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Guillermo Díaz Bermejo

A las pruebas me remito

EL ENGAÑO DE LAS TASAS JUDICIALES

Desde que empezó a aplicarse la famosa Ley 10/2012 de tasas judiciales, del Sr. Gallardón, hasta el 31 de Julio de 2014, el Estado recaudó 512.468.000€ en concepto de tasas judiciales. Tras su aprobación, dadas las fuertes presiones sociales que se estaban produciendo contra esta aberrante ley que apartaba a los ciudadanos de la justicia, el Gobierno trató de enmendar este despropósito, reconociendo que lo que se pretendía recaudar originariamente, resultaba excesivo. En una nota de prensa se dijo: “Se calcula que las medidas aprobadas tendrán una incidencia inferior al 5% respecto de los 306 millones de euros previstos en la memoria del proyecto de ley de tasas aprobado el pasado mes de noviembre, ya que se calculó fundamentalmente con la tasa fija y en la mayoría de los casos ésta no se ha visto modificada.”. Aun cuando se reconocía por tanto que esta ley era arbitraria y llena de afán recaudatorio, se llegó al resultado de recaudar cifras ostensiblemente superiores a las previstas tras la promulgación de la Ley.

Esa medida recaudatoria del Sr. Gallardón, no sólo no tiene justificación jurídica, ya que aparta a muchos ciudadanos del acceso a la justicia, sino que además, técnicamente, tampoco se trataría de una tasa real si analizamos nuestro sistema tributario que define las tasas como un tributo cuyo hecho imponible es la prestación de un servicio público solicitado por el ciudadano. Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio, teniendo en cuenta para ello la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas.  Es evidente que la recaudación por esa teórica tasa, en modo alguno iba a ser suficiente para pagar el servicio público de la Administración de Justicia. Ni tan siquiera llegaría a pagar la justicia gratuita. Sólo contribuiría a pagar una pequeña parte de ese coste global.

En cualquier caso, si hablamos de la tasa como ese tributo que a diferencia de un impuesto, tiene que ir destinado a contribuir al coste de un servicio público concreto, en modo alguno puede ir a ese saco común que son los presupuestos generales. De otra parte, la propia ley de tasas judiciales determina que “la tasa judicial se considerará vinculada….al sistema de justicia gratuita…”

El resultado final de todo esto es que, la Agencia Tributaria ha recaudado 512 millones de euros y ahora el Gobierno nos dice que no sabe dónde está ese dinero, aunque claro, como todo el mundo se imaginará, ese dinero entró en el saco común, pero no se llevó a la Administración de Justicia que es donde debería de estar.  Si se hubiera llevado, debería de haber sido entregado a las diferentes Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia. El Gobierno, contestando a una interpelación parlamentaria que pedía explicaciones sobre el destino de las tasas, dijo:El Ministerio de Justicia no dispone de información al respecto. Tampoco corresponde a la Agencia Tributaria de la Administración del Estado la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa.» «Así las cosas, no existe obligación presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa.»

Queda demostrado por tanto que el Gobierno nos ha engañado vilmente, ya que esa tasa judicial, que según la ley iba destinada al ejercicio de la potestad jurisdiccional y que además quedaba vinculado a la justicia gratuita, no ha sido dirigida allí. Nadie sabe dónde está, claro, excepto la Agencia Tributaria que si lo ha ingresado en el saco común de los presupuestos estatales. Además de un engaño, es un ataque al justiciable al que se le priva de la posibilidad de obtener una tutela judicial efectiva. Y sobre todo se priva al ciudadano con menos recursos ya que los ciudadanos más acomodados si pueden acceder. Como alguien ha escrito: “la tasa judicial otorga poder a cambio de dinero”. Si soy rico obtengo tutela judicial, pero si soy pobre, no.

Concluyendo, una vez más este gobierno, además de haber obstaculizado el acceso a la tutela judicial,  nos ha engañado. En vez de aplicar lo que se preveía en la ley y destinar las tasas recaudadas a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, transfiriendo los fondos a las comunidades Autónomas para que mejoraran los medios materiales de los juzgados, lo ha destinado a otros fines, con lo que ha conseguido dos objetivos. Uno tapar agujeros en otros lugares. Otro mantener una justicia debilitada para que no pueda perseguir de modo eficaz a toda esa corrupción que impera en nuestro país.

“El gobernante que contribuye a que la justicia sea inaccesible, el recaudador que irrumpe en el hogar esgrimiendo una tasa judicial, es un encubridor de todo crimen: todo villano puede saludarle como a un hermano y todo malhechor puede enorgullecerse de él como de un cómplice.” (Jeremías Bentham).

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Sobre el autor

El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.


febrero 2015
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