Con bastante frecuencia los trabajadores utilizan los recursos informáticos de las empresas para su uso y beneficio personal, en muchos casos por puro lucro económico y muchas de las veces por pura venganza ante su compañía en casos de conflictos laborales o despidos.

El despacho de abogados Landwell y la consultora PricewaterhouseCoopers realizaron una investigación entre 393 casos reales sufridos por empresas españolas y realizados por empleados de sus plantillas.

Según esta investigación, las principales infracciones cometidas por los trabajadores y que han acarreado perjuicios para sus empresas han sido: en un 31% de los casos el intercambio no autorizado de copias en redes P2P; en un 22% de los casos la utilización de la propiedad intelectual de la empresa para la creación de sociedades paralelas; la utilización del correo electrónico corporativo para el envío de mensajes amenazantes, calumniosos o injuriosos.

Otras infracciones habituales, aunque menos frecuentes, han sido los daños informáticos voluntarios, tales como sabotajes o introducción intencionada de virus (sobre todo en casos de despidos o conflictos laborales), los accesos no autorizados, la revelación de secretos corporativos o la divulgación de obras de la empresa por Internet.

Estas conductas indebidas originan serios perjuicios a las empresas y han afectado especialmente a las firmas de desarrollo de software (el 55% de los casos estudiados) o a empresas del sector servicios (otro 28%).

Según el informe las empresas han preferido encargar la investigación de estos usos indebidos a equipos internos (76% de los casos) y únicamente el 22% encargó la investigación a servicios externos. Igualmente han preferido solucionar los conflictos en forma privada mediante acuerdos con los trabajadores y han decidido por divulgar las infracciones sólo dentro de la organización.

Lo mas significativo es sólo un 12% de los casos acabó en los tribunales. Probablemente la causa de tan bajo porcentaje haya estado en el riesgo a asumir una resolución incierta, dadas las dificultades procedimentales para aportar pruebas en juicio.