Ayer o anteayer, no recuerdo,en unas declaraciones en la Cadena Ser, el Ministro de Hacienda Sr. Montoro dijo que el gobierno iba a impulsar un cambio en la ley para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos (políticos o no) que incumplieran los presupuestos. Habló de un cambio en algo que anticipó va a llamarse Ley de Transparencia de Gobierno.

En mi opinión toda esta parafernalia legislativa no es necesaria,  por dos razones básicas:

Una razón es que en este momento tenemos un Código Penal, donde en su Título XIX referido a los delitos contra la Administración Pública ya se ocupa de los delitos de la “prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos”, de los delitos de “malversación” en los que el bien jurídico protegido son los intereses patrimoniales del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos y en general de cualquier otro ente público, tenga o no tenga autonomía administrativa.(En esta línea el Tribunal Supremo ha entendido que en este ámbito se está tutelando el correcto funcionamiento patrimonial de las administraciones, así como la confianza del público en el manejo honesto de los caudales públicos y de la propia fidelidad en el servicio de los funcionarios que disponen de ellos.), del “cohecho” propio o impropio y del “tráfico de influencias”.

Otra razón es que las Administraciones ya tienen unos funcionarios profesionales (Interventores, Abogados del Estado, Secretarios de Ayuntamiento, Tribunales de Cuentas, etc.etc.). El problema probablemente es que, en la gran parte de las ocasiones, los mecanismos de control y prevención no funcionan debido a que estos funcionarios están, o condicionados por los políticos, o en algunos casos nombrados por criterios político/partidistas y por esta causa no pueden hacen su labor de fiscalización y si esto es así, lo que habría que hacer es mejorar los procedimientos administrativos, para evitar que no se cumplan los controles presupuestarios y para conseguir que no se efectúe ningún gasto que previamente no haya sido controlado y aprobado legalmente.

Así que, no perdamos el tiempo en redactar tanta legislación, que en los últimos tiempos nos hemos pasado con tantas leyes, decretos, leyes, ordenes ministeriales, reglamentos, etc.etc. Las cosas son mas sencillas que todo esto. Por un lado, que los funcionarios profesionales encargados de la intervención y control, empiecen a realizar sus funciones de manera profesional y libre, sin estar condicionados por ningún criterio político/partidista. Por otro, si estos funcionarios encuentran desviaciones, que el Ministerio Fiscal, de oficio,    inicie los procedimientos penales que resulten necesarios.

Así de fácil y así de claro…. Otra cosa es demagogia barata.