se enfrenta a sus propios límites.