En un proceso judicial que se siguió en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, se dictó una sentencia por la que se condenaba a un camello a tres años de prisión por un delito contra la salud pública concurriendo la atenuante de drogadicción. En esa sentencia la juez decía en sus pronunciamientos que el proceso “había sufrido un parón injustificado de un año desde que se incoó el procedimiento hasta que se produjo la apertura del juicio oral,por causa de la sobrecarga de trabajo que tenía el juzgado”. La Audiencia Provincial de Lugo, en segunda instancia, reconoció la atenuante de dorgadicción, pero no así la de dilaciones indebidas que solicitaba. Se precisó en esta segunda sentencia que “el cómputo total no excedió del periodo dilatado que, generalmente y de manera no deseable, se suelen prolongar las actuaciones en los Juzgados debido a la sobrecarga que sufren en su normal discurrir”.