Los escándalos de corrupción política siguen aflorando en España a una velocidad de vértigo. El año pasado, los Tribunales tenían abiertas 1.700 causas con más de 500 imputados o investigados, pero, pese a esas escandalosas cifras, han sido muy pocos los políticos que han entrado en prisión provisional y menos aun los que han sido condenados por sentencia firme.

Ahora, en este momento en que los dirigentes de nuestros partidos políticos están ocupados en negociaciones para formar gobierno y en verter manifestaciones públicas de todo tipo, es raro el día en que no amanecemos con la noticia de nuevas operaciones policiales que sacuden la opinión pública española, pero que parece afectan muy poco a los dirigentes de esos partidos que se ocupan sólo de ver cómo pueden alcanzar el poder enarbolando eso del “y tu más”, pero que se olvidan de poner en sus mesas de negociación,  como primera providencia, la lucha y erradicación de la corrupción, que ya se ha transformado en algo sistémico dentro de las estructuras de los partidos.

El último informe de Transparencia Internacional ya colocaba a España en los puestos de cabeza de la corrupción política, al tiempo que se recogía que el 71% de los ciudadanos considera que “no sirve de nada” denunciar la corrupción. El diario The NewYork Times llegó a decir, a modo de vaticinio, que en España, en materia de corrupción, “aún está mucho por venir”.

La decepción ciudadana es generalizada y la sensación de impunidad está presente, máxime cuando se ve cómo pequeños delincuentes, que roban cuatro gallinas o cuatro productos en un supermercado, son detenidos, puestos a disposición judicial, juzgados en poco tiempo, condenados e ingresados en prisión. Por el contrario, pasan meses y años, los procesos judiciales se alargan en el tiempo y los políticos corruptos, imputados o investigados, están tranquilamente en sus casas, o se van de vacaciones como si aquí no pasara nada.

Las razones por las que esto ocurre, a mi juicio, son meridianamente claras. De un lado, tenemos un sistema judicial debilitado por las clases políticas, que no cuenta con los medios personales y materiales necesarios para perseguir la delincuencia organizada. Por otro lado tenemos un Ministerio Fiscal y un Consejo General del Poder Judicial claramente politizados.

Esta carencia de medios suficientes y necesarios para la persecución de estos delitos, hace que la instrucción de los procedimientos dure años y esas grandes demoras son las que provocan graves problemas para afrontar la lucha contra la corrupción y sobre todo para rescatar y devolver a la sociedad todos los capitales defraudados. Por esas mismas razones, las medidas cautelares que los Tribunales pretenden aplicar, casi nunca alcanzan su objetivo.

Hoy, los políticos defraudadores, tienen a su alcance la ingeniería financiera más sofisticada y esto les permite ocultar el dinero en cualquier paraíso fiscal situado en cualquier lugar del mundo. Las posibilidades de esconder sus botines son enormes y los instrumentos que utilizan les proporcional una opacidad cada vez mayor. Valiéndose de sociedades instrumentales o empresas pantalla, consiguen hacer que desaparezca la vinculación de esos dineros con el político en cuestión. Salvo que existan chivatazos o denuncias de personas desde dentro de su organización, es muy difícil seguir la pista del botín defraudado, ya que el enmarañado bosque financiero hace muy difícil rastrear y averiguar a nombre de quien están las cuentas donde están depositados esos dineros. Es necesario encontrar un hilo donde tirar.

Y, además, para añadir otras complejidades, los instructores de los procedimientos penales se encuentran con grandes trabas burocráticas que dificultan aún más la investigación. Así, por ejemplo los Jueces tienen que recurrir a las “comisiones rogatorias” que han de enviar a otros países para que proporcionen informaciones que son necesarias para la investigación y en muchos casos, las respuestas son bastante ambiguas. Por ejemplo, el Juez instructor pregunta si la cuenta corriente nº X es del titular Sr. Y. Recibe respuesta diciendo si lo es o no, pero en cambio no informan si hay otras cuentas a su nombre. En otros casos, algunos paraísos fiscales –Ej. Islas Caimán- son totalmente opacos y no dan respuesta.

Ante esta complicada situación para poder perseguir a los corruptos, las conclusiones son muy claras: Se necesitan urgentes reformas.  Se necesita regular mejor las medidas cautelares de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal que sólo contempla las fianzas y los embargos y habría de añadirse el inmediato decomiso de todos los dineros o beneficios obtenidos por el corrupto. Se necesita implantar la obligación de que el imputado exhiba su patrimonio, llamada comúnmente “levantamiento del velo” para evitar el periculum in mora o existencia de una situación de riesgo o peligro de que el imputado se sustraiga al proceso o a la ejecución de la condena para devolver todo lo sustraído. Entre tanto no se pueda resolver el problema de la lentitud de los procesos, por la carencia de medios y la sobresaturación que existe en los juzgados, la libertad bajo fianza se hace prácticamente necesaria, pero, eso sí, una vez que se haya levantado el velo.

Y lo más importante, dado que en este momento los políticos están en negociaciones para alcanzar la gobernabilidad, si realmente tienen sentido de estado, dada la que está cayendo, lo que deberían de hacer como medida de negociación prioritaria, es pactar la total despolitización de la justicia y la inmediata dotación de medios personales y materiales a los Juzgados instructores, ya que este es el único método para que la justicia sea rápida y con ello la posibilidad de que lo robado de devolviera al erario público, sería mayor. Igualmente, en esas mesas de negociación, debería de situarse la potenciación de los mecanismos de control interno y la independencia de los funcionarios que fiscalizan las cuentas públicas para vigilar a los defraudadores desde dentro.