El Congreso ha aprobado algunas interesantes enmiendas en el Proyecto de Ley que va a modificar el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Una muy interesante es la que exime a los conductores de llevar la documentación en el vehículo para evitar engorros innecesarios, ya que si bien la obligación de los ciudadanos es tener todos los permisos exigidos por la Ley, en regla y vigentes, quien tiene que verificar esto es la Administración. Con esta enmienda se da un paso importante en el camino de la Administración Electrónica que no sólo está para facilitar el trabajo del Estado, si no el servicio del ciudadano. Así, si alguien se olvida el permiso o el carnet, no tiene que someterse al engorroso trámite de tener que demostrar que tiene sus documentos al día. Esto tendrá que hacerlo de oficio la Administración.

Otra de las enmiendas aprobadas es la de destinar todo lo recaudado por multas, a políticas de seguridad vial como supresión de puntos negros o sustitución de quitamiedos peligrosos. Hay otra muy interesante que es la de reducción del importe de la multa en un 50% si se paga antes de 15 días.

Las multas por exceso de velocidad en autovías, no llevarán aparejada la pérdida de puntos, siempre que no se superen los 150 km/h, aunque en el tramo de carretera en el que se cometa la infracción, el límite de velocidad sea inferior a 150 km/h.

Otra de las enmiendas establece la obligación de poner una pegatina similar a la de la ITV que acredite el pago del seguro, tal y como ya ocurre en otros países europeos. Esto otorga un plus de tranquilidad a los conductores que cumplen con su obligación, máxime en estos momentos de crisis en los que muchos vehículos circulan sin seguro.

También se ha aprobado una enmienda que elimina la obligación de las personas jurídicas, empresas y autónomos de contar con una dirección electrónica para que Tráfico pueda realizarles notificaciones telemáticas. Esto es así porque la dirección electrónica debe de ser una opción y no una obligación que lesiona derechos de los ciudadanos.

Estas enmiendas serán debatidas en los plenos del Congreso y del Senado, antes de su aprobación definitiva.